Madrazo promete pagar en mayo a los represaliados por el franquismo

El Departamento de Asuntos Sociales, que dirige Javier Madrazo (IU), aseguró ayer por medio de una nota que a partir de mayo pagará las indemnizaciones a las personas represaliadas por el franquismo y dará un mes para que recurran aquellos a los que se les deniegue. Madrazo ha eludido desde octubre explicar el retraso de esas ayudas en el Parlamento, y ayer reaccionó con este anuncio a una proposición del PSE-EE que le emplaza a comparecer en la Cámara. El abono de las indemnizaciones acumula un retraso de diez meses, mientras en otras comunidades ya se están cobrando, lo que ha generado gran inquietud entre los 8.676 solicitantes, muchos de edad muy avanzada. Algunos incluso han fallecido en el tiempo transcurrido desde que formularon su petición, tras aprobarse en noviembre de 2002 el decreto que permite recibir una indemnización de 7.200 euros.

El anuncio del departamento se produjo sólo unas horas después de que el diputado socialista Jesús Loza presentara en el Parlamento una iniciativa que insta al Gobierno a "hacer efectivas de inmediato" las compensaciones a personas que sufrieron prisión durante el franquismo por supuestos contemplados en la Ley de Amnistía y a comparecer de urgencia para dar explicaciones.

Loza acusó al consejero Javier Madrazo de "cobardía política" por haber eludido la comparecencia parlamentaria que le pidió su grupo en octubre del año pasado y declaró "corresponsable por omisión" al lehendakari. El diputado socialista criticó la mala gestión que el departamento de Asuntos Sociales ha hecho a su entender de un tema tan sensible y la contrastó con la intensa campaña publicitaria sobre las indemnizaciones que realizó en su día.

El parlamentario denunció el retraso de diez meses (los plazos para analizar las peticiones concluyeron el 29 de junio del año pasado y aún no ha cobrado nadie) y también mostró sus dudas sobre la suficiencia del presupuesto destinado a las indemnizaciones. El Gobierno dispuso inicialmente 3,6 millones, que subieron luego hasta 18. Incluso así, Loza hizo ver que esa cantidad sólo alcanza para 2.500 personas, mientras las solicitudes son 8.676, según desveló ayer mismo el departamento.

La nota que ayer hizo pública el Gobierno dice que el retraso se ha debido a la falta de documentación acreditativa y aclara que el propio Ejecutivo ha contribuido en su búsqueda. Las solicitudes denegadas tendrán un mes para recurrir. Sin embargo, la nota no explica por qué no se ha pagado a quienes sí presentaron todas las acreditaciones exigidas. Algunas de las personas que tramitaron su petición el plazo se cerró el 28 de febrero del año pasado han fallecido en este tiempo. Familiares de algunos de ellos se han dirigido en términos muy duros al departamento y Loza argumentó ayer también con la inquietud sembrada en unas personas que han debido desenterrar sus peores recuerdos para pedir esa compensación. El Gobierno lamentó esa inquietud provocada por la demora.