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Jesús Caldera.
Penas más duras para los agresores y mayor protección y ayudas para las maltratadas, para las que se consagran derechos como cobrar el paro si deben dejar su trabajo. Son algunos aspectos recogidos en el anteproyecto de ley contra la violencia doméstica, aprobado ayer por el Gobierno.
El anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres dedica un apartado al empleo con una doble perspectiva. Por un lado, favorece la inserción laboral de las víctimas que carezcan de trabajo retribuido.
Cuatro ministerios tendrán que velar por que la ley contra la violencia sobre las mujeres se cumpla: Justicia creará nuevos juzgados y prestará asesoramiento con un coste aproximado de algo más de 24 millones de euros; Interior destinará a policía y equipamiento más de 6,5 millones; Educación no tendrá coste añadido; y Trabajo y Asuntos Sociales compartirá los 14,6 millones de euros con las comunidades autónomas.
La secretaria de Igualdad de Oportunidades del PP, Sandra Moneo, consideró ayer que el anteproyecto de ley contra la violencia machista es "decepcionante" y tiene "lagunas importantes" en la protección física de las víctimas. Las asociaciones de mujeres, sin embargo, valoraron la nueva ley en cuyo texto final esperan participar.
"La mala gestión de los recursos naturales aumenta la marginación de los pobres" y degenera, "en muchos casos" en una "institucionalización de la corrupción". Con estas palabras prologa la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el informe publicado con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra hoy.
Más de 150 países acuerdan medidas para potenciar las fuentes eólica, hidráulica y solar
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