Cruce de acusaciones y peligro real de despidos

¿Cómo afrontar la quiebra? No se ve en principio una solución salomónica que redunde en provecho de todos. Se trata de salvar los muebles y de dar con fórmulas menos malas. El Gobierno ha creado ya un grupo de trabajo integrado por la SEPI y los ministerios de Economía y Hacienda, Industria, Trabajo y Defensa, que en un plazo máximo de un mes deberá presentar una estrategia de actuación. "El objetivo es lograr una empresa futura, económicamente viable y con una dimensión adecuada, siempre dentro de los límites que marca la legislación comunitaria", según seña un comunicado del Ministerio de Economía.

Bruselas no admite el argumento de la competencia desleal por parte de Corea al considerar que los astilleros afectados no compiten directamente con los asiáticos. Además, sostiene que España obtuvo en 1997 un monto de 811 millones para la reestructuración del sector bajo la condición de que no hubiera nuevas ayudas. Y asegura haber recibido protestas de otros países de la UE, que se quejan de que las ayudas estatales españolas a la construcción naval están causando pérdidas de empleo en sus propias industrias.

"Las condiciones de reembolso serán bastante generosas a fin de que no se ponga en peligro la viabilidad de la empresa", indica un portavoz del comisario Monti. Éste es partidario de que se estudien soluciones financieras, laborales y regionales que eviten poner en peligro el equilibrio social. "Se están estudiando medidas de acompañamiento, tanto en el ámbito de reciclaje como en el de ayudas de desarrollo regional, porque sabemos que esos astilleros están en regiones con un nivel de empleo débil, como es el caso de Andalucía y País Vasco", según ese portavoz.

Eduardo Zaplana, ex ministro de Trabajo y actual portavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso, asegura no haber tenido constancia de las investigaciones abiertas por Monti y le ha enviado un recado a Solbes recordándole que el anterior Gobierno elaboró un plan de viabilidad del grupo Izar que impidió la pérdida de puestos de trabajo. Así pues, al peligro real de despidos se suma el cruce de acusaciones partidistas en el que la Comisión Europea no quiere entrar.