Los residuos de alta radiactividad: ¿hablamos de ellos?

Hablar hoy día de la gestión de estos residuos, fuera de los círculos conocedores de su problemática, es como mentar a la bicha. Se ha convertido en un asunto tabú para el planeta político; parece existir un pacto de silencio, para no abrir el debate. Es, cuando menos, llamativo que esto ocurra en una sociedad democrática, en la que los temas problemáticos se debaten para alcanzar una solución consensuada. Por esta vía, hemos conseguido, según una encuesta del CIS de hace un año, que el 80% de los españoles no sepan que en nuestro país existen nueve reactores nucleares en operación, que producen el 27% de la energía eléctrica que consumimos. Y, como es natural, tampoco sabrán que los residuos radiactivos se producen y están en las centrales nucleares, ni que desde 1985 contamos con una empresa, ENRESA, creada para resolver el problema.

Lo mejor es observar lo que hacen otros países e informar a los ciudadanos sin miedo

En España el volumen de desechos es muy pequeño y se guarda en emplazamientos seguros

La energía nuclear se plantea como una opción de transición para reducir los gases contaminantes

Objetivamente, definir qué hacer con esos residuos, debería debatirse con profundidad, para establecer el camino a seguir y decidir que medios financieros y humanos hay que dedicar, o no dedicar, a su resolución. Pues estamos gastando, que no dedicando, unos cien millones de euros cada año -17.000 millones de las antiguas pesetas- ¡se dice pronto! Para llevar adelante la gestión de los residuos de baja y media radiactividad, en las instalaciones de El Cabril, en la Sierra Norte de Córdoba y poco más, pues respecto a los residuos de alta radiactividad, o echamos algo de imaginación para hacer algo nuevo, o canalizamos los esfuerzos a otros asuntos prioritarios, distintos de los residuos radiactivos, mucho más importantes para la sociedad española.

Además, es un problema que, como energético, está muy relacionado con la eventual disminución de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), ya que, si diéramos a los ciudadanos una vía de solución, aunque fuera futura, a la gestión de los residuos de alta radiactividad, ayudaríamos a modificar la percepción negativa que tienen sobre la energía nuclear y, quizás, no fuera tan problemático utilizar esa energía como puente tecnológico, hasta contar con otras fuentes de energía con menores impactos ambientales, como son las renovables o la fusión termonuclear. Sobre todo pensando en la que se nos viene encima, cuando tengamos que empezar a pagar derechos de vertido de GEI para cumplir con los compromisos de Kioto, pues da la impresión de que la UE se lo va a tomar en serio.

Cuando se confía en el sentido común de las personas, además de hacer lo que debemos, suelen conseguirse beneficios asociados aunque, normalmente, no nos atrevemos a adelantar ese voto de confianza, lo que es un mal comienzo. Ejemplos de Gobiernos que han apostado por el buen sentido de sus ciudadanos, los tenemos en la Unión Europea: así, en Finlandia, el Gobierno ha aprobado, con el respaldo de una mayoría parlamentaria, la construcción de un nuevo grupo nuclear, para cubrir las necesidades crecientes de energía que demandan el país, sin aumentar el vertido de GEI. ¿Esto significa que los finlandeses han enloquecido al aceptar un nuevo reactor? No. Significa que sus gobernantes se han tomado en serio que su poder viene de los ciudadanos y, por ello, les han informado de algo trascendente para todos, antes de tomar una decisión difícil para cualquier Gobierno. Y esto ha sido posible, en parte, por haber resuelto la gestión de sus residuos radiactivos, con una política consensuada e informando a los ciudadanos, sin demagogias. En efecto, Finlandia ha conseguido definir un emplazamiento para el almacenamiento definitivo de sus residuos de alta radiactividad, mediante la solicitud de emplazamientos voluntarios, proceso ya utilizado en su día en Francia para continuar con la investigación geológica acordada en su ley de 1991, otro ejemplo de consenso.

Asimismo, en Suecia, el Gobierno ha realizado un enorme esfuerzo en los últimos 30 años, para informar a sus ciudadanos sobre las ventajas e inconvenientes de las diferentes formas de producir energía, consiguiendo que la opinión pública sea conocedora de los problemas asociados. Así, ha podido resolver la gestión de sus residuos radiactivos, también mediante el procedimiento de candidatos voluntarios.

