Fabra lleva ocho meses sin pedir autorización para actividades privadas que la requieren

"La compatibilidad para desempeñar actividades privadas remuneradas queda sometida al cumplimiento de dos requisitos: el carácter marginal de la segunda ocupación y la declaración formal de compatibilidad a cargo del pleno de la Corporación". El informe sobre la compatibilidad del cargo de presidente de la Diputación con el ejercicio de actividades privadas remuneradas, encargado por la Corporación provincial de Castellón en 1996 al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia José María Baño León e invocado repetidamente por el PP en defensa de su presidente, Carlos Fabra, es claro y rotundo: "La dedicación exclusiva no es incompatible con el ejercicio privado de actividades remuneradas", pero éstas deben ser aprobadas por el pleno. Fabra, elegido en mayo concejal del Ayuntamiento de la ciudad y, posteriormente, nombrado presidente de la Corporación provincial, cargo del que tomó posesión en junio, no tiene aprobada la compatibilidad.

Sí presentó el registro de intereses sobre causas de posible incompatibilidad y actividades en junio de 2003, pero no se ha sometido a la aprobación del pleno para ejercerlas, a la vez que cobra una dedicación exclusiva que le reporta 6.000 euros mensuales.

La compatibilidad de Carlos Fabra en el ejercicio de sus actividades privadas y su cargo como presidente de la Diputación de Castellón ha sido puesta en duda después de que el empresario Vicente Vilar le denunciara por el supuesto cobro de favores políticos para acelerar la tramitación de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Actualmente, el presidente del PP castellonense está inmerso en dos procedimientos como presunto autor de uno o varios delitos contra la Administración pública y contra la salud pública.

Una de las conclusiones del informe señala que la compatibilidad del ejercicio de la abogacía con el cargo de diputado es posible, "siempre que se renuncie a intervenir de forma directa en procedimientos administrativos y judiciales". En 2002, Fabra defendió los intereses de la Asociación Española de Fitosanitarios y Sanidad Ambiental (Aefisa) en la tramitación de la Ley de Sanidad Vegetal. El líder del PP de Castellón intervino, ante diputados de su partido, para tratar de modificar el proyecto del Gobierno, que perjudicaba a las pequeñas y medianas firmas del sector. Esta intervención fue reconocida por la socia de la esposa de Fabra y ex cónyuge de Vilar, Monserrat Vives.