El juez dicta prisión incomunicada para los cinco primeros detenidos por el atentado

El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo envió ayer a prisión a los tres marroquíes y a los dos indios que fueron detenidos el pasado sábado por su presunta vinculación con los atentados del 11-M. El magistrado, a petición del fiscal Jesús Santos, ordenó el ingreso de los cinco en la prisión de Soto del Real (Madrid), incomunicados por cinco días prorrogables a la espera de los datos que puedan aportar los otros cinco detenidos que aún no han pasado a disposición judicial. Los marroquíes Jamal Zougam, de 30 años; Mohamed Chaoui, de 34, y Mohamed Bekkali, de 31, están imputados por pertenencia a una organización terrorista, más de 190 asesinatos y 1.400 tentativas de asesinato, estragos terroristas y sustracción de vehículo.

Zougam no supo explicar cómo dos testigos le vieron en uno de los trenes

En la operación participaron unos diez terroristas, según la investigación judicial

A Suresh Kumar y Vinay Khohy, ciudadanos indios, que fueron los primeros en declarar, el juez les imputa por delitos de colaboración con banda terrorista y falsificación en documento mercantil en concurso con defraudación. Es decir que su participación en los hechos fue vender las tarjetas y los teléfonos que luego fueron utilizados como temporizadores de las bombas.

En las siete horas que duraron las declaraciones, los cinco detenidos negaron cualquier participación en los hechos que se les imputan y aseguraron que en el momento del atentado se encontraban durmiendo en sus respectivos domicilios. Igualmente rechazaron cualquier vinculación con organizaciones terroristas, incluida Al Qaeda.

Jamal Zougam, al que se atribuye en fuentes de la investigación un papel relevante que podría ser el de coordinador de la operación, se había negado a declarar ante la policía y se había limitado a afirmar que por encima de él "sólo está Dios", y que eso era lo único que le preocupaba. Durante la madrugada del viernes, sin embargo, respondió a todas las preguntas formuladas por el juez y el fiscal y según fuentes de la Audiencia, concluyó su declaración llorando.

Zougam, que como sus compañeros declaró asistido de abogado de oficio, no levantó la vista del suelo mientras rechazaba las imputaciones. No supo explicar por qué tenía en su poder un teléfono y una tarjeta SIM idénticos al de la mochila-bomba que fue desactivada por los Tedax en la Comisaría de Vallecas. Zougam no fue preguntado por el trozo de baquelita encontrado en el locutorio de Lavapiés, que coincide con el pedazo que falta del teléfono móvil que actuaba de temporizador en la bomba desactivada. Ni el juez ni el fiscal conocían la existencia de ese material que, según fuentes de la investigación, le será remitido junto con un nuevo informe próximamente.

Zougam tampoco supo explicar cómo dos testigos le reconocen sin ningún género de dudas como una de las personas que estuvo en uno de los trenes de la muerte. Alegó que él se encontraba en esos momentos en la cama.

Preguntado por sus vinculaciones con el presunto jefe de la célula española de Al Qaeda, Imad Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdad, Zougam precisó que le conocía del barrio, pero que perdieron el contacto entre ellos, cuando Abu Dahdah ingresó en prisión en noviembre de 2001.

Jamal Zougam denunció ante el juez y el fiscal haber sido objeto de malos tratos en comisaría. Indicó que había recibido algunos puñetazos en el abdomen y algunas bofetadas y golpes en la cabeza. Sin embargo, el médico forense de la Audiencia Nacional que le ha visitado diariamente informó al juez que el detenido no mostraba ninguna lesión compatible con las agresiones que denunciaba.

Los otros cuatro detenidos, al contrario que Jamal Zougam, afirmaron que el trato había sido correcto.

Tras la declaración, Zougam fue conducido de nuevo a los calabozos donde permaneció rezando día y noche.

Su hermano Mohamed Chaoui reiteró varias veces su inocencia. Indicó que la mañana del atentado se despertó a las 9.45 y que su hermano Jamal estaba durmiendo a su lado. Chaoui, sin embargo, quiso marcar distancias con su hermano al señalar que ambos son muy distintos y que Jamal es "muy religioso".

Mohamed Bekkali, el tercero de los marroquíes, proclamó su inocencia a gritos. Explicó que la mañana del 11-S un compañero de piso le había despertado a las 10.55 y le informó de que se había cometido un grave atentado en la estación de Atocha. No obstante, según dijo, a las 11.05, es decir, diez minutos después, se encontraba trabajando en su negocio.

Aunque evidentemente todavía es prematura una eventual condena, el delito de pertenencia a banda terrorista está castigado con penas aproximadas de 10 años de cárcel; los asesinatos, 30 años cada uno; las tentativas de asesinato, a penas de 18 años; los estragos terroristas, entre 8 y 12 años y el robo de vehículo, dos años. Por tanto, en caso de ser condenados por todos los delitos por los que están imputados, los tres marroquíes podrían ser condenados a más de 30.000 años de prisión, la más alta pena que se hubiera impuesto nunca en la historia judicial española. Hasta ahora, la pena más elevada correspondía a los autores de la matanza de Hipercor, con 794 años de prisión, cada uno por 22 asesinatos.

A pesar de ello, y el endurecimiento de la legislación contra los terroristas tras la reforma del Código Penal, la pena máxima de prisión que cumplirán los terroristas autores de los atentados del 11-M será de 40 años. Anteriormente el límite máximo de cumplimiento de prisión era de 30 años.

Material barato

Expertos antiterroristas niegan la aparente sofisticación de los atentados de la que se habló en un primer momento. "Solo había voluntad de matar", señalan. Los materiales utilizados, su preparación y puesta en funcionamiento son muy elementales.

La supuesta sincronización para volar toda la estación de Atocha no va más allá del mero conocimiento de los horarios de los trenes. El presupuesto también ha sido bajo y se calcula que en toda la operación intervinieron unos 10 activistas.

Estos expertos también han diferenciado claramente entre el terrorismo etarra y el islámico. Mientras los primeros tienen una dirección y están organizados jerárquicamente, los grupos islámicos están formados por grupúsculos o células que no tienen una dependencia directa del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden.

El funcionamiento es muy diferente. Los integristas islámicos reciben una formación en campos de entrenamiento de Afganistán, Bosnia, Chechenia u otros lugares sobre armas y explosivos y sobre la opresión de occidente sobre los países islámicos y se les prepara para la Jihad o guerra santa.

Luego, esos mujahidines se infiltran en barrios o zonas deprimidas de los países occidentales donde tratan de captar a los musulmanes que allí residen y forman a su vez células independientes. Ellos conocen la consigna general de Bin Laden, y tratan de ejecutarla con los medios a su alcance, aunque no conozcan a Bin Laden ni tengan dependencia orgánica o jerárquica en su organización.

Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón puso ayer en libertad a Ali Amrous, el argelino detenido en San Sebastián por la Ertzaintza. Amrous fue detenido el pasado 15 de enero en el marco de una operación contra el trapicheo de droga y amenazó a los agentes diciendo que dos meses después iba a haber muchos muertos en la estación de Atocha de Madrid. Garzón ha recibido los informes policiales y de inteligencia sobre el argelino que han resultado negativos, por lo que sus afirmaciones se atribuyen a una coincidencia.