El escándalo de las torturas salpica a una empresa de paramilitares en Irak

El escándalo de los soldados y mandos implicados en malos tratos y torturas a prisioneros iraquíes en la cárcel de Abu Gharib, cerca de Bagdad, adquiere una dimensión más grave de lo que el Pentágono admitió en un principio, al conocerse detalles del papel jugado por oficiales de la inteligencia militar y por empleados civiles. Los mandos de Defensa deben explicar si han leído o no el informe interno del general Antonio Taguba en el que se detallan los abusos y se recomiendan acciones disciplinarias contra dos oficiales de inteligencia y dos empleados de empresas contratadas por el Pentágono.

En el informe en el que se concluye que entre octubre y diciembre de 2003 hubo "numerosos casos de abusos delictivos sádicos, ostensibles y gratuitos sobre varios detenidos" se transmitió la impresión de que dos mandos de inteligencia y dos empleados "son directa o indirectamente responsables de los abusos en Abu Gharib" y se recomendó sin ninguna vacilación que se adoptaran medidas disciplinarias.

¿Por qué la responsabilidad? Porque después de haber hablado con testigos e implicados, el general Taguba, autor del informe -que fue encargado en enero por el general Ricardo Sánchez, responsable del Ejército de Estados Unidos en Irak, al recibir una denuncia de los abusos-, concluye que "los especialistas en interrogatorios de inteligencia militar y de otros organismos oficiales requirieron activamente a los soldados de la policía militar que establecieran las condiciones físicas y mentales para favorecer el interrogatorio de testigos".

Una orientación así, con el agravante de que la policía militar no tenía la preparación necesaria ni las nociones básicas sobre el trato de prisioneros de guerra, equivale, según el general Taguba, a dar rienda suelta a los malos tratos y las humillaciones.

El informe cita nombres y apellidos de los cuatro acusados: el coronel Thomas Pappas, comandante de la Brigada 205 de Inteligencia; el teniente coronel Steven Jordan, con antiguas responsabilidades de interrogatorios en la misma brigada; Steven Stephanowicz, un empleado de CACI (California Analysis Center, Inc., una empresa creada en 1962 que proporciona servicios de defensa, inteligencia, información y seguridad a través de sus 7.600 empleados en todo el mundo) y John Israel, un intérprete, también perteneciente a CACI.

Prisioneros de guerra

Según el informe, las declaraciones de varios testigos -soldados estadounidenses- contradicen las explicaciones dadas por Stephanowicz e Israel sobre dónde se hicieron los interrogatorios y en qué condiciones. Ambos negaron conocer los abusos cometidos. El informe recomienda que sean despedidos. CACI no respondió ayer a la llamada para conocer su versión.

En cuanto a los dos militares mencionados, el informe pide sanciones oficiales por no haber supervisado a los soldados a sus órdenes ni haber garantizado que sabían tratar a los prisioneros de guerra de acuerdo con las normas internacionales.

Por lo que se refiere al Pentágono y al Gobierno, es tan grave la presunta responsabilidad de mandos de inteligencia militar -confirmada en varias declaraciones por la general de brigada reservista Janis Karpinski, suspendida del servicio y que insiste en que no se enteró de nada, aunque era la responsable de todas las unidades de policía militar a cargo de las cárceles en Irak- como el papel jugado por individuos privados. La privatización de tareas que antes ejecutaban los uniformados no es nueva y puede tener sentido si alivia a las tropas de labores de infraestructura o mantenimiento, pero tanto estos casos como otros sugieren que la dirección del Pentágono se ha extralimitado.

Por el momento, el general Sánchez ha pedido que se amoneste a seis oficiales, cuyos nombres no se han dado a conocer y que tenían responsabilidades de supervisión. La amonestación es la mayor sanción administrativa dentro del Ejército y equivale en la práctica a frenar la carrera del afectado, porque le imposibilita cualquier ascenso. Un séptimo militar recibirá una advertencia, la sanción inferior a la amonestación. Además de estos siete, se mantiene abierto el proceso contra seis soldados que fueron acusados hace ya dos meses de los abusos y malos tratos a una veintena de presos y que podrían acabar ante un consejo de guerra. Otros cuatro soldados están siendo investigados.

"Terribles actos"

A la Casa Blanca no se le escapa la gravedad de la situación y sus repercusiones en los dos difíciles meses que hay por delante hasta la transferencia de soberanía a un Gobierno iraquí. El presidente George W. Bush habló ayer con el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, para pedirle que garantizara el castigo a los culpables. Según el portavoz Scott McClellan, Bush "quiere asegurar que se están tomando las acciones adecuadas contra los responsables de estos vergonzosos y terribles actos". Para McClellan, "las imágenes le dejan a uno consternado, no hay excusa que valga". El secretario de Estado, Colin Powell, dijo que la gran mayoría de los soldados en Irak está haciendo "un gran trabajo" y que las tropas "están allí para ayudar a los iraquíes, no para hacerles daño". Desde Bagdad, el ministro de Exteriores del Gobierno provisional, Hoshyar Zibari, condenó los abusos y pidió una investigación independiente, lo mismo que han solicitado grupos como Amnistía Internacional, que asegura que hay "decenas" de informes de malos tratos a detenidos en otras cárceles militares en Irak.