EE UU entregará Sadam al nuevo Gabinete pero lo mantendrá vigilado por sus tropas

El pacto ya está sellado. En el tira y afloja sobre la custodia de Sadam Husein entre el Ejecutivo de transición iraquí que asumirá el Gobierno el próximo 1 de julio y las autoridades de ocupación, se ha alcanzado una solución salomónica. Según confirmaron ayer fuentes de la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA), el ex dictador iraquí y otros nueve altos cargos de su régimen serán confiados formalmente a Irak, pero permanecerán bajo vigilancia militar estadounidense. La entrega se llevará a cabo cuando el Gobierno iraquí lo solicite.

La fórmula ha sido negociada de forma que sirva de baza al Gobierno transitorio sin poner en peligro la seguridad de los detenidos. El pasado día 14, el primer ministro iraquí, Ayad Alaui, aseguró que el nuevo Ejecutivo se haría cargo de Sadam Husein, y del resto de los detenidos de alto valor, nada más asumir sus funciones al concluir el mes. Sin embargo, al día siguiente, el propio presidente norteamericano, George W. Bush, ponía dificultades a ese paso aduciendo "razones de seguridad". Desde entonces se buscaba una solución satisfactoria para ambos.

EE UU ha utilizado diversos argumentos para mantener a Sadam bajo su custodia. Inicialmente, el portavoz de la CPA, Dan Senor, aseguró que el ex presidente, en tanto que prisionero de guerra, no tenía por qué ser transferido a las autoridades iraquíes hasta que hubiera un "cese de hostilidades". Sin embargo, varias organizaciones de defensa de los derechos humanos han recordado que la Convención de Ginebra de 1949 sólo permite su detención durante conflictos internacionales, es decir, entre gobiernos. Como recordaba Human Rights Watch (HRW), "si se transfiere la soberanía, las hostilidades dejan de ser intergubernamentales".

Más tarde, el vicerresponsable de operaciones militares de la Coalición, el general Mark Kimmitt, sugirió que EE UU tenía "la autoridad y la responsabilidad de eliminar y detener cualquier amenaza inminente para la seguridad en Irak", incluso después de que se hubiera traspasado la soberanía. Sus declaraciones han sido también criticadas con el derecho humanitario internacional en la mano.

"La Administración de Bush no puede guardar el pastel y comérselo a la vez", ha declarado Kemmeth Roth, director ejecutivo de HRW. "Si se acaba la ocupación, también se acaba la autoridad de EE UU para detener a ciudadanos iraquíes contra los que no presente acusación formal". Para esa organización, que siempre ha defendido la necesidad de enjuiciar a los responsables iraquíes por crímenes de guerra y otras violaciones importantes del derecho internacional, la seguridad de los detenidos mencionada por Bush es una preocupación valida, pero no es motivo suficiente para mantenerles sin acusaciones ni juicio.

Nada Dumani, portavoz en Bagdad del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ha señalado la necesidad de que se presenten acusaciones formales contra todos los prisioneros de guerra o se les deje en libertad. "Sadam Husein puede ser acusado de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad... Entonces podrá ser juzgado y condenado", ha declarado a raíz de la polémica. "Si no es acusado, entonces la ley dice que al acabar la guerra, o la ocupación, debe quedar en libertad".

Todas las fuentes consultadas coinciden en que no es necesario que los detenidos sean enjuiciados de inmediato. Basta con que se presenten las acusaciones y que el juicio esté previsto dentro de un plazo de tiempo razonable.