La ONG Human Rights Watch denuncia que hay más de un millón de seropositivos en Rusia

La organización de defensa de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que la epidemia de sida en Rusia está propiciada por la errónea política gubernamental, que priva a los grupos de alto riesgo de acceso a medidas profilácticas y contribuye a que los infectados sean discriminados. En Rusia hay oficialmente 270.000 con el virus de inmunodeficiencia, pero la organización calcula que la cifra real supera con creces el millón. El 80% de ellos tienen entre 17 y 25 años.

Joanne Csete, al presentar el informe de HRW Lecciones no aprendidas, hizo hincapié en que aunque la epidemia en Rusia fue tardía y para entonces ya se contaba con una rica experiencia internacional, las autoridades se niegan aún a utilizar los métodos ampliamente comprobados para luchar contra la enfermedad. El Gobierno prefiere seguir su política represiva, que hace que los enfermos traten de esconderse y propicia la expansión de la epidemia. Y el sida golpea ya no sólo a los grupos de riesgo sino a la población en general.

Un blanco fácil

El Gobierno pone obstáculos a los servicios de prevención para los grupos de más riesgo como los drogadictos, que pueden ser encarcelados por poseer minúsculas dosis de narcóticos y se convierten en blanco fácil de la policía cuando ésta debe cumplir la cuota de arrestos que le han asignado, denuncia el informe. Ello hace que muchos drogadictos no se atrevan a ir a los lugares donde se dan nuevas jeringuillas, porque temen ser detenidos.

Lo que es "más escandaloso aún", señala Csete, es que Rusia ha prohibido la metadona como terapia sustitutiva de la heroína, en circunstancias en que esta sustancia, de probada eficacia en otros países, resulta vital para la prevención entre ese grupo.

Las autoridades excluyen a los drogadictos con sida del tratamiento antiretroviral, en un país donde más del 85% de los infectados ha adquirido el virus por usar narcóticos. Además, los drogadictos encarcelados multiplican el peligro de propagación en las prisiones, donde está prohibido el reemplazo de jeringuillas y no se reparten condones.

Los infectados son discriminados laboral e intelectualmente. Son numerosos los que no pueden conseguir trabajo por tener sida o no pueden llevar a sus hijos a la escuela. Se dan casos, como en la lejana provincia de Magadán, en que a un infectado le impiden incluso tomar el autobús para ir a su centro de tratamiento.

Rusia parece consciente del peligro que representa el sida para el resto del mundo pero no para sí misma. Así, el presidente Vladímir Putin ofreció donar 20 millones de dólares al Fondo Global para la Lucha contra el Sida, mientras que el presupuesto nacional para combatir la enfermedad es de sólo un millón de dólares anuales.