El nuevo Gobierno iraquí quiere imponer la ley marcial en las zonas más rebeldes

En una carrera de fondo para reafirmar su independencia de EE UU, el primer ministro iraquí designado, Ayad Alaui, anunció ayer la reestructuración de las fuerzas de seguridad. El objetivo de esta medida, que pone a todos los responsables militares y policiales iraquíes bajo su control directo, es "luchar contra el terrorismo". Así calificó Alaui la violencia política que sigue sacudiendo Irak 14 meses después de la ocupación norteamericana y a 10 días de que Washington transfiera la soberanía al Gobierno de transición del que forma parte.

"El Ejército iraquí me rendirá cuentas a través del jefe del Estado Mayor y del Ministerio de la Defensa; la policía y el resto de las fuerzas de seguridad, a través del Ministerio del Interior y el resto de los departamentos competentes", anunció Alaui durante una conferencia de prensa convocada apenas con una hora de antelación. Los recientes ataques contra miembros del Gobierno, el último el sábado contra el ministro de Sanidad, han obligado a extremar las precauciones y todas las actividades se realizan con las mayores medidas de protección.

El primer ministro también hizo pública la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que ya había sido dado a conocer en la carta que envió al secretario general de la ONU pidiendo el mantenimiento de una fuerza militar multinacional en Irak. De hecho, el diario Al Sabah, periódico que financia la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA), filtró el día anterior que ese Consejo estaba ultimando un borrador de ley de emergencia. De acuerdo con la noticia, "la nueva legislación concede poderes excepcionales al primer ministro, aunque provisionales y limitadas al periodo de crisis que los motiva".

Alaui confirmó ayer su intención de declarar el estado de emergencia "en algunas zonas donde la insurgencia es fuerte", aunque no quiso especificar a cuáles se refería. Esos planes han suscitado la preocupación de medios diplomáticos occidentales en Bagdad. "La ley respeta los derechos y libertades contemplados en la Ley Administrativa Transitoria

[Constitución provisional hasta la celebración de elecciones directas]", se apresuraba a salir al paso Al Sabah. Sin embargo, hay algo que no encaja. Según el diario, la ley va a ser debatida por la Asamblea Nacional Transitoria, pero esta cámara no estará formada hasta agosto como muy pronto.

"Todo busca justificar una concentración de poder en manos del primer ministro, y de ahí a cancelar las elecciones por falta de seguridad, hay un paso", advierte, pesimista, un diplomático europeo. En su opinión, sólo se está poniendo una cara iraquí a lo que en realidad son decisiones estadounidenses. Medios políticos iraquíes no se muestran tan alarmados. "Está claro que la seguridad es una competencia del primer ministro y Alaui quiere hacer uso de ella, pero no llegará tan lejos como para cancelar las elecciones. Sistani no se lo consintió a los americanos y no va a consentirlo ahora", defiende un asesor de Adnán Pachachi, el hombre que renunció a ser presidente.

Otras fuentes señalan la dificultad de gestionar una ley de emergencia con los actuales medios. "¿Con qué va a imponerla?", se pregunta un observador; "para eso se necesita un Ejército, una policía; nosotros carecemos de ellos". Alaui no comparte esa opinión.

"Nuestras capacidades nos permitirán llevar a cabo las acciones necesarias contra las fuerzas del mal", aseguró el primer ministro en contra del sentir generalizado. La mayoría de los observadores políticos consideran que ni la policía ni la guardia civil, y mucho menos el embrión de Ejército, están preparados para afrontar la tarea sin el respaldo de las tropas de Estados Unidos.

Sin embargo, la mayoría de los iraquíes parece estar en sintonía con Alaui. Según una encuesta realizada el pasado mayo por la CPA, un 55% de los iraquíes se sentiría más seguro si las fuerzas norteamericanas salieran de Irak inmediatamente. Sólo un 10% de los ciudadanos confía en ellas, frente a un 28% que lo hacía el pasado enero. Su popularidad se ha reducido a medida que crecen los ataques diarios de la insurgencia.

Un total de 150.000 soldados extranjeros, 135.000 de ellos norteamericanos, van a permanecer en Irak después de que el próximo 30 de junio se ponga fin oficial a la ocupación. Consciente de esa realidad, Alaui, que en los últimos días se ha afanado por mostrar una gran actividad política y mediática que reafirme su independencia de los ocupantes, también pidió ayuda internacional en la tarea, sobre todo equipos.

"Hasta que nuestras fuerzas sean plenamente capaces, continuaremos necesitando el apoyo de nuestros amigos", admitió el primer ministro. "Confiamos en que nos llegue más apoyo internacional como respuesta a la resolución 1.546 del Consejo de Seguridad, también de países árabes e islámicos", añadió. Alaui también reconoció que no exigirá la custodia de Sadam Husein hasta que Irak no esté preparado para juzgarle, lo que a fin de cuentas requerirá que primero se reduzca la violencia.