Sadam, a la espera de un juicio sin fecha

El juicio no tiene fecha. Pero es seguro que Sadam Husein y 43 dirigentes del régimen baazista capturados afrontarán durísimas condenas -sin descartar la pena de muerte- por los delitos de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra perpetrados en Irak durante la dictadura (1968-2003), en el conflicto con Irán (1980-1988) y durante la invasión de Kuwait, en 1990.

El proceso, regulado por el Estatuto del Tribunal Especial iraquí, será público y se celebrará en Irak. No será un tribunal internacional, como los que se constituyeron para la antigua Yugoslavia, Ruanda y Timor Oriental. El estatuto prevé que los jueces y fiscales han de ser iraquíes, aunque "el Consejo de Gobierno podrá nombrar jueces extranjeros que tengan experiencia" en este tipo de delitos. Estados Unidos logra así evitar la implicación directa de la ONU, organismo que no avaló la invasión. Y también que se reproduzca el dislate jurídico de Guantánamo, donde 600 supuestos terroristas islámicos -"combatientes ilegales"- no tienen derecho a nada.

Diversas ONG y Gobiernos europeos se oponen a la aplicación de la pena de muerte

Lo que sí se conoce a ciencia cierta son los hechos por los que Sadam será juzgado

"Mejor juzgarle en semanas que en meses". Manifestaciones de esta índole fueron frecuentes en boca de funcionarios de la Administración de George W. Bush en las jornadas posteriores a la captura de Sadam Husein. Eran días de relativa euforia después de que los soldados estadounidenses hallaran al tirano en su agujero de Al Duri, al sur de la ciudad de Tikrit, su feudo natal, el 13 de diciembre. Pero han pasado tres meses desde la detención y no es previsible que el juicio arranque en breve.

Un alto funcionario del Departamento de Justicia de EE UU reveló el pasado día 7 que 50 fiscales, investigadores, expertos legales y forenses viajarán a Bagdad para preparar el proceso. Dicho funcionario aseguró que "en las próximas semanas" estos especialistas se reunirán con miembros de la Oficina del Asesor para Crímenes de Guerra. Ante la pregunta de cuándo comenzarán las vistas, el funcionario fue lacónico: "Eso depende de los iraquíes", a pesar de que cualquier iniciativa deba ser aprobada por la Autoridad de la Coalición para prosperar, al menos hasta el 30 de junio, fecha prevista para el traspaso del poder a un Ejecutivo iraquí. Lo que sí se conoce a ciencia cierta son los hechos que serán juzgados en este tribunal: las atrocidades cometidas por las diferentes fuerzas militares de Sadam Husein en el Kurdistán durante la campaña Anfal, entre 1987 y 1988, en la que fueron exterminados 100.000 kurdos, según las estimaciones más prudentes, y 4.000 pueblos fueron destruidos.

Los chiíes, un 60% de los 25 millones de iraquíes, tampoco se libraron de la represión brutal del régimen baazista. Nada más concluir la Guerra del Golfo, en marzo de 1991, el Gobierno iraquí desató una fuerte represión contra los seguidores de esta rama del islam, que se habían rebelado contra el régimen confiando en que Estados Unidos les apoyaría tras el final de la guerra. Les dejaron en la estacada.

Ya hay 100.000 casos documentados de ejecutados o desaparecidos. La ONG Human Rights Watch calcula que entre 1979 y 2003 unas 300.000 personas fueron asesinadas por el régimen de Sadam. El país está plagado de fosas comunes. Al menos, 118. Y aunque la Asociación de Prisioneros Políticos conoce su ubicación, sólo la ha comunicado a la Autoridad Provisional de la Coalición, dirigida por el diplomático estadounidense Paul Bremer, para evitar que los deudos de las víctimas se lleven los restos para enterrarlos de nuevo. Ya ocurrió cuando se descubrió la primera decena de fosas el verano pasado. De repetirse, se perderían pruebas imprescindibles para la acusación.

