El secretario de Estado de Seguridad podrá derribar aviones suicidas como los del 11-S

El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, tiene en su mano el gatillo para ordenar el derribo de un avión de pasajeros secuestrado por terroristas que pretendan utilizarlo como arma de destrucción masiva, según el modelo del 11-S de 2001. Astarloa, por delegación del presidente en funciones, José María Aznar, ha sido designado "autoridad nacional" para hacer frente a un avión renegade (renegado, según la terminología de la OTAN), dentro del plan de seguridad aprobado el pasado miércoles por el Gabinete de Crisis, como consecuencia de los atentados del 11 de marzo en Madrid.

El plan extraordinario de seguridad puesto en marcha para afrontar la amenaza del terrorismo radical islámico prevé la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de vigilancia de instalaciones estratégicas, fronteras y vías férreas, así como en la defensa del espacio marítimo y aéreo.

Esta última misión, que corre a cargo de los cazas del Ejército del Aire y del Mando de Artillería Antiaérea del Ejército de Tierra, está dirigida a disuadir y, en último extremo, frustrar un ataque con aviones civiles secuestrados. Como último recurso, si fallasen todas las medidas para impedir que un terrorista tomase el control de un avión o disuadirle de estrellarlo contra un objetivo más valioso que las propias vidas de los pasajeros, se prevé la posibilidad de ordenar su derribo.

La masacre del 11-M ha obligado al Gobierno a contestar ahora una pregunta pendiente desde hace más de dos años: quién es la autoridad competente para ordenar el derribo. Dada la trascendencia de la decisión, se trataba de buscar un responsable político de alto nivel, pero no tan alto que no estuviera inmediatamente disponible en caso necesario, cuando habría que decidir en muy pocos minutos.

El derribo de un avión civil sólo podría ordenarse si, con los datos disponibles, se llegase a la conclusión de que se está ante un "ataque inminente" de grandes proporciones y no evitable por otros medios, lo que supone una apreciación subjetiva y una decisión de alto contenido político.

La autoridad designada ha sido el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, responsable de todo el plan, en el que intervienen efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, las policías autonómicas y las Fuerzas Armadas.

El Gobierno ha seguido el modelo que ya aplicó con motivo de la cumbre europea de Sevilla, en junio de 2002, durante la presidencia española de la UE. También entonces delegó esta potestad en Pedro Morenés, que era en aquellas fechas secretario de Estado de Seguridad. Dicha delegación se limitó a los días de la cumbre, mientras que la actual tiene carácter indefinido, mientras dure la vigencia del plan.

El control del espacio aéreo corresponde al CAOC (Centro de Operaciones Aéreas Combinadas) de Torrejón de Ardoz (Madrid). Aunque este centro está integrado en la red de la OTAN, la competencia para ordenar el derribo de un avión civil es nacional. Desde los atentados de Nueva York y Washington, en septiembre de 2001, la OTAN ha urgido a los países miembros a que designen a sus "autoridades nacionales" para alertas de tipo renegade. Uno de los últimos en hacerlo ha sido Alemania, que en noviembre pasado aprobó un proyecto de ley para otorgar al ministro de Defensa y, en su defecto, el de Asuntos Exteriores, esta potestad. España, que no lo había hecho aún, lo ha designado a través de una directiva. Ello obliga a establecer una línea caliente entre el Mando Aéreo de Combate, del que depende el CAOC de Torrejón, y Astarloa.

Las Fuerzas Armadas españolas realizaron, el 28 y 29 de noviembre de 2001, un ejercicio simulado denominado Jointex DA-01 que ensayaba la reacción ante el secuestro de 22 aviones civiles en Madrid, Sevilla y Cádiz. Según el resultado de dicho ejercicio, 15 de los 22 aviones fueron derribados por cazas y cuatro abatidos por misiles antiaéreos. Uno se coló y otros dos se perdieron. El problema es que el que llegó hasta el centro de Madrid era el primero de todos, que contaba con el factor sorpresa.

El Estado Mayor de la Defensa llegó a la conclusión de que la única forma de garantizar el derribo, salvo que el avión se detectase fuera del espacio aéreo español, era contar con cazas permanentemente en vuelo o armas antiaéreas desplegadas (en el ejercicio se emplearon 33 lanzadores de misiles y una fragata), lo que supone un alto coste económico.

Además de la defensa aérea, las Fuerzas Armadas colaborarán en la vigilancia de las aguas territoriales y de centros estratégicos (centrales eléctricas, nudos de comunicaciones, depósitos de combustible), así como de las fronteras y vías férreas, mediante patrullas estáticas o móviles.

También aportarán sus medios de Defensa NRBQ (Nuclear, Radiológica, Biológica y Química) para hacer frente a una agresión con armas no convencionales. Las fuentes consultadas indicaron que aún no se sabe cuántos efectivos militares participarán, ya que todos los objetivos no se cubrirán a la vez y se fijarán prioridades en función de la evolución de la amenaza.