"No hay que descartar la privatización de parte de Televisión Española"

Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Madrid, 58 años) ha sido, con la de ahora, secretario de Estado en tres ocasiones y de tres materias (Comercio, Economía y Hacienda). Ha presidido el Tribunal de la Competencia y la Comisión del Mercado Eléctrico. También trabajó en el FMI y sólo durante cuatro años ha estado en la esfera privada, periodo en el que colaboró como columnista de EL PAÍS y con la cadena SER y CNN +. Es, como dice él mismo, un funcionario puro que ya ha cumplido 10 trienios. No dudó apenas un instante cuando el vicepresidente Pedro Solbes le ofreció la responsabilidad de Hacienda, que casi tiene rango ministerial. De conversación amena, suele recordar a lo largo de ella a su hermano mayor, Francisco, que, en su caso, fue tres veces ministro. Sabe que tiene que controlar el gasto y se lo va a poner duro a los ministerios inversores. Una de sus obsesiones es que el ciudadano tenga la máxima transparencia de las cuentas públicas.

"La Seguridad Social es intocable y si le sobra dinero, hay que pasarlo al fondo de reserva"

"Mi obsesión no es el déficit oculto, sino que el ciudadano conozca las cuentas públicas"

"No hay ninguna razón para pagar con impuestos la producción de programas basura"

Pregunta. ¿Cómo piensa acabar con el apagón estadístico?

Respuesta. La transparencia es la única forma de conseguir que el sector público sea eficiente. Sólo debe haber dos limitaciones: la privacidad personal y la seguridad del Estado. El resultado de las pasadas elecciones muestra a las claras que la gente no está dispuesta a que se le oculten cosas.

P. ¿Aunque perjudique al Gobierno?

R. Sí, sí, claro. La obligación del político es defender lo que esos datos ofrecen y explicarlo a la gente, pero no ocultar la información. Mi idea es tener una especie de doble columna con lo que no se sabía y lo que se va a saber, y establecer un calendario. Es fundamental que haya calendarios: de paro, afiliación, comercio exterior, ejecución presupuestaria... Los datos pertenecen a los ciudadanos.

P. ¿Habrá una auditoría sobre las cuentas públicas heredadas? ¿Se sabrá el déficit oculto?

R. No es tanto un problema de déficit oculto como de dar la información y que el ciudadano sepa lo que hay, qué se está gastando fuera del presupuesto o cuál es la deuda de Televisión Española, por ejemplo. Mi obsesión no es el déficit oculto, sino que el ciudadano conozca las cuentas públicas y haga los cálculos que quiera. El déficit, en cualquier caso, se calcula con arreglo a criterios que fija la UE. Ahora bien, de lo que me quejo es de que no se informe de partidas que no estén incorporadas al déficit.

P. ¿Es normal que en el presupuesto de inversiones el PP haya dejado comprometido más del 98%?

R. No, no es normal que sea tan elevado. Hay un principio en democracia que es el de anualidad presupuestaria. Vamos a hacer un estudio con Fomento y la Intervención del Estado para ver qué hay.

P. ¿Existen indicios de financiación irregular?

R. No, no los tengo. Lo que hay, sobre todo, es falta de información.

P. ¿Cuáles son las prioridades presupuestarias para 2005?

R. La estabilidad presupuestaria es clave. Ha entrado en la mentalidad española, de manera que, si el Gobierno empezara a generar déficit, los ciudadanos le darían la espalda. Se está jugando la credibilidad no sólo económica, sino también política.

