Los avisos de la amenaza terrorista de origen islamista

La comisión de investigación del 11-M intentará conocer, entre otras cuestiones, si hubo imprevisión política en el combate contra el terrorismo de origen islamista antes de los atentados en los trenes de Madrid.

Los diputados pretenden analizar los informes elaborados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Centro Nacional de Inteligencia para saber si se podía haber hecho más y mejor en la lucha contra el terrorismo internacional.

El Gobierno deberá responder si desclasifica los informes del CNI solicitados por el Congreso de los Diputados. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero tan sólo puso la seguridad del Estado como límite para entregar los documentos que solicitan los diputados. Algunos de los informes que se solicitan ya alertaron sobre la amenaza terrorista. Lo que sigue resume el contenido de esos informes que ahora pretenden analizar en profundidad los diputados que forman parte de la comisión de investigación del 11-M.

Desde 1999 la Comisaría General de Información de la policía reflejó en diversos estudios que España estaba sirviendo como refugio y apoyo logístico a activistas de numerosos grupos radicales islamistas.

Las primeras evidencias de aquellas alertas saltaron en junio de 2001, cuando la policía detuvo en Alicante al argelino Mohamed Bensakhria, lugarteniente de Osama Bin Laden y miembro del comando Meliani, un grupo desarticulado en Alemania que pretendía atentar contra el Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Después del atentado del 11 de septiembre, los servicios de información españoles conocieron que el egipcio Mohamed Atta, jefe del comando terrorista del 11-S, y el yemení Ramzi Binalshibh, coordinador de los atentados, se habían reunido en Tarragona entre el 8 y 19 de julio de 2001 para acordar los últimos detalles del ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono, que provocó más de 3.000 muertos.

El 13 de noviembre de 2001, la policía española logró desarticular la célula de Al Qaeda que investigaba desde 1995 por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Imad Eddin Barakat, Abu Dahdah, de 39 años, su presunto dirigente, casado con una española, mantenía estrechos vínculos con los miembros de la célula de Hamburgo que ejecutaron el 11-S.

Días antes del 11-S, la policía grabó una conversación de Barakat con un tal Shakur que le anunció que "habían entrado en el campo de la aviación" y que tenían un objetivo. A medida que avanzó la investigación se descubrieron más relaciones entre los detenidos en España y los autores del atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

A la intervención policial de 2001 siguieron las de 2002 y 2003 contra diversas células de Al Qaeda, en su mayoría presuntos miembros del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), una escisión del GIA argelino.

Durante una reunión de Europol celebrada el 4 de junio de 2002 en Bruselas, los responsables policiales emitieron un informe confidencial: "La principal pregunta no es si habrá otro ataque, sino quién lo hará, cuándo, cómo y contra qué objetivo". Los expertos señalaron que el riesgo a los países de la UE había descendido "por la fuerte reacción" tras los ataques del 11-S, "las operaciones policiales desarrolladas en Europa, el bloqueo de cuentas corrientes sospechosas de financiar a Al Qaeda, la liberación de Afganistán y desaparición de los campos de entrenamiento terrorista, y la muerte y captura de algunos militantes".

"No obstante, la amenaza todavía es alta en la Unión Europa". El mayor nivel de riesgo apuntaba al Reino Unido. En el capítulo referente a España se destacó que tras la detención de la célula de Barakat, en noviembre de 2001, "el nivel de amenaza ha descendido considerablemente". "De todas formas, hay otras investigaciones abiertas para detectar la existencia en nuestro país de nuevos grupos de Al Qaeda. Los viajes de Mohamed Atta y de Ramzi Binalshibh (...) están siendo investigados. Estamos todavía alerta ante cualquier clase de respuesta terrorista de organizaciones vinculadas a Osama Bin Laden", señalaba el documento, aprobado por los ministros del Interior de los Quince. Ese informe señalaba que las actividades desarrolladas por los grupos radicales islamistas en España se centraban en "la infraestructura, reclutamiento, apoyo logístico y financiación, y en el uso de España como país de tránsito para los activistas que viajan desde el norte de África hacia otros países o viceversa".

