El Gobierno mantendrá el agravamiento de penas para los hombres violentos

La ley orgánica integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres dejará fuera a las víctimas masculinas. También se mantendrá el agravamiento de las penas para los hombres que amenacen o coaccionen de forma leve a su mujer, según anunció ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. En cambio, el Gobierno eliminará de la futura norma la necesidad de probar que la violencia masculina obedece a un afán de discriminación o desigualdad. Las organizaciones de mujeres pidieron ayer a Caldera que la ley cree una "defensoría de la mujer" para controlar su eficacia.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que ayer se reunió con representantes de las organizaciones de mujeres para estudiar la futura norma, ratificó que el Gobierno aprobará el próximo día 25 el proyecto de ley orgánica integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres. Afirmó que se incorporarán "todas las sugerencias y aportaciones fundadas que no alteren la filosofía de la ley". Por tanto, será una norma dirigida exclusivamente a las mujeres maltratadas (discriminación positiva) y dejará fuera a los hombres en esa situación. Quedarán amparados por el Código Penal.

La exclusión masculina ha sido criticada por los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrados por el PP. Sin embargo, según el Gobierno está plenamente justificada porque el objetivo de la ley es corregir una situación de desigualdad. Nueve de cada diez denuncias de violencia doméstica son de mujeres.

También se mantendrá una tipificación distinta para las amenazas y coacciones leves, cuestionada por vocales conservadores y progresistas del Poder Judicial. Si las comete el hombre, serán delitos. Si son obra de la mujer, continuarán como faltas. Según Caldera, se trata de una "acción positiva para corregir una desigualdad". "Los tipos penales reforzados están plenamente justificados con la Constitución y los convenios internacionales", añadió. Puso como ejemplo de los ya existentes que un asesinato terrorista se castiga con una pena mayor que otro sin esa motivación.

Caldera valoró el informe del Consejo Económico y Social que respalda el anteproyecto y salió al paso la crítica más importante recogida en él, el "efecto colateral" de la exclusión de los hijos. El ministro aseguró que "es un criterio intolerable decir que los hijos quedan excluidos". Sin embargo, matizó que se reformulará este aspecto para que quede recogido de forma más clara en la norma.

Sin intención

Uno de los cambios que sufrirá la ley será el del artículo 1, que señala el objeto de la norma. Define así la violencia ejercida sobre la mujer: "la utilizada como instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres". Esa redacción obliga a tener que probar el ánimo discriminador del agresor, lo que dificultaría la aplicación de la ley. Así lo advirtió Montserrat Comas, vocal progresista del Poder Judicial que redactó un informe favorable a la ley contra el que votó la mayoría conservadora de la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ. Este organismo debe redactar un nuevo análisis, a cargo de un vocal conservador. El informe se aprobará la próxima semana.

Las asociaciones de mujeres pidieron ayer a Caldera que la privación del régimen de visitas o de la guarda y custodia para los maltratadores sea una pena accesoria, en lugar de quedar al arbitrio del juez, según detalló la abogada Consuelo Abril. También pidió que la ley cree, dentro del observatorio nacional contra la violencia, la "defensoría de la mujer", "un órgano colegiado para atender las quejas sobre el funcionamiento de la ley y de hacer propuestas vinculantes". Entre las modificaciones que ya ha admitido el Gobierno figura "reforzar la formación" de los profesores que impartirán los contenidos de igualdad, en línea con la solicitud del Consejo Escolar del Estado.