La Casa Blanca acepta con condiciones que Rice declare bajo juramento

La presión de los 10 miembros de la comisión que investiga el 11-S y el temor del Gobierno de EE UU a ser acusado de falta de colaboración precipitó ayer un cambio en la Casa Blanca, que acepta ahora la comparecencia de la consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, en sesión pública y bajo juramento. El consejero legal de la Casa Blanca, Alberto Gonzales, exigió dos condiciones previas: certificar por escrito que la comparecencia no siente precedente y obtener el compromiso de que no se volverá a citar a Rice ni a otros consejeros del presidente George W. Bush. La comisión aceptó las condiciones.

Hasta primera hora de ayer, la Casa Blanca parecía empecinada en su negativa a permitir la comparecencia de la consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, ante la comisión que investiga el 11-S. Rice se reunió en febrero con los miembros de la comisión, pero en privado y con una limitación que impedía grabar o transcribir su intervención. La consejera ofrecía una nueva comparecencia bajo esas mismas condiciones, pero el Gobierno parece haber entendido que la negativa a aceptar una intervención pública y bajo juramento hacía cundir una impresión de oscurantismo que no beneficia al presidente, George W. Bush, en esta campaña electoral.

En una breve intervención ante la prensa, Bush justificó ayer la comparecencia de Rice al asegurar que la comisión desarrollaba "una tarea crucial". "Para impedir nuevos atentados, tenemos que comprender los métodos de nuestro enemigo", dijo el presidente.

A primera hora de ayer, la Casa Blanca distribuyó una carta enviada por el consejero legal del Gobierno, Alberto Gonzales, a los miembros de la comisión. En el texto, Gonzales asegura que el presidente Bush "está dispuesto a aceptar el testimonio en público y bajo juramento de su consejera de Seguridad Nacional", pero sujeto a dos condiciones. "Primero, la comisión debe aceptar por escrito que el testimonio de Rice no siente precedente para futuras solicitudes de la comisión, o solicitudes en cualquier otro contexto, para el testimonio de un consejero de Seguridad Nacional o cualquier otro cargo de la Casa Blanca".

"Segundo", concluye, "la comisión debe aceptar por escrito que no solicitará testimonio público adicional de ningún cargo de la Casa Blanca, incluida Rice".

A cambio, Gonzales concreta una oferta de comparecencia del presidente y del vicepresidente, que se habían comprometido a colaborar, pero nunca habían formalizado su aparición ante la comisión. Según Gonzales, tanto Bush como Dick Cheney aceptan comparecer, pero con condiciones: lo harán juntos, a puerta cerrada, y sólo ante los miembros de la comisión y un asistente que podrá tomar notas, pero no transcribir. En contrapartida, Bush y Cheney aceptan que estén presentes los 10 miembros de la comisión, no sólo el presidente y el vicepresidente, como exigían inicialmente.

La comisión aceptó las condiciones, aunque algunos políticos demócratas temían después que la letra pequeña pudiera contener trampas. Tal y como se ha pactado, la comparecencia de Rice y las de Bush y Cheney cerrarán la aportación del Gobierno a la investigación del 11-S. Si en su testimonio surgen divergencias de algún tipo, la comisión no podrá ni volver a solicitar su comparecencia ni la de otros cargos que puedan aclarar las disonancias.

Con todo, el acuerdo permitirá a los miembros de la comisión indagar en las acusaciones formuladas por el ex consejero antiterrorista de Bush Richard Clarke, que ha acusado al presidente de no tener ningún interés en luchar contra el terrorismo antes del 11-S y, sobre todo, de aprovechar esos atentados para imponer una agenda personal que incluía ineludiblemente la invasión de Irak.