Bruselas exige reciclar

En agosto empieza la cuenta atrás para que las empresas españolas reciclen sus aparatos eléctricos y electrónicos. Ésa es la fecha fijada por la Unión Europea para la trasposición de la directiva que marca las nuevas obligaciones medioambientales. Entre dichos aparatos se encuentran elementos tan habituales en una empresa como impresoras, fotocopiadoras y máquinas de fax.

En la campaña-piloto lanzada por la patronal Asimelec en 2003 se han recogido 104.560 kilos en A Coruña y 25.184 en Málaga

Lleva por nombre Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y, a partir del próximo verano, creará una nueva responsabilidad en las empresas españolas, cooperantes necesarios en la recogida y reciclaje de estos productos potencialmente peligrosos para el medio ambiente. La directiva establece como responsables directos de la financiación y puesta en marcha de este sistema a los productores de los aparatos, es decir, a los fabricantes, revendedores e importadores de artículos elaborados por terceros.

Aunque los productos eléctricos y electrónicos afectados son muchos -desde máquinas expendedoras hasta videoconsolas, pasando por cualquier electrodoméstico-, van a ser las oficinas uno de los sectores que generarán más residuos. La patronal Asimelec calcula que este mercado genera cada año 25.000 toneladas de desechos. De ellas, 8.000 toneladas corresponden a impresoras, copiadoras y aparatos de fax, que son los que reciclará la Fundación Ecofimática, creada por Asimelec para gestionar estos residuos.

Por tal razón, la patronal, en la que se integran los principales productores de impresoras, faxes y copiadoras, decidió establecer un calendario para cumplir holgadamente con los plazos fijados por la Unión Europea (UE). A lo largo de 2003 lanzó una campaña-piloto de recogida de residuos ofimáticos en empresas de A Coruña y Málaga. En la primera de estas provincias se recogieron y trataron 104.560 kilos, por 25.184 de la provincia andaluza, donde la campaña duró seis meses.

Culminada con éxito esta primera fase, desde febrero de 2004 ha comenzado un proceso paulatino de extensión de la campaña hasta abarcar todo el territorio nacional. El objetivo es que en febrero de 2005, medio año antes del límite fijado por la UE, sus empresas puedan acreditar que en España está operativo un sistema integral de gestión de esta clase de desechos, explica José Pérez, director general de Asimelec. La patronal no es capaz de calcular el número de empresas afectadas.

La Fundación Ecofimática es la encargada de la gestión completa de estos residuos. José Pérez subraya que, por mucho que la ley haga caer el peso de la responsabilidad en los fabricantes e importadores, "sin una sensibilización y corresponsabilidad por parte de las empresas usuarias" será complicado que el proceso funcione.

Por ello, reclama que empiecen a concienciarse de que, en pocos meses, deberán contar con espacios para el almacenaje de sus impresoras, faxes y copiadoras en desuso, a lo que hay que añadir un compromiso de desplazamiento y entrega de residuos a los puntos de recogida que establezca el sistema de gestión integral puesto en marcha por la Fundación Ecofimática. "Que nos den facilidades", concluye el director general de Asimelec, dirigiéndose sobre todo a los jefes de equipos y mantenimiento, una pieza clave para garantizar el éxito del sistema de recogida, reciclaje, valorización y, en su caso, reutilización de estos residuos.

La Fundación Ecofimática estudia crear una línea telefónica específica, cuyo objetivo sería que las empresas usuarias con volúmenes importantes de residuos ofimáticos establezcan una hora y una fecha exactas para que los camiones de la flota del sistema pasen a retirar, en sus propias instalaciones, los desechos acumulados. Esto funcionaría como un complemento a los puntos fijos de recogida, que se piensan situar junto a grandes superficies comerciales.

El sistema intenta anticiparse al calendario europeo. La UE ha fijado el 13 de agosto como límite para que los Estados miembros adopten las medidas legales necesarias para el cumplimiento de la nueva normativa. Exactamente un año más tarde es la fecha tope para que los productores de aparatos eléctricos y electrónicos de cada país tengan ya establecida la financiación y completamente desplegado el método para la recogida, tratamiento y eliminación de los residuos.

Para el 31 de diciembre de 2006 se fijan los primeros porcentajes obligatorios de reciclaje, reutilización y valorización de residuos. Según un documento comunitario, la entrada en vigor de esta legislación creará entre 12.000 y 15.000 puestos de trabajo en el conjunto de los 25 países miembros.