Educación promete presupuesto para financiar la gratuidad de la etapa infantil

Los primeros presupuestos que elabore el Ministerio de Educación contarán con una partida para financiar algunas de las novedades que recoge la Ley de Calidad del PP y que seguirán adelante, como es la gratuidad total de la etapa infantil (de tres a seis años). La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, se lo prometió ayer a los consejeros de Educación y les informó de que el 28 de mayo se aprobará el aplazamiento de la Ley de Calidad. En las filas populares se habló de la posibilidad de recurrir esta decisión ante los tribunales pero también se dijo que acatarían la ley.

El Consejo de Ministros de la semana próxima aplazará el calendario de aplicación de la Ley de Calidad, recogido en un decreto, mediante un procedimiento sencillo: se aprobará otro decreto. Porque para paralizar la ley habría sido necesaria otra norma del mismo rango, una ley orgánica.

En el nuevo decreto se paraliza por dos años la aplicación de la ley salvo en dos aspectos: el que atañe a la gratuidad de la etapa infantil y el de enseñanza de idiomas, que siguen adelante. El resto quedará tal y como ha funcionado este curso. Así pues, medidas que ya estaban en vigor este año, como repetir curso con más de dos asignaturas suspensas o los nuevos criterios de evaluación, seguirán adelante.

La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, lo anunció ayer a los consejeros de las comunidades autónomas. También les dijo que los próximos presupuestos contarán con financiación para que la etapa infantil sea gratuita, porque en las cuentas del anterior Gobierno no se reservó dinero alguno para aplicar su ley educativa.

La paralización de la ley ha dividido en dos partes a los consejeros: los socialistas aplaudieron la decisión, con la que estuvieron de acuerdo en total nueve comunidades, mientras que los populares rechazaron por completo la medida que, a su juicio, perjudicará a padres, profesores y editores de libros de texto.

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Luis Peral, criticó que se paralice una ley aprobada por mayoría absoluta y destacó "que una ley orgánica no puede paralizarse con un real decreto". Añadió que "habría base para presentar un recurso". También el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barquero, dijo que paralizar la ley orgánica mediante un decreto "es contrario a la Constitución".

Joaquín Calomarde, portavoz adjunto del PP en el Congreso, dijo ayer en la Comunidad Valenciana que "no puede haber ni habrá consenso alguno que suponga e implique la suspensión de la Ley de Calidad". Y casi al tiempo, en que Calomarde amenazaba con la posibilidad de "recurrir a las vías jurídicas", el presidente de la comunidad, Francisco Camps, y su consejero Esteban González Pons, proponían al Gobierno "diálogo" y "consenso" para construir "puntos de encuentro" en materia de educación, algo que "tiene que estar por encima de los partidos políticos y las legislaturas", informa Neus Caballer.