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LA POSGUERRA DE IRAK | Los malos tratos

Una investigación periodística acusa a Rumsfeld de haber autorizado las torturas

El Pentágono califica de "descabellada" la información de la revista 'The New Yorker'

El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, aprobó el año pasado de forma secreta, según la revista The New Yorker, que el programa de interrogatorios destinado a obtener información de los detenidos de Al Qaeda en Afganistán por medios que incluían "presión física y humillación sexual" se ampliara a ciertos presos en Irak. El Pentágono desmiente la afirmación -la de la ampliación de las técnicas, porque el trato especial para los "combatientes ilegales" de Al Qaeda era conocido- y dice que se trata de una información "descabellada" y llena de errores.

La cuestión es una de las más importantes en el escándalo de las prisiones. Hasta ahora, hay nueve soldados, reservistas de la policía militar, acusados de cargos y que tendrán que comparecer (el primero, el próximo miércoles) ante consejos de guerra. Seis oficiales han recibido amonestaciones que ponen fin a su carrera. Los responsables del Pentágono, incluso el general Antonio Taguba, autor del informe que revela el caso, aseguran que fue "un fracaso de dirección" que permitió las acciones de un grupo de soldados y responsables de inteligencia militar y que esas prácticas no fueron aprobadas por los mandos. Los abogados de los soldados y la general Janis Karpinski, destituida de su cargo de responsable de las prisiones en Irak, dicen que seguían órdenes.

En el nuevo artículo de The New Yorker, Seymour Hersh, el mismo periodista que reveló el informe Taguba hace tres semanas, al tiempo que la CBS daba a conocer las primeras fotos de las torturas en Abu Ghraib, afirma que Rumsfeld y Stephen Cambone, subsecretario de Defensa para Asuntos de Inteligencia, dieron el visto bueno a la aplicación del programa "que animaba a utilizar presión física y humillación sexual" sobre los presos "con el objetivo de generar más información sobre la creciente insurgencia en Irak".

"A partir de entrevistas con actuales y antiguos responsables de inteligencia" que no se mencionan por el nombre, Hersh asegura que la extensión a ciertos presos del tratamiento reservado a Al Qaeda se debió al fortalecimiento de la insurgencia durante el verano de 2003, tras los atentados contra la ONU en Bagdad y contra la Coalición y la policía iraquí. A la hora de "endurecer el trato contra aquellos presos que se sospechaba que pertenecían a la insurgencia", se habrían dado instrucciones "para aplicar en Abu Ghraib los métodos no convencionales" en los interrogatorios.

"Es un asunto de Cambone, pero Rumsfeld y Myers [jefe de Estado Mayor] lo aprobaron", dice una de las fuentes. Otras detallan que las fotos de las humillaciones se usaban para intimidar a los presos y conseguir que dieran información sobre las actividades de la insurgencia, bajo la amenaza, si se negaban, de distribuir las imágenes entre sus familiares y amigos. La CIA sale bien parada en el artículo: un testimonio señala que cortó sus actividades en Abu Ghraib en otoño con este razonamiento: "Aplicamos en Afganistán un programa autorizado para operaciones contra objetivos terroristas de alto valor y ahora se quiere usar para taxistas, cuñados y gente de la calle".

El Pentágono propuso en 2001 -y la Casa Blanca lo aprobó- un programa de acceso especial (SAP) para la guerra de Afganistán. Estos programas -ampliamente utilizados en la guerra fría- son secretos y se nutren de comandos de todas las agencias de espionaje. En el SAP de Afganistán, el objetivo era capturar o eliminar a los líderes de Al Qaeda o a cualquier "objetivo importante en la guerra antiterrorista". Los comandos interrogaban a los detenidos en el lugar en el que estaban, antes de que fueran trasladados a un centro permanente. Según un antiguo agente de la CIA "la regla es: 'agarrad al que tenéis que coger, haced lo que queráis". La información de esos interrogatorios se pasa al mando del SAP en el Pentágono. En total, señala el artículo, "no más de 200 personas están plenamente al tanto de estas operaciones".

La acusación contra Rumsfeld, y sobre todo contra Cambone, es que la ampliación del SAP a Irak es lo que ha permitido traspasar las normas que el Pentágono considera legales para los presos a los que se aplica la Convención de Ginebra, de la que no se benefician, por decisión ejecutiva, los "combatientes ilegales". Lawrence di Rita, portavoz del Pentágono, asegura que esta información es "descabellada, conspirativa y repleta de errores y de suposiciones anónimas". Según el portavoz, "ningún responsable del Departamento de Defensa ha aprobado ningún programa que pudiera ser pensado para causar los abusos que testimonian las fotos y los vídeos".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 17 de mayo de 2004