Los dentistas ven "ilegal" prestar servicios de pago en ambulatorios

Los dentistas catalanes amenazan con desenterrar el hacha de guerra si el Departamento de Salud lleva adelante la idea de ofrcer servicios de odontología de pago en los centros de atención primaria (CAP) a precios más económicos. El presidente del Colegio de Odontólogos de Cataluña, Josep Lluís Navarro, mostró ayer su disconformidad con las ideas de la consejera de Salud, Marina Geli, y no dudó en decir que ve "indicios de ilegalidad" en la medida y que ésta comportaría "competencia desleal".

Las ideas expresadas la semana pasada por Marina Geli no generan entusiasmo alguno en el seno del Colegio de Odontólogos, que ya considera "excelentes" los índices de salud dental de los catalanes.

Las quejas del colegio llegan después que el pasado jueves Marina Geli confirmara que su departamento está estudiando la forma de dotar al mayor número posible de ambulatorios de un servicio de dentista de pago, pero a precios más económicos de los que se encuentran actualmente en el mercado. Marina Geli esperaba la reacción contraria del Colegio de Odontólogos, por lo que ya avanzó que su departamento no tenía ninguna intención de reventar precios y que se limitaría, simplemente, a aplicar los más bajos dentro de las tarifas oficiales.

Pero la idea sigue sin gustar a los responsables de la institución, que temen un trasvase masivo de pacientes de sus consultas privadas a los ambulatorios. Navarro aseguró ayer que existen "indicios de ilegalidad" en la iniciativa de Salud y que dispone de informes jurídicos "que avalan una posible ilegalidad del ejercicio privado en los centros públicos", ya que "puede vulnerar la Ley de Competencia Desleal, la Ley General de Publicidad y la Ley General de Defensa de los Consumidores".

A su entender, podría ser una ilegalidad "el hecho de utilizar una instalación pública para tareas privadas", algo previsto en la medida que se plantea introducir el Departamento de Salud, ya que los dentistas que ofrecieran prestaciones que actualmente no están incluidas en el catálogo pagarían un alquiler por su despacho.

Según Navarro, esta situación "generaría en los usuarios confusión entre clínica privada y servicios públicos". En opinión del tesorero del colegio, Alberto Pérez, el hecho de "abrir clínicas privadas en los ambulatorios públicos responde a las necesidades de financiación del sistema sanitario", algo "comparable a una medida de recaudación como el recargo de la gasolina".

Pero los responsables del colegio profesional llegaron más lejos y no dudaron en afirmar que si hay algún problema en su sector no es otro que "el exceso de oferta". Navarro aseguró que existen estudios que "han demostrado que un exceso de profesionales genera más enfermedades bacterianas" porque "se hacen más tratamientos de los que serían necesarios", añadió.

Actualmente ya hay ambulatorios que ofrecen el servicio de dentista de pago. Son algunos de los 73 centros de atención primaria gestionados por consorcios o cooperativas de médicos pero integrados en el sistema público de salud. En estos ambulatorios, sin embargo, las tarifas no suelen ser más baratas que en las consultas de los dentistas tradicionales, puesto que no han querido enfrentamientos con el Colegio de Odontólogos.

Otro colegio, el de podólogos, se mostró ayer partidario de que profesionales de este ámbito puedan trabajar en los ambulatorios como médicos privados. La entrada de los podólogos en los ambulatorios también forma parte de los planes de la consejera Marina Geli y según la presidenta del colegio, Virginia Novel, "significaría entrar en la sanidad pública, aunque por la puerta pequeña".