El 25 de junio de 2002 la subdirección de operaciones de la Guardia Civil envió una nota a todas las unidades del cuerpo para informar de la posibilidad de un atentado terrorista por parte de un grupo islamista: "Noticias sin confirmar alertan sobre la posibilidad de un atentado terrorista de la organización Al Qaeda en territorio nacional. En consecuencia, disponga que se intensifiquen las medidas de protección, en especial de objetivos relacionados con intereses de EE UU e Israel (embajadas, consulados, bases militares, empresas multinacionales, etc.)".

La Unidad Central de Información Exterior de la policía, especializada en terrorismo islamista, remitió un informe confidencial a los servicios de inteligencia de Europa y Estados Unidos en el que se aseguraba que Al Qaeda preparaba una acción terrorista "espectacular" en fechas próximas al primer aniversario del 11-S. La fuente, según uno de los responsables de esta unidad, era una persona próxima a Osama Bin Laden. La información se obtuvo en agosto de 2002.

El 16 de mayo de 2003, 14 terroristas suicidas, radicales islamistas, perpetraron varios atentados en Casablanca (Marruecos) en los que murieron 45 personas. Uno de sus objetivos fue la Casa de España, en la que murieron cuatro ciudadanos españoles.

Un mes más tarde la Unidad Central Especial de la Guardia Civil, dedicada a combatir el terrorismo islamista, elaboró un informe en el que anunció "la dimensión grave" de una amenaza de atentado en España. El documento analizaba el atentado de Casablanca y señalaba que la proximidad geográfica del ataque terrorista afectaba "claramente" a España. El hecho de que se atentara contra la Casa de España y la numerosa población de inmigrantes marroquíes en suelo español apoyaban esta evaluación de amenaza. "Consideramos que la valoración de la amenaza era importante y que podíamos vivir aquí una situación operativa parecida a la de Casablanca".

Pese a la existencia de informes similares redactados por la Comisaría General de Información de la policía, la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, negó que el atentado contra la Casa de España fuera un ataque contra intereses españoles.

Los expertos de Europol elaboraron un informe el 22 de diciembre de 2003 en el que señalaron que la guerra de Irak se había convertido "en un riesgo adicional para España" por su apoyo incondicional a la intervención militar.

En septiembre de 2003 fue detenido Tayseer Alouny, el corresponsal de la cadena Al Yazira, por su presunta vinculación con Al Qaeda. "Habrá consecuencias para España, habrá manifestaciones en el mundo árabe y llamamientos para boicotear el turismo y los productos españoles", declaró el corresponsal de Al Yazira en Madrid. Alouny estaba siendo investigado por el juez Garzón desde 1995. Fue el único periodista occidental al que los talibanes permitieron seguir en Kabul (Afganistán) durante la guerra.

En septiembre de 2003, el juez Baltasar Garzón procesó a Imad Eddin Barakat y a otras 35 personas, entre ellas a Osama Bin Laden, para el que decretó una orden de búsqueda y captura. El magistrado acusó a varios de los procesados de cooperar en la preparación del 11-S y añadió: "La acción del terrorismo de Al Qaeda incluye a todo occidente y, por tanto, a España".

El 19 de octubre de 2003 Osama Bin Laden amenazó a España en un vídeo distribuido por la cadena Al Yazira: "Nos reservamos el derecho de responder, en el momento y lugar oportunos, contra todos los países que participan en esta guerra injusta, en particular Gran Bretaña, España, Australia, Polonia, Japón e Italia". Era la primera vez que el dirigente de Al Qaeda citaba a España como uno de sus objetivos.

En noviembre de 2003 varios comandos de Al Qaeda volvieron a actuar. Dos sinagogas de Estambul (Turquía), el consulado británico y la sede del banco británico HSBC fueron atacados con coches bomba que dejaron más de 50 muertos.

A raíz de aquel suceso, la Unidad Central Especial de la Guardia Civil redactó otro informe sobre el riesgo para España. "No había ningún elemento nuevo para decir que la amenaza había cambiado", asegura uno de sus autores. Los oficiales de este servicio hicieron posteriormente nuevos informes, aunque reconocen que nunca advirtieron de que el ataque fuera inminente.

Admiten que carecían de datos concretos sobre el objetivo, la fecha o la identidad de los posibles autores. Tras los atentados de Estambul, la Comisaría General de Información de la policía redactó informes genéricos sobre la posibilidad de un atentado de Al Qaeda en España.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) elaboró en 2003 varios informes en los que vinculaba el protagonismo de España en la guerra de Irak con el aumento del riesgo de atentados por parte de grupos integristas islámicos.

