Ayudas bajo sospecha

El nuevo Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero se ha encontrado en sus primeros compases con dos patatas calientes de Bruselas: las ayudas estatales supuestamente irregulares para el grupo astillero Izar y el cuestionamiento de la subvenciones al sector del carbón. En uno y otro caso se ha mezclado la política nacional con un cruce de acusaciones entre socialistas y populares por el modo como se han conocido ambas decisiones. La Comisión Europea "no quiere entrar en ese tipo de polémicas", afirma uno de sus portavoces. La primera se conoció el pasado miércoles día 12. En realidad, se trata de una de las, al menos, tres investigaciones abiertas desde hace cuatro años por los servicios del comisario europeo de Competencia, al frente de la cual se encuentra el italiano Mario Monti.

Al paquete sancionador de 308,3 millones de euros más intereses, sobre Izar se cierne otro expediente aún no cerrado de unos 1.500 millones

El comisario Mario Monti se lamenta de no haber tenido la suficiente colaboración por parte de la anterior Administración española

La segunda se comunicó el 30 de marzo cuando el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, era todavía responsable en la Comisión Europea de la cartera de Asuntos Económicos y Monetarios, subrayan fuentes allegadas a Loyola de Palacio, vicepresidenta y comisaria de Energía y Transportes.

"Fue una decisión tomada por unanimidad", recalca su portavoz. De Palacio ha acusado de "partidismo" y "mala fe" a quienes la responsabilizan de haber retrasado el procedimiento para que se diera a conocer la apertura de una investigación cuando se había producido ya el cambio político en España, en una clara alusión al ministro de Industria, José Montilla.

"Lo sospechoso es que después de un año de conversaciones y de misivas y después de perder las elecciones, la señora De Palacio haga un requerimiento al ministerio dando un plazo muy reducido, teniendo en cuenta que parece ser que el ministerio y la Unión Europea llevaban todo un año negociando. Pienso que demuestran mal estilo en las formas de gobernar", declaraba Montilla a la cadena SER.

"El Colegio de Comisarios la adoptó por unanimidad y todos sabemos que para tomar esas decisiones hay que empezar los trámites internos con muchas semanas de antelación. Las polémicas que se oyen sobre el tema demuestran intereses particulares y personalmente lamento que en lugar de explicar las cosas a los ciudadanos se prefiera inventar historias", afirma De Palacio. Su portavoz niega que se haya dado un plazo menor que para otros casos e insiste en que "aún no se ha rechazado nada. Simplemente se ha solicitado a las autoridades españolas que aporten más detalles de su plan de reestructuración", que contemplan ayudas por un monto de 600 millones de euros.

El ejemplo alemán

Para añadir más pimienta a la polémica, una semana después de fallar contra España, la Comisión no ha puesto ninguna objeción al paquete de ayuda pública de algo más de 3.000 millones de euros para este año solicitado por Alemania para salvar su carbón. Dos tercios irán destinados a subvenciones a la producción y el resto a la reducción de la actividad y a cubrir costes excepcionales. "El plan alemán cumple con los objetivos, métodos y estrategia a diferencia del español", sostiene una fuente comunitaria. La finalización del tratado de la Comunidad Europea del Carbón y Acero (CECA) hace dos años obligó a Bruselas a formular una nueva estrategia sobre el carbón según la cual se mantendrán subvenciones hasta el año 2010, pero con un ritmo decreciente que se traduzca en una permanente disminución de la producción hasta lograr sólo un nivel mínimo de reservas.

El caso de los astilleros tiene todos los visos de ser un problema bastante más grave y en el que de algún modo queda salpicado el anterior Gobierno de José María Aznar, a juzgar por lo que le ha dicho el comisario Mario Monti a su ex colega Pedro Solbes.

El comisario de Competencia se ha lamentado de no haber tenido suficiente colaboración por parte española. "Izar es un asunto difícil, porque en el año 1997 se nos dieron las últimas ayudas posibles y desde entonces hasta 2000-2001 se han seguido dando ayudas de forma no comunicada y por lo tanto ilegales", afirma Solbes, quien esta misma semana ha confirmado la gravedad de la situación en el Congreso de los Diputados. Joaquín Almunia, su sucesor en la Comisión, sostiene que las reglas están para cumplirse, si bien ha solicitado a sus nuevos compañeros que faciliten al Gobierno español todos los instrumentos necesarios para poder digerir mejor el varapalo de la devolución de tales subvenciones.

No es la única crítica. El secretario de Organización del PSOE andaluz, Luis Pizarro, considera que la crisis de los astilleros es responsabilidad "única y exclusivamente" del Partido Popular. Y, en un comunicado, argumenta que esta situación responde a una "estrategia planeada por la SEPI para la privatización de la empresa". "La SEPI tenía todo preparado para poner a la venta Astilleros con la excusa de la quiebra", asegura el dirigente socialista, que considera "cómplice" de ello al presidente del PP andaluz, Javier Arenas, "que se sentaba en el Consejo de Ministros en el que se dio luz verde a la privatización de Astilleros". A su juicio, "nadie se puede creer ahora que Arenas se ponga el traje de salvador de la patria, cuando siendo ministro no movió ni un solo dedo para ayudar a los trabajadores de Astilleros".

Paquete sancionador

Pero el PP defiende la legalidad de las subvenciones. "El procedimiento utilizado ha sido completamente legal y similar al que han empleado otros países como Francia, Alemania e Italia", según el diputado Arsenio Fernández de Mesa, responsable del grupo parlamentario popular en asuntos de construcción naval.

El paquete sancionador contempla, por una parte, la devolución de 308,3 millones de euros más intereses sobre un total de 500 millones de ayuda en préstamos que Bruselas considera no se ajustan a las normas comunitarias. Esta cantidad forma parte de la inyección que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) suministró a Izar en 1999 y 2000.

Ya han sido reembolsados 192,1 millones por el grupo, que nació hace cuatro años tras la decisión de SEPI de fusionar todos los astilleros españoles. Pero mucho más amenazador es el expediente aún no cerrado sobre casi 1.500 millones de euros destinados en 2000, 2001 y 2002, en su mayoría a canteras navales militares, pero que Bruselas sospecha han podido ser desviados para beneficio de astilleros civiles.

Al menos la mitad de esa suma tendrá que ser recuperada por el Estado si se confirman las estimaciones iniciales. Y a esa cantidad habrá que añadir los otros 308,3 millones del otro expediente. En resumen, representa casi el doble de los fondos propios del grupo Izar en el que trabajan unos 20.000 empleados.