La oposición de Venezuela convoca para hoy una marcha de protesta por la exclusión de firmas contra Chávez

La oposición venezolana, aglutinada en torno a la Coordinadora Democrática, ha convocado para hoy una manifestación de protesta contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que puso el martes en observación más de un millón de firmas recabadas en apoyo al referéndum revocatorio contra el presidente Hugo Chávez. Sin embargo, los focos de agitación que habían aflorado en los últimos días se han ido extinguiendo tras el anuncio del organismo electoral.

La ola de disturbios, que se prolongó durante cuatro días, dejó un saldo de seis muertos, una cantidad de heridos que algunas fuentes estiman en más de mil y alrededor de 350 detenidos, algunos de los cuales, denuncia la coordinadora, han sido torturados. Según el portavoz opositor, Rafael Narváez, varios de los detenidos fueron golpeados, recibieron descargas eléctricas, sustancias tóxicas y baños de agua fría a la intemperie para obligarlos a inculparse.

A pesar de haber llamado a sus militantes a continuar las protestas en las calles, la Coordinadora Democrática no ha renunciado a asistir a las jornadas de revisión de firmas, que se realizarán los días 18 y 19 de marzo en 2.700 centros distribuidos por todo el país. Los representantes de la Organización de Estados Americanos y del Centro Carter manifestaron su desacuerdo con la decisión de obligar a los electores a concurrir de nuevo a los centros de recolección.

El Consejo Electoral anunció el martes que el número de firmas válidas reunidas para solicitar el referéndum contra Chávez era insuficiente, por lo que la consulta sólo podrá efectuarse si al menos 603.590 personas comparecen nuevamente ante los centros habilitados para ello y vuelven a firmar. En total, 1.112.490 firmas fueron pasadas a la situación de "reparo [verificación]" porque están contenidas en unas planillas que parecen haber sido rellenadas por una misma mano. El Gobierno y los partidos oficiales aseguran que esto demuestra que se trata de firmas falsificadas. La oposición argumenta que los funcionarios encargados de la recolección asistieron a los electores, apuntando todos sus datos y dejándoles únicamente las casillas para la firma y la huella digital.