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Columna
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España-AL: la distancia exacta

Joaquín Estefanía

Hace hoy una semana se valoraba de forma negativa la bajísima presencia de jefes de Estado latinoamericanos en la boda de los príncipes de Asturias. Al tiempo, algunas de las principales multinacionales españolas con presencia en América Latina tenían problemas con las autoridades políticas de dos países de la talla de Argentina y Chile.

Nestor Kirchner acaba de cumplir su primer año como presidente. Coincidiendo con ello, se producían algunos movimientos en el terreno económico: Argentina instauró un impuesto del 20% a las exportaciones de gas natural, lo que afectará, sobre todo, a una empresa de matriz española, Repsol YPF (formada mediante la compra por Repsol de la privatizada YPF, la joya del antiguo sector público argentino, en el periodo de Carlos Ménem). Poco antes, el propio Kirchner había acusado a Repsol de extorsionar a su Gobierno y la responsabilizó, junto al resto de las empresas petroleras, de la crisis energética que sufre el país por falta de inversiones: las petroleras están "tapando pozos" para conseguir mejores tarifas. El presidente de Repsol, Alfonso Cortina, hubo de ir a Buenos Aires para taponar la crisis, pero la sede bonaerense de Repsol fue asaltada por un grupo de piqueteros.

Más o menos al tiempo de todo ello, Endesa, Gas Natural y Telefónica iniciaban un arbitraje internacional contra Argentina, a la que acusan de quebrantar de forma unilateral las concesiones adjudicadas en su día, y de posible ilegalidad en la congelación de tarifas de los servicios que gestionan estas empresas, tras la devaluación del peso argentino. Mal coyuntura, estimulada por los sentimientos nacionalistas frente a la presencia "conquistadora" de las multinacionales españolas.

Motivado en parte también por la crisis energética de la región -paradójicamente, esta crisis nace del mayor crecimiento económico: aumenta la demanda por encima de la oferta- la polémica se ha trasladado a Chile. Primero, un presidente tan acuánime como Ricardo Lagos acusó a Telefónica de "querer tomarle el pelo" en la negociación sobre las tarifas chilenas de telefonía fija. Y en el mismo momento en que Lagos volaba a España para entrevistarse con el Rey y el presidente Zapatero, su ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, hacía unas explosivas declaraciones que afectan a una parte del empresariado español: Chile no se dejará amedrentar en la defensa de su patrimonio; los empresarios españoles a quienes desagraden las medidas regulatorias "tienen las puertas abiertas" para irse. Respondía así a la demanda del gerente general de Endesa Chile, Héctor López, de "no argentinizar la regulación" y anunciar la suspensión de inversiones. El gerente general de Iberner, filial de Iberdrola (esta vez en coincidencia con su rival Endesa) , también cuestionó las medidas que castigan la rentabilidad de los negocios ya establecidos. El ministro Eyzaguirre no sólamente no rectificó sino que tras advertir a los empresarios que tenían la "puerta abierta", insistió: "Si usted está en su casa y uno de sus invitados comienza a tirar basura, usted galantemente le muestra la puerta y le dice que si quiere jugar con tierra, se vaya al jardín". La tensión hubo de zanjarse en Madrid, en una reunión del presidente Ricardo Lagos con los presidentes de las multinacionales españoles en América Latina, quienes ratificaron su intención de mantener las inversiones en Chile.

Es en momentos como éstos en los que se hace más perentoria la necesidad de que la política exterior española acompañe la política económica de sus empresarios. El complejo de superioridad de algunos empresarios españoles en América Latina -que perjudica al resto del sector- ha sido alimentado en el mismo sentido por la política exterior de la etapa Aznar. Eso es lo que ha pretendido empezar a corregir Rodríguez Zapatero en la Cumbre de Guadalajara. Una buena medida práctica sería la presencia de tropas españoles en la fuerza multinacional desplazada a Haití a partir de ahora. Para que se haga explícito otro tipo de relaciones.

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