Normas en fase de revisión

Chile se ha convertido en el modelo económico por seguir en Latinoamérica por su libre mercado y por sus reglas de juego estables. Sin embargo, inversores y analistas están alertando de que el Gobierno de Ricardo Lagos pretende cambiar algunas normas con la creación de un nuevo impuesto a la minería o la fijación de bajas tarifas de telefonía, electricidad o aguas.

Lagos cree necesario que Chile exporte productos y servicios de mayor valor añadido que el cobre, cuya cotización está en bajos niveles

Legisladores de la Concertación Democrática, la alianza de democristianos, socialistas y otras fuerzas que gobierna desde 1990 -tras la dictadura de Augusto Pinochet- impulsan la imposición de royalties (regalías) a las grandes mineras. Alegan que las empresas del sector aprovecharon los resquicios de la legislación para pagar la menor cantidad posible de impuestos o, directamente, nunca abonarlos, en un país en el que el cobre supone el 40% de las exportaciones.

La propuesta de los legisladores genera tal polémica que se barajan otras sustitutas: patentes a las explotaciones mineras o el adelanto del pago de impuestos, tal como admite el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre. Uno de los más poderosos empresarios chilenos y vicepresidente del Consejo Minero local, Jean Paul Luksic, opina que un nuevo gravamen al sector pone en riesgo futuros proyectos. También advierte del efecto negativo sobre la inversión extranjera, dado que en Chile existe un decreto ley que le otorga estabilidad tributaria por 20 años. Sus palabras se contraponen a las decisiones de inversores internacionales. La minera australiana BHP Billiton aprobó la semana pasada un proyecto de 1.044 millones de dólares para incrementar la producción en el mayor yacimiento de cobre del mundo, La Escondida.

Impuesto a la minería

Eyzaguirre calcula que el impuesto a la minería recaudaría 100 millones de dólares por año, que se destinarían a un fondo de promoción de nuevas tecnologías. El presidente Lagos está preocupado por recuperar los altos niveles de crecimiento de los años noventa y considera necesario que Chile exporte productos y servicios de mayor valor añadido que el cobre, cuya cotización se encuentra en su nivel más alto desde 1995.

Eduardo Engel, profesor de la Universidad de Yale, califica de legítimo que se imponga un tributo a la explotación de recursos de "todos los chilenos". No obstante, el catedrático chileno observa que el objetivo del Gobierno es político, dado que a fines de año se celebran elecciones municipales. La pobreza sólo afecta a un quinto de los 15 millones de chilenos, pero la distribución de la riqueza resulta desigual. El Estado recauda en impuestos el equivalente a sólo un 19,4% del PIB.

No sólo la minería pelea con el Gobierno. En mayo próximo, el Ejecutivo debe definir las tarifas de telefonía fija que regirán hasta 2009, y sus cálculos resultan muy distintos a los de Telefónica, que controla el mercado. Dentro del proceso legal que se cumple cada cinco años, el Gobierno propuso esta vez una rebaja del 36,2% en el precio de la llamada por minuto, ante la disminución en el costo del capital de la que goza el país. La compañía española sugirió un alza del 66%, pero un informe de una comisión de peritos independientes la llevó a recortar su petición a un 20% de incremento. En un país donde el 40% de la población carece de teléfono, la empresa advierte que la propuesta oficial reduciría los beneficios y la obligaría a adelgazar la plantilla.

En el sector eléctrico, el Ejecutivo también dirimirá el mes próximo la tarifa para los seis meses siguientes. La crisis energética de Argentina ha llevado a este país a disminuir sus exportaciones de gas a Chile, que precisa de esos envíos para generar el 37% de la electricidad que consume. El Gobierno planeaba bajar la tarifa por la inauguración de la central hidroeléctrica de Ralco, propiedad de Endesa, mientras las empresas del sector esperaban un aumento del 5%. Ante la menor importación de gas, que las centrales térmicas deben reemplazar con un combustible más caro, como el gasoil o el fueloil, Lagos admitió que se elevarán entre un 2% y un 3%.

Ya ha comenzado a discutirse la tarifa del servicio de agua potable y saneamiento para el periodo 2005-2010. El superintendente de los Servicios Sanitarios, Juan Eduardo Saldivia, acusó a Aguas Andinas, la operadora de Santiago cuyo 25,6% pertenece a Aguas de Barcelona (Agbar), de no entregar toda la información requerida para iniciar el estudio de la tarifa.