La Generalitat anuncia que legalizará a las prostitutas y les dará cobertura social

El Gobierno catalán se comprometió ayer a dar reconocimiento "jurídico y profesional" a las personas que se dedican a la prostitución para que éstas "puedan disponer de una cobertura social adecuada, ya sea trabajando como autónomas o por cuenta ajena". Por boca de la presidenta del Instituto Catalán de la Mujer, Marta Selva, el Gobierno tripartito confirmó ayer que piensa desarrollar "durante esta legislatura" las modificaciones legislativas pertinentes para "dotar a las prostitutas de los mismos derechos que a los otros trabajadores".

Marta Selva explicó, durante una comparecencia en el Parlament, que su voluntad es que los y las trabajadoras sexuales tengan garantizada su "autonomía" para poder ejercer esta profesión, aunque dejó muy claro que este reconocimiento vendrá acompañado de duras medidas para evitar la explotación de menores y las situaciones de esclavitud. Selva se comprometió, asimismo, a impulsar programas de inserción social y laboral para aquellas prostitutas que quieran abandonar esta profesión.

El Gobierno catalán considera que la regulación de la prostitución es un paso más en la labor que ya emprendió el anterior ejecutivo de Convergència i Unió y que regulaba las condiciones higiénicas de los locales donde se ejerce la prostitución, los horarios de apertura y su ubicación. Esta primera regulación tomó forma de decreto, que fue aprobado en agosto de 2002.

Con la iniciativa anunciada ayer el Gobierno tripartito catalán pretende "reconocer" la prostitución para tener así más armas para luchar contra todas las formas de proxenetismo. En este sentido, la presidenta del Instituto Catalán de la Mujer señaló que "reforzará las medidas de vigilancia y seguridad", así como la coordinación policial e institucional, "para combatir el tráfico de personas". También anunció que el organismo que preside reclamará "un endurecimiento de trato penal de la explotación sexual de las mujeres" y velará por que "se asegure la protección de las menores".

Según Selva, el reconocimiento de la prostitución no debería topar con problemas legales o competenciales de la Generalitat, pues "el Gobierno catalán tiene plenas competencias en derecho laboral". Selva, sin embargo, reconoció que cualquier cambio legal que pueda introducir el Gobierno de Pasqual Maragall en este aspecto buscará "la armonización" en Cataluña y en el conjunto de España. Según Selva, el Gobierno catalán se limitará a intentar importar el modelo de países como Holanda donde la prostitución se ha legalizado y se promueve que las prostitutas coticen a la Seguridad Social.

Para ello se trabajará conjuntamente con las organizaciones no gubernamentales que ya atienden las problemáticas de las prostitutas y que trabajan para evitar su marginación.

Regular la prostitución fue uno de los compromisos fijados el pasado mes de diciembre en el acuerdo para la formación del nuevo Gobierno catalán, formado por el Partido de los Socialistas, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Verds.

Un estudio del mismo Instituto Catalán de la Mujer elaborado hace dos años aseguraba que el negocio de la prostitución suponía, en aquellos momentos, un volumen de 7.000 millones de euros anuales en Cataluña. El informe, elaborado con la colaboración de la Guardia Civil y diferentes ONG, daba cuenta de que la mitad de las prostitutas de esta comunidad era de nacionalidad española pero que el volumen de personas extranjeras que ejercían esta profesión era cada vez mayor.

En el conjunto de España la prostitución es la ocupación principal de cerca de 300.000 mujeres según reconoció en 2001 el Instituto de la Mujer, aunque siempre ha sido una cifra muy cuestionada y, por muchos, exagerada.