Vivienda contratará inspectores ajenos para combatir el fraude

El Gobierno va a incrementar su política de mano dura contra los que intenten algún tipo de fraude con la vivienda de protección oficial (VPO). La Consejería de Vivienda que dirige Izquierda Unida contratará inspectores externos a la Administración para reforzar sus efectivos y comprobar que los pisos adjudicados en los sorteos son ocupados de manera efectiva por sus verdaderos titulares, uno de los casos más habituales de picaresca. El gran volumen de pisos a revisar, más de 50.000, ha llevado al departamento a reforzarse para inspeccionar casa por casa.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicará en breve el concurso para seleccionar a la empresa que reforzará a la plantilla de inspectores del departamento. La Oficina de Control Económico del Gobierno, dependiente del Departamento de Hacienda, está dando el último retoque a la propuesta. La consejería de Vivienda hubiera preferido disponer de un mayor número de funcionarios propios dedicados específicamente a estas tareas, pero el Ejecutivo se mueve por la senda del déficit cero, con crecimientos prácticamente nulos en plantilla, con lo que la opción que queda es recurrir a la contratación de inspectores externos.

El director de Planificación Financiera de Vivienda, Javier Burón, justifica el refuerzo del servicio de inspección porque "el departamento es conscientes de que debe ir a más y ser más agresivo en la lucha contra el fraude post sorteo, en el uso de la vivienda". "La operación de inspección de la VPO va a ser fuerte", advierte.

En la actualidad, el patrimonio de VPO promovido por el Gobierno vasco o por la iniciativa privada con tutela por parte de las administraciones públicas desde principios de los ochenta ronda los 50.000 pisos. Muchos de ellos ya estarán descalificados, es decir, habrán superado los 20 años con la etiqueta de VPO que exigía la antigua normativa antes de ser considerados libres. Pero, aun así, el volumen a revisar es muy importante, apunta Burón.

El trabajo de los nuevos inspectores, que complementarán el trabajo que ya realizan los funcionarios de las delegaciones de Vivienda en los tres territorios, consistirá en comprobar si las viviendas están ocupadas por el verdadero titular; en el caso de los pisos de alquiler, si viven en ellas las personas que han firmado el alquiler y no por más inquilinos. Las comprobaciones se realizarán mediante la lectura de los contadores de agua y de luz, con visitas al piso, preguntando a los presidentes de las comunidades de vecinos, realizando llamadas telefónicas y levantando actas, entre otros sistemas.

Burón confía en "el efecto ejemplificador" de estos controles, que se traduce en que "cuando alguien ve que ocurre algo en su bloque de vivienda, tiende a regularizar su situación". A pesar del volumen del patrimonio, el director de Planificación Financiera prevé que en la detección de lo casos de fraude "pasarán meses, pero no años". "Una vivienda de protección oficial no se cede en derecho de superficie por 17 o 18 millones de pesetas por capricho del Gobierno o de los ayuntamientos. Se ha producido una inversión de dinero público muy importante para gente que necesita un piso. No se puede defraudar esa confianza", subraya.

Colaboración de notarios

El otro fraude con la VPO, que es el más llamativo, es el de la venta de la vivienda por su titular en el mercado libre. Se trata de una práctica muy controlada por la Administración, que hace dos tres meses reforzó su colaboración con los notarios y los registradores de la propiedad, personas por las que siempre pasan este tipo de transmisiones. "Ahora mismo es prácticamente imposible vender una vivienda protegida en el mercado libre, porque habría que hacerlo a través de un notario y un registrador de la propiedad que se salten la normativa", explica Burón.

Además, cuando el Gobierno vasco tiene conocimiento de que se va a producir una venta aplica su derecho de tanteo y retracto sin miramientos. Este sistema le permite quedarse directamente con el piso pagando pagand por él el precio que está establecido oficialmente. A continuación lo vuelve a adjudicar.