La oposición impone a Rabanera sus medidas de apoyo al empleo

La oposición impuso ayer al gobierno del PP en la Diputación de Álava una batería de medidas de apoyo al empleo, en su mayoría provenientes de una iniciativa socialista que luego fue transaccionada con el PNV y EA. Esto consituye una nueva evidencia de la impracticable minoría en la que se halla el ejecutivo provincial que preside Ramón Rabanera, con sólo 16 de los 51 componentes de las Juntas Generales.

El portavoz socialista, Ramón Jáuregui, resaltó esa circunstancia al preguntar en dirección a los bancos del PP: "Si nosotros les hacemos el plan [de apoyo al empleo y a la innovación y desarrollo tecnológico] y luego también les hacemos el presupuesto, ¿qué es lo que ponen ustedes? ¿sólo ocupan los asientos?"

En virtud de la moción aprobada ayer, Rabanera tiene la obligación de presentar antes de tres meses una propuesta articulada que recoja por programas, y con sus correspondientes previsiones y dotaciones presupuestarias, las medidas aprobadas ayer, para después someterla a debate en un pleno monográfico.

El texto presentado por el grupo socialista y asumido por el PNV y EA, muestra el "malestar"de las Juntas alavesas con el hecho de que la comunidad vasca sea "la única que no ha recibido las transferencias de empleo" e insta a los Gobiernos vasco y central "a encontrar una solución" para su traspaso , "tal y como establece el Estatuto de Autonomía del País Vasco y con respeto a sus especificidades económico financieras".La sesión de ayer constituye un ejemplo de libro de cómo un gobierno en minoría puede verse impelido a gobernar al gusto, al ritmo y con los contenidos que le imponga la oposición, si ésta es capaz de unirse. Y todo indica que, tras los resultados electorales del 14 de marzo, y con la excepción de lo relativo al plan Ibarretxe, que el PSE y el PNV fundamentalmente, pero también EA, como ayer, hallarán numerosos terrenos en los que encontrarse. E incluso de forzar a Ramón Rabanera a someterse a una cuestión de confianza, como ya empieza a pedir el PNV.

La moción aprobada, estima que la falta de acuerdo entre los gobiernos central y vasco para transferir las competencias en materia de empleo origina "una creciente ineficiencia en este servicio público esencial para los ciudadanos". También califica de "sencillamente inadmisible" que el Gobierno vasco y el Ministerio de Trabajo, a través del Inem, estén compitiendo y enfrentándose en este terreno" y asegura que lo hacen "a través de planes e iniciativas concurrentes y excluyentes". Ante esa situación, PSE, PNV y EA emplazan a la Diputación a liderar procesos de colaboración tanto con el Gobierno vasco como con el Inem.

El PSE aprovechó también la coyuntural mayoría articulada ayer con el PNV y EA para rechazar el decreto sobre la Formación Profesional aprobado por el Gobierno central en agosto del año pasado.

El acuerdo prevé la constitución de una Mesa Provincial para el Empleo en el que estarán representantes de la administración foral y de las organizaciones empresariales y sindicales. A instancias de PNV y EA, la enmienda transaccionada con el PSE incluyó en esa Mesa a representantes del Gobierno vasco y del Inem.

Uno de los objetivos prefijados es que ningún desempleado alavés pase seis meses sin acceder a una oportunidad de formación, práctica laboral o empleo. Otro es la creación de un programa específico para la orientación, formación e inserción laboral de las mujeres.

Las medidas también instan a la diputación a fijar condiciones para evitar que las ayudas o deducciones por inversión y traslados de empresas a polígonos de titularidad foral repercutan en reducciones de plantilla.

La Diputación tendrá que elaborar un plan de apoyo al autoempleo, con la obligación de contemplar la concesión de microcréditos sin avales y de subvenciones no reintegrables para la puesta de marcha de pequeños negocios. También deberá crear un vivero de empresas en el campus universitario alavés.

La Diputación tiene un plazo de tres meses para plasmar en una propuesta articulada todos los programas con las medidas específicas acordadas ayer y someterla a debate en un pleno monográfico, al que también deberá llevar las previsiones y dotaciones presupuestarias necesarias. Su aprobación depende absolutamente de la oposición.

El pleno de las Juntas Generales debatió también, y derrotó, una propuesta de Unidad Alavesa que pretendía instar una reforma constitucional para otorgar a las cámaras forales legitimidad para presentar recursos de inconstitucionalidad, en busca de la posibilidad de que el legislativo alavés pudiera recurrir el plan Ibarretxe.

Emilio Guevara

Todos los grupos, incluido el PP, votaron contra la propuesta por entender que es "innecesaria", pero el debate derivó inevitablemente hacia el proyecto del lehendakari y dio de sí al representante independiente del grupo socialista, Emilio Guevara, para anunciar que el plan "va a fracasar" y para pedir al PNV que "constitucionalice sus propuestas". Guevara criticó también a populares y socialistas por haber rechazado en su día el plan Ardanza, en el que, a su juicio, "se apuntaba la solución". "A consenso vasco, consenso en Madrid", remachó. Guevara estimó que el PP ha sido derrotado en las elecciones "por su incapacidad de ofrecer alternativas" y señaló: "Lo digo desde mi independencia, la línea Mayor Oreja-Nicolás Redondo ha fracasado".

El representante del PNV, Miguel Ángel Redondo, admitió que el plan Ibarretxe "puede ser un fracaso o un acierto, pero está hecho", dijo, " desde la cordialidad" y respeta las normas existentes, algo que le rebatió la popular Ainhoa Domaica, para quien "afecta a las instituciones forales y a la Constitución y no respeta los mecanismos de reforma".

Por otra parte, el pleno aprobó por unanimidad una declaración institucional de respeto a la comunidad árabe que vive en Álava y a la religión musulmana. El texto llama a la sociedad a "evitar procesos de culpabilización injusta (...] y criminalización de colectivos inocentes".