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Columna
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Impaciencia y sosiego

Fernando Vallespín

El "cambio tranquilo" predicado por Zapatero en la oposición presuponía acometer el relevo en la labor de gobierno con serenidad y sin revanchismos. Para ello era perentorio crear un nuevo escenario de debate político en el que se aflojaran las tensiones y la crispación de la anterior legislatura y se creara un clima de entendimiento y colaboración mutua entre las diferentes fuerzas políticas. Algo que no sería posible sin un respeto mutuo y una amplia lealtad de fondo a los nuevos modos de hacer política. El nuevo tiempo de cambio anunciaba también un nuevo tempo en la gestión de las tareas pendientes, más cadencioso y menos dado a las urgencias. El objetivo de alcanzar consensos lo más amplios posibles no casa bien con los apremios por ver satisfechas las legítimas aspiraciones de las diferentes fuerzas políticas. La única verdadera excepción a esta regla era la promesa electoral de retirada de las tropas españolas en Irak en julio si no se dan las condiciones por todos conocidas.

Ocurre, sin embargo, que no siempre pueden pararse los ritmos que vienen impuestos por decisiones políticas anteriores y por las previsiones temporales contenidas en su plasmación jurídica. El presente siempre está ocupado transitoriamente por algo que ocurrió en el pasado. Y muchas disposiciones normativas siguen vigentes a pesar de la muerte política de sus creadores, como esa luz que nos llega de las estrellas ya colapsadas. El vacío de poder no existe, y los nuevos Gobiernos son como pilotos de refresco que entran a conducir un coche en marcha y medio programado ya para seguir una cierta dirección. La Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE), aprobada por el PP en solitario durante la anterior legislatura, es un buen ejemplo de este tipo de disposiciones con capacidad para ocupar una buena extensión del futuro inmediato. Y no es sencillo, política y jurídicamente, entrar a reformarla sin los pertinentes trámites. Los cursos escolares tienen también sus tempos y exigen una planificación seria y rigurosa que no se compadece con la improvisación y las reformas a bote pronto.

La entrada en vigor de las previsiones establecidas por la LOCE, junto al ya conocido anuncio por parte del PSOE de que su reforma sería una de las prioridades del nuevo Gobierno, han precipitado algunas curiosas reacciones por parte de ciertas comunidades autónomas. Por un lado, revelan una lógica impaciencia por ver plasmado el nuevo escenario de la reforma educativa y una firme resistencia a dejarse colonizar por decisiones educativas pretéritas. Pero, por otro, anticipan también las dificultades a las que se va a ver enfrentado el nuevo Gobierno en su gestión del problema territorial. La posición del Gobierno vasco, en particular, emite la señal de que, contrariamente a lo que fueron sus iniciales gestos de bienvenida al cambio, va a aprovechar esta nueva situación de transición política para afirmarse frente al nuevo poder del Estado. Como si deseara marcar su territorio antes de iniciar las imprescindibles consultas requeridas para abordar el diseño de la nueva España plural.

La reacción del PSOE ha sido templada y de gran serenidad teniendo en cuenta su posición de Gobierno a la espera. Dadas sus convicciones sobre el tema y lo que se viene encima con la rigidez de los plazos, anunciar el establecimiento de una moratoria de dos años que suspende el calendario de aplicación de la ley parece lo más sensato. Aunque el verdadero reto reside en la auténtica búsqueda de consensos, en un verdadero pacto de Estado. Este acuerdo ha estado ausente en las diversas reformas educativas de este país (LODE, LOGSE, LOCE), llegando esta última a crear una confrontación límite entre alumnos, padres, y educadores, sobre todo en la escuela pública. Establecer un sistema educativo de calidad es demasiado importante como para adoptar posiciones ventajistas. No puede convertirse en arma arrojadiza entre comunidades y Estado o entre poderes públicos y grupos de interés, vengan de donde vengan. Pero es también uno de los ámbitos más sensibles para la misma autocomprensión de las diferentes unidades políticas. No parece que el cambio vaya a ser tan tranquilo como se esperaba.

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Sobre la firma

Fernando Vallespín
Es Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

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