P. ¿Cómo piensa atajar el agujero de RTVE?

R. Parto de la base de que nuestro objetivo es la estabilidad presupuestaria. Pero también de que el gasto público no crezca a lo largo del ciclo en relación al PIB. Eso no significa que no vaya a aumentar el gasto, no es una congelación, sino que se va subir a medida que lo haga la economía y, por tanto, se va a mantener el mismo porcentaje de gasto sobre el PIB. ¿Cómo se hace esto compatible con un programa que lo que quiere es aumentar becas, la seguridad ciudadana, mejorar en investigación y desarrollo? ¿Cómo casa todo esto? Pues detectando los gastos que debemos bajar. Y TVE es uno de los casos claros. Una televisión pública de calidad, con unas subvenciones públicas relativamente controladas, funciona y no cuesta demasiado dinero. Lo que cuesta es una televisión que da prácticamente lo mismo que las cadenas privadas. Pero éstas no le cuestan al ciudadano ni un duro, mientras la pública acumula más de 6.000 millones de euros de deuda. La cuestión es que ese dinero nos lo tenemos que gastar en becas, en proteger a las mujeres maltratadas, en seguridad ciudadana, etcétera. ¿Cómo resolverlo? Hay que explorar todas las posibilidades y entre ellas no hay que descartar la privatización de parte de la televisión. El sector público sólo debe financiar una televisión de calidad. Aquella parte de la televisión que no es de calidad, que la den las privadas.

P. ¿Quiere eso decir privatizar la Primera?

R. Digo lo que he dicho. Hay que tener una televisión pública de calidad y privatizar todo aquello que pueden dar las privadas sin cobrar al ciudadano. No entiendo por qué para ver un programa que es similar al de otra televisión cuesta más y hay que sacarles impuestos a los obreros que trabajan en Villaverde o en Martorell, si cuando encienden las otras televisiones les dan lo mismo y no pagan.

P. ¿Cuándo se va a hacer?

R. Pronto. Hay cuatro años de legislatura y tendremos que hacer esas reformas y otras más.

P. Si quiere privatizar Televisión tendrá antes que sanearla, ¿no?

R. Si realmente sabemos que ya no vamos a pagar nada, no hay problema en sanear deuda. La gente entiende que no hay ninguna razón para pagar con impuestos la producción de programas basura o de diversión. ¿Qué se hizo en su día con Seat? Seat perdía 36.000 millones de pesetas al año. Volkswagen pidió que se dejara la deuda a cero para comprarla. El Estado la absorbió y a los 18 meses se ganaba dinero. Lo que tenemos que darnos cuenta es que si antes no había que pagar con impuestos la fabricación de automóviles, no hay ninguna razón para pagar con impuestos programas de este tipo.

P. ¿Y Renfe? ¿También se puede privatizar?

R. No hay que descartar la posibilidad de privatizar Renfe. ¿Por qué el transporte aéreo lo lleva una empresa privada y el ferroviario no? ¿Que necesita subvenciones? Eso es distinto. Tenemos cantidad de empresas privadas que podemos subvencionar. Es lo mismo que la televisión. A mí las subvenciones a la televisión pública no me preocupan. Las de los trenes de cercanías, las de función social del ferrocarril, tampoco; lo que me preocupan son las pérdidas que no tienen nada que ver con eso. Lo que me parece importante es que hay que aumentar las becas. Además, eso mejora la productividad y la distribución de la renta. Tiene todas las ventajas, mientras que ver un programa basura o tener unas pérdidas no justificadas no le veo ninguna razón. Es una decisión claramente política. Si seguimos como estamos en TVE y Renfe, entonces no tenemos para becas.

P. ¿Hasta dónde llegaría en las privatizaciones?

R. No creo tanto en las privatizaciones como en resolver agujeros de gasto que me impiden aumentarlo en otros sectores. Nuestra misión es detectar qué podemos reducir de gasto para cumplir el programa y el equilibrio presupuestario.

P. ¿Prevé algún cambio en los Presupuestos de 2004?

R. Habría que ver si se podría hacer alguna operación de saneamiento en 2004. Entonces sí habría que variar el Presupuesto. Por ejemplo, la deuda de Andalucía. Si llegamos a un acuerdo razonable no sería absurdo hacer un crédito extraordinario, aunque aparezca un déficit mayor. Explicaremos que es un gasto que se hizo en los últimos seis años y aparece ahora.

