Un informe de EE UU justifica el uso de torturas en Irak y Afganistán

Hace algo más de un año, un equipo legal del Gobierno de EE UU elaboró un informe jurídico que justificaba el uso de torturas en los interrogatorios a presos de Irak y Afganistán. Los abogados establecieron que el presidente tenía potestad legal para permitir esas prácticas porque los prisioneros eran terroristas y, según esta lógica, interrogarles de manera violenta era actuar en defensa propia. El fiscal general, John Ashcroft, reconoció la existencia del informe pero aseguró que su Gobierno "rechaza las torturas".

El informe confidencial, cuya existencia ha revelado The Wall Street Journal, lleva fecha del 6 de marzo del año pasado. En la portada se aclara que es un borrador.

Los abogados que lo redactaron argumentan en el documento que el presidente de EE UU puede legalmente ordenar torturas a presuntos terroristas. El equipo legal formaba parte de un grupo de trabajo encargado de redactar una doctrina sobre comportamiento en los interrogatorios a prisioneros en la base de Guantánamo. Los métodos que finalmente se adoptaron un mes después son, según un portavoz del Pentágono, "legales, útiles y más restrictivos" que los reflejados en el documento.

El portavoz, Lawrence di Rita, aseguró que el informe era un simple análisis. En el documento se analizan los tratados internacionales sobre la tortura y el tratamiento de los prisioneros de guerra para llegar a la conclusión de que Bush tenía suficiente autoridad legal para permitir las torturas en los interrogatorios. Los abogados determinan que hay al menos tres justificaciones legales para ello. La primera es que Bush, como comandante en jefe, tiene una autoridad militar que permite el uso de torturas a detenidos como herramienta para la planificación de batallas; prohibir las torturas sería arrebatar a Bush una parte de "su autoridad constitucional inherente para dirigir la campaña militar", dice el texto.

La segunda razón se basa en el término "necesidad"; llega a la conclusión de que maltratar o asesinar a una persona para salvar dos vidas está perfectamente justificado. La tercera y última gira en torno al concepto de la "autodefensa" para establecer que interrogar de manera violenta a un prisionero que puede tener información sobre futuros ataques terroristas es como disparar a alguien que te está apuntando con un arma.

Las normas finalmente adoptadas por el Pentágono no se diferencian mucho de las técnicas psicológicas empleadas en las últimas décadas, aunque se añadieron otras, como el aislamiento de los prisioneros, la alteración de su dieta o la extensión de los interrogatorios durante más de 20 horas. En una comparecencia ante el comité judicial del Senado, el fiscal general Ashcroft prometió "investigar y perseguir a quienes violan la ley" y cometen torturas, aunque no desmintió la existencia del documento. "El presidente no ha ordenado ninguna conducta que viole la Constitución de EE UU ni las leyes aprobadas por el Congreso ni los diversos tratados internacionales", aseguró.