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Maduro será juzgado por conspirar para inundar Estados Unidos de cocaína desde sus primeros pasos en el Gobierno

El expresidente venezolano ha aterrizado en un aeropuerto al norte de Nueva York pasadas las cinco de la tarde. Es trasladado a Manhattan, donde permanecerá encerrado hasta que comparezca ante un juez el próximo lunes

Nicolás Maduro, tras ser arrestado, a bordo del USS Iwo Jima. Imagen difundida por Trump en su red social, Truth.Vídeo: REUTERS

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha aterrizado este sábado en el aeropuerto Stewart, en New Windsor, al norte de la ciudad de Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo, según los cargos que ha adelantado la fiscal general, Pam Bondi, a través de redes sociales. La responsable del Departamento de Justicia ha precisado que el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, afrontan delitos de narcotráfico y corrupción en el tribunal del distrito sur de Nueva York. “Ambos enfrentarán pronto la ira de la Justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en juzgados estadounidenses”, ha escrito Bondi.

Maduro y su esposa llegaron alrededor de las 5.30 de la tarde al aeródromo neoyorquino a bordo de un Boeing 737 que recorrió lentamente la pista de aterrizaje antes de llegar al lugar asignado cerca de un hangar donde esperaban varias fuerzas del orden estadounidense. El sol ya se había puesto en plena tarde cuando un cansado Maduro bajó torpemente las escaleras del avión acompañado por varios soldados. El expresidente de Venezuela tenía las extremidades atadas por bridas por lo que sus movimientos eran parsimoniosos. Una veintena de agentes federales escoltaban al preso hasta un helicóptero que lo trasladará a Manhattan donde está la sede de la agencia antidroga (DEA), la que lo procesará por los delitos de narcotráfico.

El recluso permanecerá encerrado en el centro de detención del área de Brooklyn hasta que el próximo lunes comparezca en un tribunal federal, según informó The Washington Post.

La fiscal general, Pam Bondi, el equivalente en España al ministro de Justicia, ha publicado este sábado el nuevo documento de acusación con los cargos criminales contra Maduro. En el texto, de 25 páginas, un tribunal del distrito sur de Nueva York, donde se suelen llevar todos los casos de narcotráfico, relata cómo Nicolás Maduro y su esposa se enriquecieron durante su paso por el Gobierno de Venezuela y que tenían planes para inundar Estados Unidos de droga. “Durante más de 25 años, dirigentes de Venezuela han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones que alguna vez fueron legítimas para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos”, señala la introducción de la nueva denuncia.

El texto de acusación incide en que el presidente de Venezuela detenido por Estados Unidos comenzó a participar en operaciones del narcotráfico y corrupción desde sus inicios en la Administración venezolana. “Desde sus primeros días en el Gobierno venezolano, Maduro Moros ha mancillado cada cargo público que ha ocupado”, señala. Y repasa los tiempos en que era miembro de la Asamblea Nacional en los que supuestamente, según el documento, “movía cargamentos de cocaína bajo la protección de las fuerzas del orden venezolanas”. También cuando fue ministro de Relaciones Exteriores “proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó cobertura diplomática para aviones utilizados por lavadores de dinero para repatriar ganancias del narcotráfico desde México hacia Venezuela”. Y ya como presidente en sustitución del fallecido Hugo Chávez, “permite que florezca la corrupción alimentada por la cocaína para su propio beneficio, para el beneficio de los miembros de su régimen gobernante y para el beneficio de los miembros de su familia”.

La fiscal ha afirmado que Maduro y Flores han sido acusados de conspiración narcoterrorista y para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. En la publicación, Bondi se ha referido al dirigente chavista y a su esposa como “dos presuntos narcotraficantes internacionales”. El Ministerio de Exteriores venezolano calificó como una “patraña” las acusaciones de la Casa Blanca en noviembre pasado.

Washington ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares (unos 42,6 millones de euros) por Maduro, a quien identifica como el líder del llamado cartel de los Soles y de la banda criminal del Tren de Aragua. “En nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense y a nuestras valientes Fuerzas Armadas que llevaron a cabo esta increíble y exitosa misión de captura”, ha señalado Bondi.

Previamente, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado la captura del líder chavista y de su esposa, a manos de fuerzas estadounidenses en el ataque perpetrado esta madrugada contra objetivos en Venezuela. El republicano agregó que la pareja ya no se encontraba en suelo del país sudamericano en un mensaje en Truth, su red social.

Causas abiertas

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, ha recordado en otra publicación que el dirigente chavista tiene varias causas abiertas en el país norteamericano. Rubio se ha hecho eco de un mensaje que publicó en X en julio del año pasado en el que aseguraba que Maduro “no es presidente y su régimen no es el gobierno legítimo de Venezuela”. El mandatario, sostenía el secretario de Estado, “es el líder del Cartel de los Soles, una organización narcoterrorista que se ha hecho con el control de un país”.

