Parón a la Ley de Calidad de la Educación

La educación no puede esperar hasta mayo, a que se incorpore el nuevo Gobierno, para la toma de decisiones. Las primeras reformas de peso de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) se empiezan a aplicar en septiembre y las comunidades autónomas y las editoriales necesitan saber si deben o no prepararse en estos meses para su puesta en marcha.

El PSOE planea "posponer la aplicación de la LOCE hasta su eventual modificación", según anuncia la responsable de Educación en la Ejecutiva socialista, Carme Chacón. Para paralizar esta ley sólo es necesario que el nuevo Gobierno socialista apruebe un real decreto que modifique el que regula su calendario de aplicación.

"Una vez retrasada la ejecución, se abrirá un proceso de diálogo para hacer las modificaciones con el consenso de las comunidades autónomas", explica Chacón. "Ahora tenemos que empezar a hilvanar las costuras de los consensos rotos en los últimos tiempos con las comunidades y las organizaciones educativas", dice la responsable de Educación socialista.

La reforma de la asignatura de Religión y su alternativa no se aplicará el próximo curso

De hecho, Carme Chacón empezará por reunirse ya el próximo jueves en Madrid con los consejeros de Educación de las siete comunidades autónomas gobernadas por el PSOE (Andalucía, Asturias, Aragón, Cantabria, Cataluña, Castilla La-Mancha y Extremadura) para tratar estas cuestiones.

Reestructurar plantillas

La mayoría de las comunidades (incluidas algunas gobernada por el PP) ya expresaron hace meses al Ministerio de Educación la complicación que suponía reestructurar las plantillas con tan poco margen para adaptarlas a los itinerarios así como para prepararse para la modificación de los contenidos en el currículo.

Con el aplazamiento de la aplicación de la LOCE, los socialistas pretenden seguir fielmente la línea de "diálogo y prudencia" que viene defendiendo desde su nombramiento al frente del PSOE el que será el próximo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, según explica Chacón.

Otra cuestión que preocupa a los socialistas es "causar el mínimo perjuicio a los estudiantes" con cambios consecutivos de planes de estudio, así como a todos los sectores implicados. Para ello, se proponen mantener un "tono moderado y abrir vías de negociación, reflexión y pacto".

La reforma del PP prevé que el próximo curso se empiecen a aplicar la separación de los alumnos en itinerarios en tercero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), la modificación de las enseñanzas comunes de 1º y 3º de ESO, de 1º de primaria, de los Programas de Iniciación Profesional y de Bachillerato.

También contempla la implantación de la educación preescolar de 0 a 3 años (la actual primera etapa de primaria) a la que añade el carácter asistencial al educativo y la puesta en marcha de la reforma de la educación religiosa para establecer la obligación de estudiar desde los 6 a los 17 años bien Religión Católica o bien Hecho Religioso, siendo éstas además computables para la nota media a todos los efectos en primaria y ESO.

Con el retraso de estas reformas, de momento, la educación seguirá como está actualmente: los contenidos comunes -los que establece el Gobierno para toda España, que representan el 65% en las comunidades con una lengua propia y el 55%, en las que tienen dos- no sufrirán las modificaciones aprobadas por el PP y se podrá estudiar Religión católica o cualquiera de las otras alternativas previstas actualmente (como prácticas de informática y actividades de estudio), que no son evaluables ni computan para la nota media.

La Religión sí es evaluable pero no computa para la nota media de acceso a la Universidad ni para las becas.

Algunos sindicatos (como CC OO y UGT), asociaciones de padres y partidos políticos ya habían recurrido diversos desarrollos de la Ley de Calidad ante el Supremo, entre ellos, la reforma de la enseñanza de la religión, y diversas comunidades autónomas, ante el Constitucional.

Chacón anuncia además que, tras esta medida, las primeras iniciativas que promoverá el Gobierno socialista serán "eliminar definitivamente la obligación de estudiar religión en los centros educativos; impulsar la educación pública con una importante partida presupuestaria, y modificar la Ley Orgánica de Universidades".

Las medidas prioritarias relacionadas con la Universidad serán "quitar la selección del profesorado mediante un examen de habilitación, hacer una agencia que evalúe la calidad de forma independiente e impulsar la investigación".

Desarrollo de currículos

Las comunidades autónomas tenían que realizar la parte que les toca del desarrollo de los currículos (algunas de las cuales no han tenido tiempo suficiente de completarlo) y reorganizar las plantillas de profesores de la ESO e incorporar nuevos en los casos que fuera necesario para impartir los itinerarios. El Gobierno del PP no ha aprobado financiación alguna para la aplicación de la Ley de Calidad. Las editoriales están ultimando los libros de texto adaptados a las reformas y deben decidir en estas semanas si los imprimen para que puedan estar listos para el próximo curso.

En plena aplicación de la Ley de Calidad, el equipo de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, ya había empezado a hacer las maletas antes de los comicios generales. El director general de Cooperación Territorial y Alta Inspección, Juan Ángel España, hace semanas que ha dejado del ministerio para ocupar la presidencia del Consejo Escolar de Murcia y está ultimándose el traslado del director general de Formación Profesional e Innovación Educativa, José Luis Mira, como consejero de Educación en París.