La acumulación de pruebas y testimonios también contribuye a demorar el arranque del juicio. La organización Human Rights Watch asegura que la gravedad de los delitos exige que las pruebas demuestren la culpabilidad de los acusados "más allá de cualquier duda razonable". Y la recogida de pruebas, las prácticas forenses, y la recopilación de cientos de miles de testimonios no puede ser cosa de semanas.

Además de rechazar las prisas, las principales ONG han preferido siempre que Sadam Husein, Tarek Aziz, Alí Hasan al Majid, Alí el químico, o Taha Yasin Ramadan, algunos de los prebostes del régimen encarcelados, fueran juzgados por un tribunal penal internacional.

El hecho de que la potencia ocupante, EE UU, no haya suscrito el estatuto de la Corte Penal Internacional hace más que improbable que Washington acepte la constitución de un tribunal, al modo de los de Ruanda o la antigua Yugoslavia. La máxima concesión a la internacionalización puede ser la aceptación de la participación de magistrados extranjeros como asesores, tal como expresó en enero Dara Nurredine, miembro del Consejo de Gobierno Iraquí, tutelado estrechamente por Bremer. También el presidente Bush -empleando otro concepto confuso, como el de "combatientes ilegales" para los presos de Guantánamo- aseguró en diciembre que Sadam sería juzgado "bajo supervisión internacional".

A lo que se oponen Human Rigths Watch y Amnistía Internacional tajantemente, además de muchos Gobiernos, entre ellos el británico, es a la aplicación de la pena de muerte, prevista por la legislación iraquí y que estaría vetada en un tribunal internacional. Entre los miembros del Consejo de Gobierno predominan los partidarios de ejecutar a Sadam y sus cómplices. Y, en las calles iraquíes, muchos de los que la rechazan no lo hacen por convicción humanitaria. No quieren que sea ajusticiado porque ello supondría muy poco sufrimiento para el dictador.

No faltan tampoco los expertos que niegan toda legitimidad al tribunal creado en Bagdad porque estará integrado por magistrados elegidos por el Consejo de Gobierno, en un proceso de designación controlado por la potencia de ocupación. Las principales ONG hablan del riesgo de que finalmente impere la venganza más que la justicia.

Pero este juicio tiene, además, riesgos para Estados Unidos y otras potencias occidentales, especialmente Francia. Si es evidente que Sadam Husein gaseó a los kurdos y que utilizó otras armas químicas en la guerra contra Irán, también es notorio que el dictador gozó del respaldo de las potencias occidentales, muy alarmadas en la década de los ochenta por el devenir del régimen del imam Jomeini en Irán. Sadam Husein estaría en disposición de revelar escabrosos entresijos: ¿qué países le proporcionaron la capacidad para fabricar las armas prohibidas y con qué finalidad?

Las partes acusadoras serán numerosas. Desde hace tres meses, en oficinas creadas en todo Irak, se recopilan testimonios, documentos y todo tipo de pruebas que pueden ser aportados por cualquier ciudadano. Los obstáculos para la instrucción del proceso, por la falta de medios humanos y materiales que aqueja a la justicia iraquí, son incontables. Y hay que sumar a estos problemas el hecho de que los jueces y magistrados constituyen uno de los objetivos de los insurgentes iraquíes.

En el proceso también se personarán países que han sido víctimas de algunos de los desmanes del tirano iraquí. Irán -por los ataques con armas prohibidas sufridos durante la contienda con Irak-, Kuwait -por la invasión del emirato el 2 de agosto de 1990- e Israel -por los ataques con misiles Scud durante la primera Guerra del Golfo- están preparando querellas.

"Sadam Husein merece ser ejecutado, pero eso depende de los iraquíes", afirmó Bush pocas fechas después de la captura. Sea cual sea la condena, el prisionero de guerra Sadam Husein tiene todas las papeletas para convertirse de nuevo en protagonista. Pero la delicada situación en Irak y la coyuntura política en EE UU, que celebra elecciones presidenciales en noviembre, no permite fijar el cuándo.