Estados Unidos presentó cargos contra Maduro por corrupción, narcotráfico y otros delitos en 2020, en los últimos meses del primer mandato de Trump (2017-2021). Washington considera que el chavista perdió las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que se proclamó ganador aunque nunca llegó a publicar las actas de la votación. Sí lo hizo parcialmente la oposición, a la que esos datos divulgados y observadores internacionales, incluido el Centro Carter, otorgan un triunfo por mayoría de dos tercios.

El senador republicano Mike Lee, que inicialmente se había mostrado escéptico en redes sociales sobre la legitimidad del ataque estadounidense de este sábado contra Venezuela, declaró después que había hablado con Rubio y que el jefe de la diplomacia estadounidense le había indicado que Maduro sería llevado a juicio en Estados Unidos para afrontar los cargos de los que se le acusa desde hace cinco años.

Según esta versión, Estados Unidos se ha limitado a ejecutar la orden de arresto de Maduro. El ataque militar contra objetivos en Venezuela se llevó a cabo para proteger a los efectivos que detuvieron al líder chavista, por lo que “la acción probablemente entra dentro de la autoridad presidencial bajo el artículo 2 de la Constitución para proteger al personal estadounidense de un ataque en curso o inminente”, indicaba el senador Lee, al que Rubio descartaba más acciones militares estadounidenses en Venezuela tras la captura de la cabeza del régimen.

Antecedentes

Las acusaciones anunciadas por Bondi y el ataque militar ordenado por Trump recuerdan a la invasión de Panamá en diciembre de 1989. El dictador panameño, Manuel Noriega, se rindió y apartó del poder después de dos semanas de asedio de las fuerzas estadounidenses, en enero de 1990. Un año antes de la incursión militar, Washington había acusado a Noriega de tráfico de drogas en un tribunal federal de Florida.

Tras un juicio, que duró siete meses y en el que declararon 78 testigos, el general fue condenado en 1992 a 40 años de cárcel tras haber sido hallado culpable de ocho delitos de narcotráfico y blanqueo de dinero. “El proceso ha sido forzado por aquellos que me temen y que pensaron desacreditarme a través de acusaciones o matarme durante la invasión”, declaró Noriega.

En los últimos años, el Estado de Nueva York se ha consolidado como el epicentro de la ofensiva judicial de Estados Unidos como parte de la guerra contra las drogas. Fue en el tribunal del distrito sur donde fue condenado el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión por narcotráfico en junio de 2024, así como al pago de una multa de ocho millones de dólares por recibir sobornos del Cartel de Sinaloa. “Soy inocente”, afirmó el exmandatario centroamericano, detenido apenas 18 días después de abandonar el cargo, en enero de 2022.

Trump, sin embargo, anunció a finales de noviembre pasado que iba a indultar a Hernández, que durante años se presentó públicamente como uno de los principales aliados de Washington en el combate contra el crimen organizado. Unos días más tarde, a principios de diciembre, el expresidente salió de prisión, según constó en el registro penitenciario estadounidense y confirmó su esposa, Ana García, en redes sociales. El perdón del republicano se produjo en medio de intentos de la Casa Blanca de influir en las elecciones presidenciales celebradas el mes pasado en Honduras a favor del candidato conservador Nasry Asfura.

En el tribunal del distrito este de Nueva York fue juzgado Joaquín El Chapo Guzmán. El capo, antiguo líder del Cartel de Sinaloa, fue extraditado de México a territorio estadounidense en 2017 y sentenciado en julio de 2019 a cadena perpetua tras celebrarse el que se considera como el mayor proceso judicial por narcotráfico en la historia de Estados Unidos. El llamado juicio del siglo duró tres meses y el narcotraficante fue hallado culpable de 10 delitos por narcotráfico y blanqueo de dinero, en un fallo que los fiscales calificaron como “histórico”.

En 2024 fue el turno de Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, que fue procesado en el mismo tribunal que El Chapo, su antiguo aliado, tras ser secuestrado y entregado a las autoridades estadounidenses por uno de los hijos de Guzmán. Zambada se declaró culpable en agosto pasado de dos delitos de narcotráfico y delincuencia organizada para evitar ir a juicio.

Ahora, según ha asegurado Bondi, serán Maduro y su esposa quienes se sienten en el banquillo de los acusados. El caso del dirigente chavista marca un nuevo precedente. Ningún presidente latinoamericano en ejercicio del cargo ha sido juzgado en territorio estadounidense. Noriega y Hernández fueron procesados cuando ya no estaban en el poder.

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