La asesinada de Alzira había aportado pruebas a policías y jueces de que sufría amenazas de muerte

"Antes de que seas de otro te prefiero muerta; os mato a ti y a él". Ése fue uno de los mensajes en su teléfono móvil que Jenny Lara Castillo, de 36 años, fallecida el pasado viernes después de que su ex compañero incendiara la casa donde vivía con dos de sus tres hijos, mostró a la policía el 12 de noviembre pasado y ante en el Juzgado de Instrucción número cinco de Alzira al día siguiente, donde negó que tuviera una relación sentimental y explicó que había tratado de hacérselo entender a su ex pareja sin éxito.

Denunció amenazas y que se llevara a dos hijos, de los tres de la pareja, a Oviedo. Se incoaron diligencias previas de las que resultó un auto urgente a la policía para que se le localizara, se comprobara si los niños estaban con él y se le citara de forma urgente ante el juzgado. La policía contestó que localizó a Ismael Pablo en Oviedo, que los niños estaban con él y que volvería pronto. No lo hizo hasta el día 28. Declaró como imputado, negó las acusaciones y la denuncia por lesiones y amenazas. Ella fue citada para el 10 de diciembre. No acudió. Tres días después pidió una nueva citación. Iba a ser el 29 de diciembre. No se presentó. El 25 de febrero la juez dictó sobreseimiento porque la denunciada no fue a declarar. El 3 de marzo se archivó.

Entretanto, Jenny volvió a acudir a los juzgados el 25 de noviembre (antes de que Ismael Pablo volviera de Asturias) y denunció los mismos hechos y enseñó mensajes amenazantes, entre los que le anunciaba que le quemaría la cara. Esa denuncia se acumuló a la del día 13 y el caso quedó pues sobreseído.

El 4 de diciembre Jenny pidió orden de alejamiento y de protección porque fue golpeada y amenazada por su ex pareja. El juzgado dio traslado a la policía local y nacional. Al día siguiente compareció el acusado, que la volvió a denunciar a ella por lesiones. La juez decretó orden de alejamiento para ambos (válida hasta que hubiera sentencia firme) y aceptó la renuncia de ella de la orden de protección pedida porque el alejamiento le pareció suficiente. El fallo, en diciembre, condenó a ambos por maltrato y a él, además, por falta de injurias. Se recurrió. Sólo la orden de alejamiento dictada contra Ismael Pablo regía el día del crimen.

Los jueces, que tramitaron las denuncias como faltas (excepto en el caso sobreseído) no optaron por aplicar la orden de protección a pesar de que ella la rechazara. La Junta de Jueces de Alzira dijo ayer que no pueden "acordar prisión provisional de los maltratadores en los supuestos en que sólo hay una única denuncia de injurias y amenazas". Expusieron que "el juicio rápido y la condena inmediata no resuelve el problema de violencia cuando se repite la conducta delictiva" Al tiempo que apuntó que "las medidas de alejamiento en los pueblos pequeños [Alzira tiene 41.000 habitantes] difícilmente pueden ser eficaces por la cercanía en la que viven agresor y víctima". Además, puso de manifiesto la necesidad de "conocer inmediatamente la medida cautelar de alejamiento", a lo que la policía replicó que la ley da un plazo máximo de 24 horas. En este caso lo comunicó dos horas después de fallecida la mujer.