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Reportaje:

"Se ha hecho justicia, pero yo vuelvo a hacer la calle"

La mujer a la que dos sentencias han reconocido sus derechos como chica de alterne pide que se legalice la prostitución

Con una notificación de la Seguridad Social en la mano, Maribel Martín, la primera prostituta a la que la justicia ha reconocido sus derechos laborales como chica de alterne, saboreaba ayer una victoria agridulce. "Estoy contenta porque se ha hecho justicia conmigo, pero desde que salió la sentencia ya ningún club quiere contratarme; ahora vuelvo a hacer la calle", explicó ayer.

Y es que esta mujer ha pasado por un verdadero calvario desde que hace poco más de un año decidió denunciar el club de alterne Costa Rica de Granollers (Barcelona), donde trabajaba, por haberla despedido de forma improcedente. "Cuando les pedí mi carta de despido me dijeron que lo que me darían era una patada en el culo", explica Maribel.

Y así comenzó un recorrido por la justicia que ha acabado con una sentencia judicial que obliga al club Costa Rica de Granollers a abonar 9.578 euros a la Seguridad Social en concepto de cotizaciones por el año que trabajó esta mujer en el local.

La sentencia, avalada después por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es para Maribel una victoria moral: "Somos muchas las mujeres que nos dedicamos al alterne y, por primera vez se nos reconoce nuestro trabajo y nuestros derechos como trabajadoras". La sentencia, sin embargo, sólo reconoce el trabajo de Maribel como chica de alterne y camarera, pero en ningún caso su labor como prostituta. "Espero que esto venga algún día. La prostitución debería ser legal. A quienes se debe perseguir es a los proxenetas", afirmó ayer esta mujer que asegura haber trabajado en el local como "camarera, limpiadora, chica de compañía y prostituta". "Allí hice de todo para sobrevivir", sentencia.

La Inspectora de Trabajo y Seguridad Social ya ha notificado, tanto a Maribel Martín como al club Costa Rica, el acta de liquidación provisional, que incluye la cotización del año de ocupación laboral (del 1 de junio del 2001 al 6 de junio del 2002) más los salarios de tramitación (hasta el 22 de noviembre del 2002).

De este modo, el Ministerio de Trabajo da cumplimiento a la sentencia que dictó el Juzgado de lo Social número uno de Granollers y que posteriormente ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Sin embargo, el futuro de Maribel no está nada claro. Tras las dos sentencias favorables, deberá afrontar un nuevo juicio tras denunciar a los responsables del club donde trabajaba por amenazas y robos en el local. Mientras espera este nuevo juicio, tiene que ganarse la vida con lo que ha hecho siempre, pero con una diferencia. "Ahora trabajo en la calle, pues a pesar de haber pedido de rodillas a algunos clubs de confianza que me dejen trabajar allí, todo el mundo me ha cerrado las puertas", dice. "Los empresarios de estos locales sólo viven por el dinero, no quieren saber nada de la palabra justicia", zanja.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de abril de 2004