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La Generalitat cifra en 3.000 millones el déficit financiero de la sanidad catalana

El Gobierno catalán quiere negociar un cambio de financiación y ampliar sus ingresos

Más de 3.000 millones de euros. Éste es el dinero -deuda acumulada e inversiones no acometidas en los últimos años- que necesita la sanidad pública catalana para ser sostenible. Los consejeros de Sanidad, Marina Geli, y el de Economía, Antoni Castells, estudian aplicar tres tipos de medidas para digerir este agujero. El primer bloque debe negociarse con el Ministerio de Sanidad y pasa por un cambio en el modelo de financiación. El segundo busca ampliar los ingresos, vía emisión de deuda pública o la introducción de impuestos. La tercera fuente de ingresos la formaría el capital privado.

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El Departamento de Sanidad de Cataluña ha llegado a la conclusión de que la sanidad pública catalana no es sostenible si no logra en los próximos años cubrir un déficit global de financiación que a fecha de hoy cifra en más 3.000 millones de euros.

Este dinero, no todo correspondiente a deuda, se divide en tres bloques. El primero sí es deuda propiamente dicha y corresponde a las desviaciones presupuestarias, o exceso de gasto sobre las previsiones, acumulado en los últimos años. Sólo en 2003, este exceso de gasto se sitúa en unos 541 millones de euros -6.031 gastados sobre un presupuesto de 5.490-.

Esta deuda es atribuida por Geli al Gobierno de CiU, al que acusó de mantener "una contabilidad que no reflejaba en realidad la desviación presupuestaria año a año". El jefe de la oposición en Cataluña, Artur Mas, de CiU, rechazó ayer comentar las cifras ofrecidas por el Gobierno tripartito y se limitó a afirmar que las acusaciones de Marina Geli son producto de la "falta de ideas" de los socialistas.

El segundo bloque del déficit financiero de la sanidad catalana está formado por las "inversiones necesarias en los hospitales públicos que no han sido realizadas en los últimos ocho años", según Geli. La consejera de Sanidad calificó de "muy importantes" las carencias que sufren los centros sanitarios catalanes y cifró en 1.200 millones el dinero necesario para su viabilidad.

Necesidades financieras

"Este dinero, que corresponde a gastos de infraestructura y de equipamientos técnicos, como no ha sido invertido en los últimos ocho años, ahora deberemos ponerlo nosotros. Es por esto que, aunque no es deuda, sí debe incluirse entre las necesidades financieras porque es imprescindible para una sanidad pública acorde al año 2004", añadió Geli. La "externalización de la deuda" forma el tercer bloque que forma el bloque. Según Geli, los centros privados concertados -56 de los 64 mayores centros sanitarios catalanes lo son y generan el 70% de las altas hospitalarias de la comunidad- han acumulado en los últimos años un mínimo de 600 millones de deuda a cuenta de gastos e inversiones que les exigía la Generalitat.

"En la sanidad pública catalana, los centros concertados tienen un enorme peso en el conjunto del sistema. Cualquier solución financiera global debe incluir una solución para la deuda que han acumulado estos centros", afirma Geli.

Estos centros han visto en los últimos años cómo la Generalitat tardaba cada vez más tiempo en pagarles los servicios prestados al sistema público. Hace cuatro años cobraban con 60 días de retraso, pero ahora lo hacen con una demora de 90 o 95 días.

Boi Ruiz, director de la patronal Unió Catalana d'Hospitals, amplió de 600 a 950 millones de euros la deuda acumulada a cuenta de su atención a los pacientes de la sanidad pública.

La Generalitat estudia tres grandes vías para aumentar los ingresos de la sanidad catalana o hacer frente a los 3.000 de déficit global. El primer bloque estaría formado por los frutos de la renegociación con el Gobierno central de la financiación recibida del Estado. En este sentido, el secretario general del Ministerio de Sanidad, Fernando Lamata, explicó ayer tras su reunión con Geli que su trabajo ahora es "analizar la evolución de financiación y gasto" para ver las causas del déficit y adelantó la posibilidad de aumentar la aportación estatal. Entre estas posibles causas, está el crecimiento de la población atendida por encima de lo previsto en la Ley de Financiación autonómica de 2001. "Para ese caso hay prevista una comisión interministerial, que no se ha reunido nunca hasta ahora", que puede ampliar la financiación por parte del Estado. Lamata también consideró "el tratamiento a desplazados de otras regiones y extranjeros", que forman un grupo muy importante en comunidades costeras y turísticas como Cataluña. En este caso habría que ampliar la aportación del Fondo de Cohesión. Sólo hay una posible causa con difícil solución para el Gobierno central, según Lamata: que el déficit se deba a la mala gestión o a prestaciones que la Generalitat haya dado hasta ahora "por su cuenta".

El segundo gran bloque de medidas que estudia la Generalitat es el aumento de ingresos decidido por el propio Gobierno catalán. Éste podría venir de otras partidas presupuestarias que ahora la Generalitat decidiera destinar a la sanidad, "la emisión de deuda pública o la instauración de impuestos finalistas", según Geli. Ésta admitió que el Gobierno catalán estudia, pero aún no lo tiene decidido, aplicar el conocido como céntimo sanitario sobre carburantes, hasta ahora no aplicado en Cataluña, pero sí en comunidades como Madrid.

Por último, la Generalitat buscará la complicidad del capital privado, "con varias fórmulas aún no decididas", para obtener nuevas vías de financiación.

Esta información ha sido elaborada por Oriol Güell, Emilio de Benito y Miquel Noguer.

La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, en el centro, con los consejeros autonómicos de Sanidad.
La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, en el centro, con los consejeros autonómicos de Sanidad.EFE

Un millón de usuarios sin censar

Cataluña tenía censados en 2001 un total de 6.343.110 habitantes, pero sus centros de salud atienden a un público potencial de 7,3 millones de personas, que son los que poseen una tarjeta sanitaria individual. Esta desviación, de cerca de un millón de personas, se explica en buena medida por la llegada de inmigrantes en situación irregular, pero con derecho a asistencia sanitaria.

Cada mes, entre 7.000 y 12.000 inmigrantes no afiliados a la Seguridad Social reciben una tarjeta sanitaria. Entre enero y febrero de este año, por ejemplo, la recibieron 12.139 personas.

Actualmente, 265.392 inmigrantes residentes en Cataluña poseen una, el triple que hace dos años. Algunas zonas del área metropolitana de Barcelona, como L'Hospitalet de Llobregat, tienen incrementos cercanos al 10% mensual.

En este capítulo, sin embargo, no se incluyen a los inmigrantes que trabajan con un contrato laboral y que, por lo tanto, ya se encuentran inscritos en el régimen general de la Seguridad Social.

Ante estas cifras, la consejera de Sanidad, Marina Geli, lamentó ayer que en Cataluña "tenemos 7,3 millones de tarjetas sanitarias, y en cambio, la población de censo que nos otorgan para calcular la financiación es de 6,5 millones de personas".

Quien parece tener una solución para esta situación es Eva García, diputada del Partido Popular en el Parlament de Cataluña, que recientemente afirmó que los españoles no están dispuestos a seguir pagando impuestos para que inmigrantes sin papeles puedan beneficiarse de la sanidad gratuita. En opinión de García, "Los ciudadanos no aceptarían pagar con sus impuestos las necesidades de personas que vienen a nuestro país precisamente buscando una atención que no tienen en sus lugares de origen".

Las declaraciones de esta diputada causaron un alud de críticas desde todos los partidos y ONG, que la acusaron de "fomentar la xenofobia" y le exigieron una rectificación inmediata.

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