Bruselas da dos meses a Gibraltar para que modifique otra vez su marco fiscal

La reforma del impuesto de sociedades propuesta por Gibraltar no es acorde con las normas de la UE sobre ayudas estatales y no será aplicada, según decidió ayer la Comisión Europea. La modificación era una respuesta a la legislación vigente -también considerada ilegal por Bruselas - que pretendía sustituir por un impuesto sobre el número de empleados, otro sobre la superficie y otro sobre eventuales beneficios, con un tipo que no superaría en total el 15%. La Comisión cree que el actual régimen fiscal no contribuye a una economía estable en la colonia y da dos meses a las autoridades para que presenten un nuevo plan sobre el que erigir una economía real con puestos de trabajo reales en el Peñón.

La decisión de ayer de la Comisión clausura dos procedimientos abiertos contra el régimen fiscal de Gibraltar aplicable a las sociedades obligadas a tributar, unas 1.400 de las 29.000 registradas en la colonia (tantas como habitantes). Las restantes, o bien figuran como sin ingresos (18.600), por lo que no tributan, o están sometidas a una legislación que las exime, previo pago de unas tasa fija de 250 o 300 libras esterlinas (225-450 euros). Este sistema de exención, del que se benefician unas 9.000 sociedades, procede de una ley de 1967, anterior a la entrada del Reino Unido en la UE, que será pronto examinada por Bruselas.

Las compañías no exentas se dividen en tres categorías. Entre ellas destacan las llamadas cualificadas, es decir, registradas en Gibraltar, con un capital de 1.000 libras, que no pueden tener acciones registradas fuera de la colonia ni desarrollar negocios en ella. Esas empresas operan como sociedades de inversión privada, de servicios financieros, marítimos o de consultoría, como entidades de juego u operadores de satélite, más un amplio abanico de actividades que oficialmente van desde la filatelia al comisionismo. Dan trabajo a unas 1.400 personas de las 14.000 en edad laboral del Peñón.

Las compañías cualificadas están gravadas con una tasa de entre el 2% y el 10%. Las no cualificadas y las de servicio público (telefonía, agua, electricidad...) tributan al 35%. Gibraltar sostiene que el impuesto de sociedades supone 13,7 millones de libras (unos 20 millones de euros), que cubren el 9,25% del presupuesto de la colonia.

La reforma del régimen sobre las sociedades cualificadas que exige Bruselas fue respondida por la administración colonial con una propuesta de aplicar a todas las compañías de la isla, incluidas las exentas, una carga tributaria que sería la suma de 3.000 libras (4.500 euros) por empleado más un impuesto sobre la propiedad ocupada. A eso se añadiría un impuesto sobre beneficios. La suma de todos ellos en ningún caso podría superar el 15% de los beneficios. Se mantenía la idea de que una empresa sin beneficios no tributaría.

Competencia desleal

La Comisión Europea responde que ese tope del 15% confiere gran ventaja a las compañías radicadas en Gibraltar frente a las sometidas al régimen tributario del Reino Unido, que grava con el 30% de los beneficios. Las compañías de la colonia podrían, si lo desearan, entablar actividad comercial en el resto de la UE con privilegios que convertirían su competencia en desleal.

La Comisión nota, además, que la propuesta fiscal discrimina entre sociedades, pues hay unas 8.000 en el Peñón que no son más que una simple dirección postal. La gran mayoría de las sociedades establecidas en Gibraltar las administra una persona (contable o gerente) que trabaja a tiempo parcial en actividades de gestión de activos, generadoras de ganancias que la legislación del peñón excluye de los cálculos de beneficios, frente a lo que ocurre en el Reino Unido.

La reforma propuesta constituye, según Bruselas, una ayuda de Estado no conforme con el Tratado. Gibraltar alega que era un modo de crear incentivos para sostener la economía colonial.Tras conocer la decisión de Bruselas, el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana anunció en Algeciras: "Se presentará un litigio por parte de Gibraltar y el Reino Unido", informa Cándido Romaguera. "Si se nos obliga a establecer un régimen fiscal como el del Reino Unido, se estará cometiendo un error muy grave, ya que estaría reconociéndose a Gibraltar como territorio del Reino Unido", añadió.