Caldera propone extender la ayuda de 100 euros a las madres sin empleo
609.000 mujeres, la mitad de las que tienen hijos menores de tres años, cobraron la paga en 2003
Favorecer la natalidad española, una de las más bajas del mundo. Con ese fin, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció ayer que estudia extender progresivamente a las madres sin empleo la ayuda de 100 euros mensuales ahora reservada a las trabajadoras. Esta aportación se concede, como pago directo o en forma de desgravación, durante los tres primeros años de vida del niño. El coste de la extensión de la ayuda podría casi duplicar el gasto actual. En 2003 ha sido de 500 millones de euros sólo en pagas mensuales. A ello se sumará el coste de las madres que opten por la desgravación, según la Agencia Tributaria. Economía y Hacienda guardó silencio ante el anuncio.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, calificó la actual paga de 100 euros como "una política parcial, pero necesaria". En vigor desde enero del año pasado gracias a la modificación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) hecha por el PP, algunas entidades habían criticado que se limitara sólo a las madres con empleo. Y eso es lo que se propone corregir el ministro. "Queremos que sea una ayuda a la familia, y no sólo a las madres trabajadoras", detalló un portavoz ministerial.
"Creo que se debe generalizar. Vamos a empezar a ver, de cara a los presupuestos del próximo año, las posibilidades de que disponemos para hacer una política de familia más intensa", explicó Jesús Caldera en el espacio Los desayunos de TVE. "No parece justo que sólo se concedan 100 euros de ayuda a una mujer cuando tiene un empleo fuera de su vivienda y, sin embargo, la mujer que está en su casa y que también necesitaría esa ayuda para buscar ese empleo, no recibe ningún tipo de ayuda", planteó.
Incentivar la natalidad
"La idea debería ser, manteniendo esas ayudas, ir a una generalización progresiva para que pueda haber incentivos para mantener la natalidad y para permitir que la vida laboral y familiar sean compatibles", añadió el ministro. El planteamiento inicial es que esta ayuda tenga en cuenta la renta como factor corrector y que pueda aumentarse en el caso de las familias con ingresos más bajos, según el citado portavoz.
El PSOE ha apostado por las políticas natalistas a partir de dos datos. Por una parte, España, con un promedio de 1,26 hijos por cada mujer en edad fértil, tiene una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo. Además, casi una de cada cuatro mujeres (23%) reconoce que tiene menos hijos de los que querría, sobre todo por falta de recursos, según la Encuesta Nacional de Fecundidad difundida en 2000. El resultado de la baja natalidad es un envejecimiento progresivo que, entre otras cosas, representa un riesgo para el sistema de pensiones.
La natalidad española comenzó a crecer en 1999, tras un acusadísimo descenso desde finales de los años setenta. También ha ido en aumento la proporción de mujeres con empleo que son madres. Así, en 2001, cuando nacieron 406.380 niños, 205.966 mujeres (el 50,7% de las madres) cobraron la prestación por maternidad (16 semanas retribuidas), reservada a las madres empleadas). En 2002 (416.380 nacidos) la percibieron 224.419 madres (el 53,9%), según los datos de la Seguridad Social.
En 2003, año cuya cifra de natalidad aún se desconoce, cobraron la prestación 263.732 mujeres (incluidas unas 20.000 paradas, categoría que no se refleja en los datos de años anteriores). También ese año entró en vigor la deducción de 100 euros mensuales para las madres trabajadoras, que se sumó a la prestación por maternidad, limitada a 16 semanas retribuidas. La nueva deducción puede aplicarse en la declaración sobre la renta o recibirse como paga mensual, fórmula que se ha revelado mayoritaria.
Según explican en la Agencia Tributaria, el año pasado se beneficiaron de la ayuda mensual de 100 euros 609.000 madres trabajadoras y 675.000 hijos (biológicos o adoptados). Dado que supone 1.200 euros por niño, el gasto total ascendería a unos 810 millones de euros. Sin embargo, la agencia sólo dispone del coste que ha supuesto la ayuda en forma de paga directa: 500 millones de euros. A ello habrá que sumar el monto de las desgravaciones cuando concluya la actual campaña de declaración de la renta, explicaron en ese organismo.
El coste de la extensión de la ayuda a todas las familias podría duplicar casi el actual, ya que cerca de la mitad de las madres que son madres cada año carecen de empleo remunerado, según el cálculo realizado por este periódico a partir de los datos oficiales.
El Ministerio de Trabajo aún no ha estimado el coste de la extender la medida. En el Ministerio de Economía y Hacienda, que tiene la llave de las arcas públicas, guardaron ayer silencio sobre el anuncio de Caldera.
El menor gasto familiar de la UE
España está a la cola de la Unión Europea tanto en gasto social como en la parte de éste que se destina a las familias. Según los datos que acaba de difundir la oficina estadística comunitaria, Eurostat, en 2001 se mantuvo como el segundo país que dedicó menos porcentaje del producto interior bruto (PIB, la riqueza nacional) a gasto social. Destinó el 20,1%, frente a una media comunitaria del 27,5% (ver gráfico). Sólo quedó por detrás de Irlanda.
Además, España es el Estado que menos porcentaje del gasto social destina a la familia y la infancia: el 2,6% frente a una media comunitaria del 8%. Sin embargo, el dato de 2001 es algo más alto que el de años anteriores: en 1999 la proporción de gasto social para infancia y familia era el 2,1%.
De cada 100 euros de gasto social, en España se dedican 45,3 a pensiones de vejez (la media europea es de 46). El segundo gran apartado es la salud: se lleva el 30% del gasto social español y el 28,2% del europeo. La proporción que se dedica al paro (12,9%) duplica la media de la UE (6,2%). En cuarto lugar se sitúa el apartado de discapacidad (7,6% en España y 8% en la UE). Tras la familia, que ocupa el quinto puesto, se sitúa la exclusión social: 1,7% del gasto español y 3,6% del comunitario.
Eurostat, que ha estudiado la evolución del gasto social en los países de la UE entre 1992 y 2001, señala que se ha recuperado tras el decenso operado a partir de 1993, cuando se alcanzó un máximo del 28,8% del PIB, de media. Matiza que en 2001 se ha vuelto prácticamente similar en porcentaje al de 1992.
En cuanto al gasto por habitante, medido en una unidad artificial de poder de compra, el último lugar corresponde a Portugal (57 sobre una media de 100). Le siguen España e Irlanda, con 60, y Grecia (62). En cabeza se sitúan Luxemburgo (165), Dinamarca (122) y Austria (117).
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