Bruselas declarará ilegal el paraíso fiscal de Gibraltar la próxima semana

La Comisión Europea tiene previsto declarar la próxima semana ilegal el régimen impositivo que convierte a Gibraltar en un paraíso fiscal del que se benefician 30.000 sociedades y buena parte de la mafia rusa que opera en la Costa del Sol. Según los datos del Gobierno español, Gibraltar es el quinto inversor en Rusia. El comisario de Competencia, Mario Monti, someterá al colegio de comisarios la recomendación de ilegalidad al considerar que ese trato fiscal de favor en la colonia menoscaba el mercado único europeo y viola la ley comunitaria de ayudas de Estado.

La investigación llega a su final tras varios retrasos promovidos por el Reino Unido, que propuso la reforma fiscal que ahora rechaza Monti. El régimen fiscal del Peñón ya atrajo el interés de Bruselas en 2001, por liberar a numerosas sociedades de cargas tributarias que rigen en la Unión Europea (30% de los beneficios en el Reino Unido o 35% en España) y permitir que otras liquidaran sólo tasas en torno a los 400 euros anuales.

Tras aquellas pesquisas, Londres endureció la fiscalidad de la colonia al obligar a todas las compañías que pagaran impuestos en función de sus plantillas, a razón de 3.000 libras esterlinas (unos 4.400 euros al cambio actual) por empleado, pero no según sus beneficios. La ley tenía dos espléndido agujeros: pocas de las sociedades registradas en Gibraltar tienen empleados y es normal que muchas de ellas no declaren beneficios. También establecía que, en caso de que las empresas tuvieran que liquidar obligaciones tributarias, nunca pudieran superar o el 15% de los beneficios o las 500.000 libras (casi 750.000 euros).

Ayuda de Estado

La Comisión ha estado analizando desde octubre de 2002 si este tratamiento fiscal supone una ayuda de Estado ilegal distorsionadora del mercado único europeo al permitir operar a las empresas y sociedades radicadas en la colonia en condiciones de gran ventaja financiera sobre las del resto del continente. El resultado de las pesquisas es que tal régimen fiscal debe ser suprimido, según fuentes comunitarias. La alternativa es establecer uno que respete el derecho comunitario, de modo que en Gibraltar se tribute el mismo 30% que grava el beneficio de sociedades en el Reino Unido. También se podría obligar a las sociedades hasta ahora beneficiadas a reembolsar las cantidades ahorradas.

El Gobierno español ha seguido con mucho interés el caso, que podría convertirse en un arma contra la transformación de la colonia en un centro internacional de contrabando y blanqueo de dinero. Madrid tiene informes que evalúan en más de 10.000 millones de euros el blanqueo de dinero en Rusia, país que tiene a Gibraltar como quinto inversor tras Estados Unidos, Chipre, Alemania y Holanda. Las autoridades españolas sospechan que buena parte del dinero que sale de la colonia hacia Rusia es controlado por la mafia rusa que opera en la Costa del Sol.

Al lanzar Monti en verano de 2001 su campaña contra regímenes fiscales ventajosos como el de Gibralatar, pero también en Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Bélgica, señaló que no trataba de interferir con la competencias de los Estados. "La Comisión, como guardiana de las normas de la competencia debe controlar las ayudas estatales en cualquiera de sus formas: subvenciones, garantías o regímenes fiscales favorables", dijo.

Gibraltar plantea problemas también a la Comisión en el terreno electoral. España acaba de presentar ante el Tribunal Europeo de Justicia una demanda contra el Reino Unido por permitir a ciudadanos no comunitarios de Gibraltar votar en las elecciones europeas.

La legislación comunitaria autoriza el voto de ciudadanos europeos en los comicios locales y para el Parlamento Europeo. España objeta que se equipare el concepto de súbdito británico, que se aplica a los residente procedentes de los países de la Commonwealth, con el de ciudadanos británicos y que se extienda a los de la colonia el derecho de voto, unos 300.