Un dirigente islamista y otro laico piden recortes del poder del rey de Marruecos

Uno de los más populares dirigentes islamistas moderados marroquíes, el diputado Mustafá Ramid, intentó propiciar un debate sobre el recorte de los enormes poderes del rey de Marruecos, pero el congreso de su formación, el Partido de la Justicia y del Desarrollo (PJD), concluyó ayer sin abordar ese delicado asunto. Al evento asistieron en Rabat unos 200 delegados y 10.000 militantes.

En vísperas del Congreso, Ramid publicó un artículo en el semanario As Sahifa, el de mayor tirada en árabe, en el que afirma que "el estatuto de Comendador de los creyentes", que el monarca ostenta, "no le confiere, desde el punto de vista del islam, poderes absolutos y no le convierte en una persona irreprochable a la que no se le pueden pedir cuentas". Ramid concluyó pidiendo la instauración de "un régimen político basado en la delegación de poderes (...) a un gobierno que represente a la mayoría parlamentaria resultante de la voluntad popular".

El año pasado, Ramid dimitió de la presidencia del grupo parlamentario del PJD a causa, según explicó, de las presiones del Ministerio del Interior. Poco antes Ahmed Raissuni también había renunciado a la presidencia de la corriente mayoritaria del partido tras poner en tela de juicio que el soberano tuviese que ser el jefe espiritual de los musulmanes marroquíes.

El secretario general adjunto del PJD, Saadedin el Otmani, declaró el sábado a la prensa que "la reforma constitucional no figura en el orden del día de los trabajos del congreso". Otmani, psiquiatra de profesión, fue elegido ayer secretario general en sustitución del histórico líder Abdelkrim Jatib, de 84 años, que se jubila.

El PJD es la tercera fuerza parlamentaria, aunque hubiese sido probablemente la primera si se hubiese presentado en 2002 en todas las circunscripciones electorales y no sólo en algo más de la mitad. El movimiento islamista con mayor capacidad de movilización es Justicia y Caridad, que dirige el jeque Abdesalam Yassin, y que no ha sido legalizado porque rechaza reconocer al rey el título de Comendador de los creyentes.

Coincidiendo con el pronunciamiento de Ramid, Abdelhamid Amin, presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, la organización más influyente en este ámbito, pidió "una Constitución democrática" en la que el poder no esté concentrado en manos del rey. La Constitución debe consagrar la separación entre "religión y política" y "destacar que es el pueblo la única fuente de poder en nuestro país".

Amin presentó el informe de su asociación sobre el año 2003, en el que denuncia "las detenciones en las filas de los integristas acompañadas de secuestros, tortura, juicios injustos y condenas que van hasta la pena de muerte".