En los dos casos, el método de gestión elegido es el del almacenamiento definitivo en formaciones geológicas profundas, procedimiento al que se han dedicado en el mundo, en los últimos 35 años, muchos recursos humanos y financieros. El problema asociado a este procedimiento de gestión está en que el periodo de tiempo que los residuos deben estar confinados es muy dilatado, pues no llegan a alcanzar la radiactividad del fondo natural, hasta después de transcurridos entre 100.000 y 1.000.000 de años. Este tiempo, no demasiado largo en términos geológicos, es excesivamente largo para que sea asumido por la mayoría de los ciudadanos, que usan como escala de medida la vida humana, mucho más corta. Es decir, estamos ante un procedimiento de gestión de residuos, con un alto grado de rechazo por la sociedad actual, que preferiría una alternativa que minimizara el tiempo en el que los residuos mantengan su radiactividad.

Otros países de la UE, como es el caso de Francia, dedica una parte de su enorme potencial investigador en estas tecnologías, al almacenamiento definitivo en formaciones geológicas y a la transmutación de actínidos, que se cita más adelante. Por su parte, Alemania decidió parar la energía nuclear en los próximos 32 años, tiempo suficiente para que existan alternativas adecuadas y así poder tomar una decisión fundada.

El procedimiento alternativo al almacenamiento definitivo en formaciones geológicas profundas, es el propuesto hace pocos años por el premio Nobel de Física, profesor Carlo Rubia, que consiste en la transmutación de los elementos radiactivos, contenidos en los residuos, transformándolos en otros isótopos, con periodos de semidesintegración menores o, incluso, en elementos no radiactivos. Este proceso se encuentra actualmente en fase de investigación y desarrollo tecnológico y dentro de unos cuantos años será una realidad industrial.

Mientras, ¿qué debería hacer un país pequeño, como España, con los residuos de alta radiactividad existentes en las centrales nucleares? Pues por el momento, dejarlos donde están, en sus emplazamientos actuales, hasta que se decida su destino final. No tenemos ninguna prisa, pues la realidad es que su volumen es muy pequeño y donde están, se encuentran en condiciones seguras y fiables.

Por todo ello, no deberíamos continuar consumiendo recursos humanos y financieros en proyectos que, quizás no vayamos a utilizar, pues no hemos decidido todavía lo que vamos a hacer en el futuro; deberíamos disminuir los gastos a los que nos obliga una organización, dimensionada para hacer mucho más de lo que le permite la situación de espera, en la que estamos sumergidos desde hace casi diez años y en la que nos mantendremos aún hasta el año 2010, por lo menos, de acuerdo con la decisión que tomó en el Senado, en 1998, una ponencia que trabajó para definir la estrategia a seguir en el asunto.

Hay un dicho inglés que dice: espera y observa. Hagámoslo, minimicemos los recursos financieros y humanos que dedicamos, para ahorrar a los españoles gastos superfluos, ya que todavía no sabemos lo que vamos a necesitar. Es decir, debemos conseguir el objetivo que comentábamos al principio: gastar sólo lo absolutamente necesario. Esperemos y observemos cómo resuelven el problema países como Francia, Alemania, Suecia, Estados Unidos, etcétera, y, a partir de sus resultados, hagamos nuestra apuesta, pero nunca de espaldas a los ciudadanos. La colaboración estrecha con los países de la UE, y otros, debe mantenerse y potenciarse, pero no siendo líderes de los proyectos, pues nuestra situación no lo aconseja.

Y, además, confiemos en el sentido común de los españoles e informémoslos sin miedo, como ya han hecho otros países de nuestro entorno pues, además, están en su derecho. La política de perfil subterráneo, evitando que los ciudadanos estén informados, se volverá en nuestra contra, pues impedirá tomar decisiones, cuando éstas sean necesarias. Además, desmotivará a los técnicos y trabajadores dedicados a la gestión de estos residuos que, con una formación y experiencia excelentes, dejarían de pensar que están haciendo algo que parece que hay que ocultar, nunca mejor dicho, a la opinión pública. La resolución de este problema, con la alta calidad que podrían hacerlo estos expertos, será un servicio público de gran trascendencia. Y si estamos convencidos de que eso es así, no tenemos nada que ocultar.