6.000 transexuales exigen una ley que les asegure tratamientos gratuitos y el registro de su nombre

Los más de 6.000 transexuales españoles están "hartos de tener que ir arrancando derechos a golpe de sentencia", afirma la presidenta de la asociación Transexualia, Juana Ramos. El último intento de regulación -la Ley de Identidad Sexual del PSOE- fue bloqueado por el PP en la Comisión de Justicia del Congreso en 2001. El pasado día 25, un tribunal médico de la Armada reconoció a una mujer su condición de transexual y su derecho a reincorporarse a su puesto de cabo segundo. Desde que en 1983 se despenalizaran las intervenciones de reasignación de sexo, cada caso se tiene que batallar individualmente en los tribunales para conseguir que el Registro Civil reconozca el nombre y género con el que viven.

Los transexuales temen que después de años en la vanguardia del movimiento GLTB (gay, lésbico, transexual y bisexual), sus aspiraciones queden en segundo plano. "Después del parón del PP, es nuestra segunda oportunidad. Si no lo conseguimos ahora, no lo haremos nunca", afirma Mónica Martín, secretaria y fundadora, en 1987, de Transexualia.

Las peticiones son muy concretas: "Que podamos cambiar el nombre y el sexo en el Registro Civil de acuerdo con nuestro sexo psicosocial; que se reconozca nuestra experiencia vital, nuestro rol", afirma Pedro, de 33 años y transportista de una empresa de alimentación. Él tuvo que llevar el cambio hasta el final: hormonación, extirpación de mamas y reconstrucción genital (la llamada faloplastia) para que una sentencia reconociera en él al hombre que muestra su aspecto.

Hasta ahora han tenido que ganar cada derecho en los tribunales. El caso de la cabo segundo de la Armada María del Mar Gordo, readmitida por la Armada, es la última sentencia. Después de la modificación del Código Civil de 1983, en julio de 2007 una canaria consiguió inscribirse legalmente con otro nombre y sexo en el registro Civil, recuerda Carla Antonelli, del Área Transexual del Grupo GLTB del PSOE.

"Depende del juez"

"Pero cada caso depende del juez del Registro", afirma Martín. Por eso algunas cambian su nombre por otro más "ambiguo" (Reyes, Camino), que pueda servir para su sexo (masculino, según el registro) y su vida como mujer, explica.

Desde 1991, para conseguir la inscripción hace falta pasar por el quirófano. Pero este proceso es caro (sólo lo ofrece la sanidad pública de Andalucía y Extremadura) y peligroso, y no todos están dispuestos a operarse. "Yo he aprendido a construir mi género, pero la cirugía no se ajusta a lo que quiero. Actualmente, con ella no voy a tener una sexualidad plena", dice Martín. "En el caso de los hombres, la reconstrucción es todavía peor", dice José, un mensajero de 37 años.

El proceso cuesta más de 12.000 euros para la transformación de hombre a mujer, y más de 24.000 cuando es a la inversa, y tiene otra complejidad: encontrar al cirujano adecuado. Es en el momento en que se encuentra José. Ahora está de baja por un accidente con la moto, y no ve la forma de reunir el dinero.

La cirugía es sólo un paso. Antes, hay un proceso de unos dos años de hormonación, y múltiples retoques. "En los chicos, las hormonas preparan la operación. Hacen que sea más fácil la extirpación de los órganos genitales femeninos, y limitan el crecimiento de los pechos", apunta Pedro. "En las mujeres hay que incluir la depilación, implantes de silicona en los pechos y cirugía plástica para adecuar los rasgos. Depende de lo guapa que quiera verse una", dice Martín.

Para financiar estos cambios hace falta más dinero. "La de prostitución que he tenido que tragar para pagarlo", comenta Martín. Pedro, en cambio, ha tenido que recurrir a créditos. La solución sería que la Seguridad Social sufragara el proceso. "Una vez que se regularizara la situación de los que están en lista de espera [unos 3.000, según cálculos de Transexualia], serían unas 15 o 20 personas al año. Una cifra perfectamente asumible por el Estado", señala Antonelli.

Además de los papeles, el trabajo es uno de sus grandes problemas. "Hace falta una ley de discriminación positiva", apunta Antonelli. "Cuando vas a pedir un trabajo y ven tu DNI, no te lo dan", redunda Martín, que está en paro. "Yo he perdido dos trabajos, de pintor y fontanero, por eso", añade José. La excepción son "los funcionarios que comienzan el cambio cuando ya tienen plaza", indican. "Trabajar para el Estado es un seguro", señala Martín.

La solución está, de nuevo, en la ley que el PSOE ha prometido. "Sin ley no habrá papeles, y sin papeles no habrá vida normal, trabajo ni vivienda", remata Pedro.