P. Se han desatado las reivindicaciones de Andalucía y Cataluña ¿Le preocupa?

R. Esto hay que examinarlo. La impresión que tengo es que los traspasos se hicieron al coste efectivo, y está bien, pero también habrá que ver si las desviaciones tienen que ver con las propias comunidades autónomas. Quiero decir que si hay una comunidad autónoma que al recoger la transferencia de Sanidad ha subido el 25% el salario de sus médicos, no veo razón por la cual el Estado deba pagarlo. Si ellos deciden aumentar sus gastos en temas de su competencia, no se puede acudir a la chequera de la Administración central.

P. ¿Tiene sentido que se haya creado un Ministerio de Vivienda o que se mantenga el de Sanidad cuando están prácticamente todas las transferencias realizadas?

R. Tiene sentido, porque la vivienda es un problema que está sufriendo la mayoría de la gente y hay que atenderlo. Es verdad que las competencias están en las comunidades autónomas. ¿Qué significa tener estos ministerios? Pues que las funciones de regulación son importantísimas, pese a que tenga poco gasto. Por ejemplo, todos los temas de regulación para dar seguridad al arrendador son capitales para hacer un mercado del alquiler. Todos los temas de suelo público que pueda ceder el Estado son importantes. En Sanidad, por ejemplo, tiene todo el sentido garantizar que el español que tiene un problema en una comunidad en la que está de vacaciones pueda ser atendido en ella.

P. ¿Ve correcto el tratamiento dado a las cuentas de la Seguridad Social en relación al déficit?

R. Todo el mundo está de acuerdo en que cuanto más se separe la Seguridad Social del resto de la Administración, mejor. Es verdad que quedan herencias. Por ejemplo, las prestaciones no contributivas. Ésta es una de las ideas del Pacto de Toledo que hay que aplicar. El Gobierno anterior separó la Sanidad y a mí me parece que muy correctamente. Y ya queda relativamente poco. Lo que hay que tener claro es que la Seguridad Social es intocable, y si le sobra dinero, hay que pasarlo al fondo de reserva. Si falta dinero, habrá que subir cotizaciones o lo que sea, pero es un asunto sagrado. Podemos discutir de lo que sea, pero de la Seguridad Social no se saca un duro para nada.

P. ¿Se han utilizado los fondos de reserva para el déficit cero?

R. No, no se han utilizado para tal fin. Lo que sí se han utilizado es para la presentación del déficit de las administraciones públicas. El Gobierno anterior sumaba el superávit de la Seguridad Social, con lo cual salía un superávit de la Administración central. Podíamos haber cogido el de la Seguridad Social y sumarlo a las administraciones territoriales. La confusión pretendió ocultar una cuestión clara, y es que durante estos ocho años el Estado ha estado siempre en déficit.

P. ¿Qué reformas prevé en las pensiones?

R. España ha ido avanzando. Por ejemplo, en el periodo de cálculo de las pensiones. Estábamos en dos años, Almunia lo pasó a ocho; el Pacto de Toledo, a 15. Tendremos que seguir caminando en esa línea. Por ejemplo, ampliándolo a toda la vida laboral. Pero habrá más cosas, como las jubilaciones anticipadas ¿Por qué tenemos la media de jubilaciones anticipadas en 62 años? No hay que hacer reformas dramáticas de la Seguridad Social, pero si estamos 10 años más sin hacer nada, será peor. Si hablamos con los interlocutores sociales y hacemos reformas muy moderadas y pronto, llegamos a 2030 bien, eso seguro.

