Cinco modelos legislativos en Europa

Una sentencia dictada en 2001 por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, con eficacia en todos los países de la UE, declaró que "la prostitución forma parte de las actividades económicas ejercidas de manera independiente". El Tribunal admite la prostitución como actividad económica "por cuenta propia" y "actividades no asalariadas", con la única exigencia de que se demuestre que el servicio se presta bajo responsabilidad propia, sin vínculos de subordinación y a cambio de una remuneración recibida por la prostituta íntegra y directamente. Pese al criterio único de esta sentencia en Europa conviven diferentes modelos legislativos.

- España. La prostitución no está legalizada ni penalizada, aunque sí el proxenetismo. El vacío legal existente ha sido llenado en los últimos años mediante decisiones judiciales que han condenado por no afiliar a la Seguridad Social a las prostitutas o por no asegurarlas, o que han anulado una denegación de la nacionalidad a una mujer por ejercer la prostitución. A nivel normativo, la institución española pionera en la materia fue el Ayuntamiento de Bilbao, que en 1998 aprobó una ordenanza que reguló los locales de alterne. Cataluña se sumó a este modelo en 2002.

- Holanda. Este país legalizó los burdeles en 2000 y equiparó el sexo a cualquier otro negocio. Con ello se pretendía que, al conceder el alta laboral y el régimen fiscal a las 30.000 prostitutas reconocidas oficialmente, se obstaculira el tráfico y la explotación de inmigrantes. Los dueños de los locales deben contar con permiso, y asegurar la higiene y los contratos laborales. Pero dos años después sólo se habían dado de alta 921 prostitutas. Bancos y aseguradoras siguen desconfiando las profesionales.

- Alemania. El Gobierno socialdemócrata y verde alemán promulgó una ley en 2002 para que las 400.000 meretrices del país pudieran tener Seguridad Social y dirimir en los tribunales sus conflictos con los clientes. El éxito ha sido relativo en cuanto a afiliación a la Seguridad Social y en solicitudes de contratos laborales que acarrearían el pago de impuestos.

- Suecia. En este país, el peso de la ley cae sobre los clientes: quien paga para obtener servicios sexuales sufre fuertes multas y puede incluso ir a prisión seis meses. La idea es llegar a incluir en la legislación represiva actividades como los servicios de acompañantes o la participación de profesionales en despedidas de solteros.

- Italia. El Gobierno de Berlusconi autorizó la prostitución en locales, pero la sancionó en la calle o en lugares públicos.