- 27 de octubre de 2003. En esta nota se advertía de que había que tomar "en serio" las amenazas contra España vertidas por el máximo líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. El CNI hacía en ese informe una "evaluación de la amenaza" que suponía para la seguridad nacional el terrorismo islamista.

Los expertos del centro de inteligencia llegaron a la conclusión de que la amenaza debía tomarse en serio, incluso si posteriores análisis demostrasen que la voz de la cinta difundida por la cadena qatarí no correspondía a Bin Laden.

La razón era que el llamamiento del líder de Al Qaeda se consideraba auténtico entre los radicales islamistas y cualquiera podía ejecutar su dictado aunque no recibiera una orden expresa, lo que no resulta necesario en la nebulosa de grupos, sin estructura jerárquica, que utilizan la marca terrorista islamista.

El servicio secreto constató la existencia de una creciente hostilidad hacia España en la opinión pública árabe. El informe del 27 de octubre aludía a la celebración en Madrid de la Cumbre de Donantes para la Reconstrucción de Irak, los días 23 y 24 de ese mismo mes, como otro acontecimiento que había colocado a España en el primer plano. Y mencionaba la detención, el 5 de septiembre en Granada, del corresponsal de Al Yazira Tayseer Alouny, que entrevistó a Bin Laden durante la guerra de Afganistán, y cuyo encarcelamiento en España por orden del juez Baltasar Garzón tuvo un amplio eco en los medios de comunicación árabes.

El informe del CNI subrayaba la presencia en España de varios grupos de radicales islamistas que podían actuar como "células durmientes" y activarse en cualquier momento para cometer atentados terroristas.

La investigación de la matanza del 11-M en Madrid confirmaría medio año más tarde uno de los aspectos más sorprendentes que incluía la nota elaborada por el servicio de inteligencia español: la conexión entre radicales islamistas y elementos vinculados a la delincuencia común. El informe del CNI también constataba que las bombas del 16 de mayo de 2003 en Casablanca (Marruecos) no sólo habían tenido entre sus objetivos la Casa de España, sino que la posterior represión de la policía marroquí había provocado una fuga hacia territorio español, en busca de refugio, de individuos relacionados con el integrismo islamista, lo que constituía un riesgo adicional.

El CNI siguió los pasos de algunos de ellos, especialmente en Ceuta y Melilla, donde tenía mayor experiencia y facilidad de penetración el servicio secreto español. Todos estos elementos llevaron al CNI a concluir en su informe que existía un riesgo serio de atentado islamista en un plazo de tiempo no muy largo.

Aunque entre los objetivos probables de los terroristas el CNI apuntaba a las tropas españolas en Irak o intereses españoles en países árabes, no descartaba atentados en territorio español. El documento mostraba especial preocupación por la seguridad de las aeronaves de Estado, quizá porque se redactó pocos días después del viaje que, entre el 19 y el 23 de octubre, realizaron los Reyes a Siria y varios emiratos del golfo Pérsico.

A pesar de que el centro de inteligencia, como demuestran esas informaciones que elaboró, era consciente de la amenaza creciente que el terrorismo islamista suponía para España, sus expertos no la reconocieron cuando se materializó el 11 de marzo de 2004 en Madrid.

La nota informativa del CNI fechada a las 15.51 de aquel día, que el Gobierno en funciones del PP desclasificó el 18 de marzo, daba por "casi segura" la autoría de ETA en los ataques contra los trenes de cercanías.

La nota desclasificada por el Gobierno y redactada por el CNI el jueves 11 de marzo señalaba: "Se considera casi seguro que la organización terrorista ETA es la autora de estos atentados".

Entre otras circunstancias que avalaban esta afirmación, el CNI citaba que ETA "tenía intención de hacerse presente en la campaña electoral por medio de la realización de atentados terroristas en Madrid para demostrar su capacidad operativa y por el impacto mediático y propagandístico que consiguen" y el hecho de que "el procedimiento" utilizado por los terroristas era "el que ETA ha empleado en buena parte de las acciones que ha realizado o intentado en los últimos años". El CNI recordaba en este sentido "la intención de ETA de volar el tren Madrid-Irún las pasadas Navidades mediante maletas bomba".

Este reportaje ha sido elaborado con informaciones de Miguel González y José María Irujo.