P. ¿Qué balance hace de la lucha contra el fraude fiscal?

R. Lo que me preocupa no es tanto empezar a cambiar la legislación, sino que todo el mundo pague. Con el Gobierno anterior se avanzó en algunos aspectos (acercamiento de la Agencia Tributaria al ciudadano), pero el fraude fiscal no ha sido un objetivo prioritario. Y lo que nos hemos encontrado es que tenemos un sistema centrado más en la comprobación que en la investigación. Es un sistema cómodo, en el que el inspector sólo hace comprobaciones. Nuestra idea no es tanto luchar, sino impedir que haya fraude. Tenemos que detectar lo que no sabemos; por definición el fraude es lo que no sabemos. Es descubrir, averiguar, investigar. Hace falta más espionaje, más labor policial que de comprobación. En vez de un trabajo de despacho, hay que salir a la calle, y cooperar con otras administraciones y empresas. Dentro incluso de la propia Agencia está separada la recaudación de la inspección, lo que es absurdo.

P. ¿Hay medidas inmediatas?

R. En el plazo de un mes se puede presentar un plan contra el fraude fiscal. Estamos elaborando el plan de la Agencia. Hay que convencer a los inspectores, porque todo esto significa cambiar el sistema de incentivos. En cuanto a los sectores, pues lo que dice la mayoría, el inmobiliario, los servicios... No hay que estar sentado en la silla de secretario de Estado de Hacienda para saber que hay fraude en el sector inmobiliario. Tampoco me atrevería a decir que es el que más. También hay que simplificar los impuestos. Cuanto más complicados son, más se incentiva el fraude. El fraude fiscal no se puede tolerar.

P. Los inspectores denuncian que hay muchos coladeros para el fraude y sólo se actúa sobre los que declaran. ¿Está de acuerdo?

R. Tienen razón en lo segundo. Lo de los coladeros, hay que estudiarlo. Por ejemplo, vamos a prestar mayor atención a los paraísos fiscales. Se ha creado una unidad para investigarlo intensamente.

P. ¿Va a ir por la línea dura?

R. No consiste en tratar de meter en la cárcel a famosos, si es eso lo que preguntan. Mi idea siempre es gradualismo y hablar con la gente. Pero que todo el mundo sepa que queremos que pague el que no paga. Eso que esté muy claro.

P. ¿La nueva Ley General Tributaria entrará en vigor el 1 de julio, como estaba previsto?

P. Hemos tomado la decisión de no poner patas arriba lo que estaba hecho antes. Empezar a hacer decretos-ley significa mucho ruido a lo mejor para nada. Lo que vamos a hacer es un desarrollo reglamentario para intentar corregir errores en la medida de lo posible.

P. ¿Habrá agencias tributarias en cada comunidad?

R. Fraccionar la Agencia Tributaria Estatal sería un disparate. La clave de la gestión es el traspaso de información. A lo mejor lo que deberíamos tener es una agencia europea. Eso lo entiende todo el mundo. Ahora, si las comunidades quieren hacer una agencia tributaria para gestionar sus tributos, pues la que quiera la puede hacer. Pero para los tributos estatales no me cabe duda que tiene que haber una sola.

P. ¿Y la reforma fiscal?

R. Para la segunda parte de la legislatura y afectará esencialmente al IRPF. Ha sido una decisión de enorme prudencia. La prioridad debe estar en la lucha contra el fraude y en las reformas de gasto.

P. ¿Va a actualizar la tarifa y las retenciones del IRPF con la inflación?

R. Vamos a estudiarlo, teniendo en cuenta que en los ingresos vamos muy ajustados.

P. ¿Va a bajar el IVA de los discos y los libros?

P. Es un asunto comunitario.

R. ¿Se precipitaron al anunciarlo?

P. Pues sí, pero que todos los errores sean ésos.

P. ¿Y la paga de 100 euros a las madres que trabajen en casa?

R. Todas esas cuestiones hay que estudiarlas.

P. ¿Ha agotado el PP todo el margen para bajar impuestos?

R. Hay que verlo. Si realmente avanzamos en la lucha contra el fraude, puede abrirse un margen para bajar impuestos. Hay que ver qué efectos han tenido las rebajas del PP, hasta qué punto no han sido ocultadas por la inflación y un ciclo al alza. Reducciones de impuestos, con un presupuesto equilibrado, no veo a corto plazo.