El salario mínimo tampoco sube con Lula

El Primero de Mayo de este año será una fecha de triste recuerdo para el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. La fiesta de los trabajadores no contó en ninguno de sus actos, exceptuando la misa tradicional, con la presencia del antiguo obrero metalúrgico y sindicalista que desde hace 16 meses ocupa la máxima magistratura de Brasil. Es casi seguro que Lula habría sido abucheado nada menos que por su electorado natural, que no le perdona la medida más impopular y que más le ha dolido adoptar desde que llegó a la presidencia: el exiguo aumento del salario mínimo en 20 reales (6,9 dólares), de 240 a 260 reales. De ahí su ausencia en los actos multitudinarios del pasado fin de semana.

"No podemos gastar aquello que no tenemos", ha dicho el presidente

Hay una gran diferencia entre hablar desde la oposición o desde el Gobierno

"No podemos gastar aquello que no tenemos", ha dicho el presidente después de reconocer que le costó mucho firmar un aumento tan precario, levemente superior al índice de inflación. El diario O Globo publicaba ayer en la tercera página una fotografía que no podía ser más elocuente. Era del año 2000 y en ella se veía a un grupo de diputados opositores del Partido de los Trabajadores (PT) -varios de ellos son hoy ministros- que se burlaban ostensiblemente del aumento de 15 reales aprobado en aquella época por el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso.

Basta con acudir a las hemerotecas para comprobar la diferencia que en política hay entre hablar desde la oposición y desde el Gobierno, y el largo trecho entre promesas y realidades. Decía Lula en octubre de 1998 que el salario mínimo debería ser de 1.100 reales, si se tuviera en cuenta el valor del real de 1939. "Quienes perciben el salario mínimo deberían recibir excusas", añadía el entonces líder de la oposición. Hoy, como presidente de la República, Lula se ve obligado a decir a sus conciudadanos que, si hubiera decidido aumentar el salario mínimo en 10 reales más, habría significado un gasto para el Estado de 3.000 millones de reales (1.034 millones de dólares) en 12 meses. Y probablemente tenga razón, a pesar del descontento que reina estos días en las filas de las organizaciones sindicales, incluida la Central Única de Trabajadores (CUT), en cuya fundación intervino decisivamente Lula.

La reforma de la Seguridad Social aprobada a finales del año pasado ha elevado el tope de las prestaciones a jubilados de 1.200 reales a 2.400, equivalente a unas diez veces el salario mínimo, cuyo aumento tiene un impacto directo en las arcas de la Seguridad Social y, por consiguiente, en el déficit de la institución, que alcanza 31.000 millones de reales (10.690 millones de dólares). La reforma constitucional de 1988 estableció dos vías de financiación de la Seguridad Social: la contribución de trabajadores y empresarios, por una parte, y las transferencias presupuestarias. Puede decirse que la Constitución prevé, de alguna manera, el déficit de la Seguridad Social al autorizar su financiación vía presupuesto. Es un sistema más parecido al europeo que al estadounidense, que pone el acento en la autosuficiencia. Los organismos financieros multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, presionan al Gobierno brasileño para que modifique su modelo de Seguridad Social y se aproxime al que rige en Estados Unidos.

En este marco de déficit, aumentar el salario mínimo significa incrementar el gasto de la Seguridad Social. El mayor impacto se hará sentir en los ayuntamientos de ciudades menores del norte y noreste de Brasil, en territorios de bajo desarrollo económico y social, donde la relación entre pago de salarios mínimos y recaudación es claramente desfavorable para los gobiernos municipales y estatales. De ahí que estos gobiernos opusieran una fuerte resistencia al aumento del salario mínimo.

Sin duda, el precario aumento del salario mínimo es una decisión abiertamente impopular, pero el margen de maniobra del Gobierno era escaso. "No había otra salida. Estamos muy endeudados, no podemos pagar la deuda ni los tipos de interés", advierte el juez federal Renato Lopes Becho, especialista en Derecho tributario. La disciplina fiscal que ha mostrado desde el principio el Gobierno, que mantiene a rajatabla un superávit fiscal del 4,25% del producto interior bruto (PIB), sólo ha servido para pagar el 50% de los intereses de la deuda pública (interna y externa). La realidad es que la deuda pública ha aumentado y, según todas las previsiones, seguirá creciendo. En el orden interno, el Banco Central no se atreve a reducir los tipos de interés porque teme un rebrote de la inflación incontrolable. Externamente, Brasil no puede hacer nada sino sufrir las consecuencias de la previsible subida de los tipos por parte de la Reserva Federal. Las primeras consecuencias se han hecho sentir con un aumento del riesgo país del 5,7%, a pesar de los elogios del FMI y de la Administración de Bush a la economía brasileña.