Dejarse la vida en el trabajo

Seis años después de la apertura de diligencias por la muerte de 12 operarios y más de 60 afectados graves por inhalar polvo de amianto durante su actividad laboral en la fábrica de Fibrocementos de Levante de Sant Vicent del Raspeig (Alicante), el caso todavía no está cerrado. El fiscal de delitos labores de Alicante, Miguel Gutiérrez, presentará esta semana la calificación provisional de los hechos. De esta forma, concluye la instrucción de un caso que colea desde marzo de 1998.

"Pensábamos que trabajábamos por dinero, no a cambio de salud", así se expresa uno de los afectados de 42 años por esta enfermedad profesional.

Desde finales de los noventa, más de medio centenar de trabajadores de la ya extinta factoría de Fibrocementos de Levante, en la vecina localidad alicantina de Sant Vicent del Raspeig, ha sido diagnosticado con el síndrome laboral de la asbestosis (afección pulmonar por aspiración de polvo de amianto). De éstos, una docena ya ha fallecido y otros tantos sufren la enfermedad en un estadio muy avanzado. Se trata de la afección laboral de mayor impacto mortal registrado en la provincia de Alicante, después del síndrome de Ardystil -intoxicación por inhalación de productos químicos- que, en 1992, costó la vida a cinco operarios y causó más de un centenar de afectados de distinta consideración, en industrias textiles de Alcoy, al norte de la provincia.

"Nuestro propósito consiste en que se depuren responsabilidades"

El amianto fue un silicato sobreutilizado en la década de los sesenta como material de la construcción. Los efectos nocivos descubiertos posteriormente motivaron su eliminación de las actuaciones urbanas. Pero muchos de los trabajadores que estuvieron expuestos a este mineral quedaron marcados de por vida. Actualmente, muchos han desarrollado fibrosis pulmonar, cáncer de pleura, de pulmón, de laringe, entre otras patologías, en gran medida de gravedad. Los síntomas más habituales son la fatiga y el cansancio.

Desde 1990, sólo en Alicante la asbestosis ha hecho aparición en más de 65 antiguos trabajadores de la factoría de Fibrocementos de Levante, del Grupo Uralita. En 1995, seis operarios impulsaron la Asociación de Enfermos por el Amianto en Alicante, abanderada de una ardua batalla judicial que todavía no ha cesado.

La aspiración de todos, singularmente de aquéllos que tienen la enfermedad muy avanzada, es comprobar que los que, por acción u omisión, posibiltaron el síndrome laboral serán castigados. "Queremos un juicio rápido, y no un juicio para viudas". Esta frase resume la principal reivindicación del colectivo de afectados.

Emilio Martínez, abogado de los seis operarios que inicialmente constituyeron la asociación [dos de ellos ya fallecidos], han denunciado sistemáticamente la lamentable dilación judicial, sobre todo porque muchos de ellos están graves. "La demora no beneficia ni a los imputados ni a los damnificados. Esto no es justicia", comentó en una entrevista con este periódico.

Francisco Martínez, presidente de la asociación y también damnificado, insiste en recalcar que están cansados pero no desanimados. Martínez, plenamente ocupado en los últimos años en esta ofensiva judicial con la industria, ha liderado otra incansable batalla en diversos órdenes de la Administración.

Desde la apertura de diligencias en marzo de 1998, la instrucción de este caso ha sufrido múltiples interrupciones. Unas inherentes a la propia aplicación de la Justicia: el primer juez instructor archivó el caso al no apreciar indicios de delitos y, posteriormente, reabrió la causa a instancias del ministerio público para delimitar la responsabilidad de los médicos de la empresa [la acusación sostiene que los facultativos ocultaron datos relativos al estado de salud de los trabajadores]. Otros motivos de la demora son extrajudiciales: el retraso endémico en la tramitación de asuntos que padece el Juzgado número 1 de Instrucción de Sant Vicent del Raspeig. El elevado índice de criminalidad de la zona sumado a la falta de medios y a la constante movilidad de los magistrados convierten a este partido judicial en uno de los más saturados de la provincia. Al menos, tres jueces han participado en la instrucción desde el inicio de las diligencias.

Pero casi después de seis años, los afectados ya vislumbran la posibilidad de hacer realidad su sueño: la celebración del juicio.

Miguel Gutiérrez, el representante del Ministerio Público encargado de Salud Laboral de Alicante y distinguido por su ferviente dedicación y dureza para combatir la siniestralidad durante en el trabajo en esta provincia, elevará esta semana al juzgado su calificación de los hechos.

Las personas imputadas, los delitos que se les atribuye y el contenido de las penas de cárcel se conocerán, previsiblemente, la semana próxima. Durante las diligencias preliminares, Gutiérrez citó como imputados a dos facultativos de la factoría y a dos directivos de la factoría.

"Nuestro propósito es que se depuren responsabilidades", coinciden en afirmar algunos afectados. La Asociación prevé que la empresa, representada por directivos, sea castigada por no facilitar las medidas de seguridad e higiene cuando desempeñaron su actividad. De la misma forma, los afectados persiguen que los facultativos que eludieron informarles sobre su estado de salud sean imputados por homicidio imprudente. Una vez remitida la calificación al juzgado, el titular dará parte a las acusaciones para señalar un juicio que mantiene en vilo a operarios enfermos por trabajar.