Un estudio destaca que la incineradora de Constantí contamina menos que el tráfico

Los tubos de escape de los vehículos emiten más toxinas y más metales contaminantes que la incineradora de residuos especiales ubicada en Constantí (Tarragonès), la única de sus características en España. Así lo ha determinado un equipo de investigadores de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (URV) tras comparar miles de análisis efectuados entre los años 1996 -antes de que la planta entrara en servicio- y 2003.

El coordinador del estudio, el catedrático de Toxicología de la URV Josep L. Domingo, añadió que la población de la zona, del mismo modo que el resto, ingiere más sustancias tóxicas a través de los alimentos que mediante las influencias de las emisiones.

Para el estudio se han tomado muestras de vegetales, de alimentos, de sangre humana y de leche materna, entre otras, que han permitido a los investigadores calificar de "insignificante" el riesgo para la salud de las personas que representa una planta incineradora. Aun así, a falta de un estudio epidemiológico en una zona afectada también por casi cuatro décadas de emisiones de la cercana industria petroquímica, la principal conclusión del análisis es que la planta incineradora -fuertemente criticada por colectivos ecologistas- no representa ningún "riesgo añadido" para la población.

41.500 toneladas

El consejero de Medio Ambiente de la Generalitat, Salvador Milà, admitió que Cataluña tiene un déficit en la gestión de residuos tras afirmar que este asunto es "la gran patata caliente" de un Gobierno que "hace bandera de la sostenibilidad".

De hecho, el año pasado la incineradora de Constantí quemó 41.500 toneladas de residuos, 6.500 por encima de su capacidad, mientras que más de 19.500 toneladas de desechos industriales especiales tuvieron que transportarse fuera de Cataluña para su proceso.

Fuentes de la Generalitat aseguraron ayer que el Gobierno catalán diseña un plan a medio plazo para afrontar este problema y Salvador Milà anunció medidas políticas encaminadas a que las empresas contaminantes reduzcan sus emisiones. En este sentido, Milà avanzó que próximamente se modificará la Ley de Impacto Ambiental de 1998 para permitir que la Administración catalana otorgue licencias de actividad a estas empresas después de analizar no sólo sus emisiones, sino también las del conjunto de la zona en que se ubicarían.