Las mujeres con mayor riesgo de agresión tendrán protección policial 24 horas

El objetivo es evitar que una víctima de la violencia doméstica muera a manos de su agresor que incumple la orden de alejamiento. Para ello, el Ministerio del Interior, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía del Estado acordaron ayer mejorar la protección a las víctimas mediante la evaluación del riesgo de cada caso y la adopción de medidas proporcionadas. Éstas podrán ir desde la protección policial las 24 horas hasta la entrega de un teléfono móvil o la implantación de pulseras electrónicas, avanzó el ministro del Interior, José Antonio Alonso.

En una visita a León, el ministro del Interior, José Antonio Alonso, avanzó ayer nuevas pautas para proteger a las víctimas de la violencia doméstica al menos hasta la aprobación de la futura ley integral (se enviará al Congreso antes del 30 de junio, según el Gobierno). Por un lado, se trata de implicar a la policía local en esa tarea. Por otro, el objetivo es aprobar un protocolo que establezca los criterios de actuación policiales, basados en el análisis de la gravedad de cada caso y en el establecimiento de las medidas de protección adecuadas a cada circunstancia (incluido el control electrónico). "El Estado no tiene todos los recursos, no puede poner un policía a cada mujer que es objeto de una orden de protección", puntualizó el ministro.

Según explicó Alonso, el protocolo deberá analizar cuáles son los grupos de riesgo, "de mayor a menor", y facilitar a las víctimas "medios de control electrónico". "Hay que considerar seriamente la pulsera electrónica, pero sobre todo hay que facilitar el teléfono móvil a cualquier víctima potencial que tenga a su favor una orden judicial de alejamiento. Los supuestos más extremos tienen que ser tratados con una protección policial de 24 horas al día si es necesario", afirmó el ministro.

La legislación permitirá, a partir del próximo 1 de octubre, que se implanten mecanismos de localización electrónica (como la pulsera) a los maltratadores ya condenados. Sin embargo, no se ha regulado expresamente el uso de esta medida con carácter cautelar, de forma que se pudiera colocar a los agresores antes de ser juzgados, coinciden varias fuentes jurídicas. El teléfono móvil ya se entrega en algunos casos.

Según Alonso, las pautas del protocolo deben permitir "tener controlados a la mayor parte de los posibles agresores y a los potencialmente más peligrosos, así como tener asegurada la situación de las mujeres que pueden ser objeto de malos tratos por su pareja".

Desde que, el pasado 2 de agosto, se implantó la nueva orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica (permite al juez dictar medidas penales y civiles en un plazo máximo de 72 horas desde que se presenta la denuncia) se han dictado en torno a 1.000 órdenes mensuales. Nueve de cada 10 llevan aparejado el alejamiento del agresor. Sin embargo, se han observado abundantes fallos en el control de los alejamientos, tarea que a menudo recae en la propia víctima. Por otra parte, también se han emitido órdenes de alejamiento al margen de las de protección.

Respecto a las policías municipales, a las que la futura ley integral dará un papel en la lucha contra la violencia doméstica, Alonso dijo que, dado su conocimiento del medio, "pueden ser perfectamente cualificadas para trabajar en la protección de las víctimas de violencia de género".

18 mujeres muertas

Mientras el ministro del Interior se encontraba en León, en Madrid se reunían el secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Montserrat Comas, y un representante de la Fiscalía General del Estado, Manuel Marchena. Sobre la mesa tenían un balance trágico: 18 mujeres (tres de ellas con orden de alejamiento), la madre de una de ellas, y cuatro niños fallecidos este año.

El encuentro, convocado con urgencia el 1 de mayo después de que la semana pasada se registraran seis muertes (tres mujeres y otros tantos niños) "por la violencia machista" -en palabras de Comas-, abordó las pautas del futuro protocolo de actuación policial. Podría estar aprobado antes de final de mes.

"El protocolo servirá para mejorar la comunicación entre la policía y los jueces de forma que los agentes les informen inmediatamente de cualquier incidente o incumplimiento de las medidas de protección, especialmente el alejamiento", afirmó Comas. La presidenta del observatorio es partidaria de que sea la policía, y no los jueces, quien decida sobre la gravedad y la protección que requiere cada maltratada.