Los astilleros encallan en el convenio

El convenio de Izar, la empresa pública resultante de la fusión en julio de 2000 de Bazán y Astilleros Españoles, se ha convertido en un obstáculo insalvable con más de 12 meses de desencuentros. La conflictividad era moneda común en este sector desde que se inició la reconversión a principios de los ochenta, pero en los últimos tres años reinaba la paz laboral y la empresa ha logrado una reducción significativa de las pérdidas, hasta acercarse al equilibrio. Izar, con 11.077 trabajadores en la actualidad, además ya no pierde empleo.

Pero en los últimos meses las cosas han cambiado. La negociación del convenio, que empezó en febrero de 2003 con el optimismo de darle carpetazo en 10 días, ha encallado y los históricos enfrentamientos entre empleados y policía han vuelto a las calles de las poblaciones astilleras. Los cortes de carretera, los neumáticos ardiendo y los tirachinas han recordado viejos tiempos. Los trabajadores reclaman la recuperación de poder adquisitivo y asegurar carga de trabajo y la empresa se lamenta de no poder contar con un acuerdo para alimentar la cartera de pedidos (el último año se logró una ocupación media histórica del 88%), que comienza a flaquear. En el entorno del grupo público se espera conseguir un contrato de campanillas en próximas fechas.

Ambas partes señalan que se está perdiendo un tiempo necesario para buscar pedidos

La empresa dice que los sindicatos exigen una subida del 6,8% y éstos la sitúan en el 4%

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), principal accionista de Izar, y los sindicatos se acusan de politizar un conflicto que ambas partes ven como ineludible. La reunión del viernes alivió la tensión de los últimos días, en los que ha habido varios heridos entre policía y trabajadores, aunque ha quedado pendiente para el martes. Lo que iba a durar 10 días para firmar un convenio que cubriría 2003 y 2004 se ha convertido en una enconada negociación. En octubre de 2003, y ante el nulo avance de la negociación, ambas partes optaron por acudir al Servicio de Mediación, cuyos términos se negó a aceptar la empresa, según UGT y CC OO. En noviembre se hizo cargo del asunto directamente la SEPI, que propuso un arbitraje. Pero para el arbitraje se debe acordar una horquilla de mínimos y máximos. Y ese aspecto está bloqueado.

Para Ignacio Ruiz-Jarabo, presidente de la SEPI, el conflicto es político. "Las exigencias de los sindicatos son abusivas, injustificadas y ponen en peligro la viabilidad futura de la empresa, justo en un momento es que se ve la salida del túnel", señala. Según Ruiz-Jarabo, "las exigencias sindicales suponen una subida salarial del 6,8%, que casi triplica la inflación de 2003, duplica la media de subida salarial pactada en España (3,5%) y está muy por encima de la media de convenios firmados el pasado año, que fue del 2,66%". El presidente de la SEPI recalca que si se acepta este convenio, "la empresa firma su muerte lenta porque perdería 1,5 puntos de competitividad, que en este momento de escasa carga de trabajo sería demoledor".

El 6,8% al que se refiere Ruiz-Jarabo resulta de la subida del 3,3% pedida para 2003 más 1,5 puntos de la diferencia que hubo en 2002 entre el aumento que se produjo y la inflación de ese año. A ello hay que añadir unos plus de deslizamientos y ajustes para homogeneizar las condiciones de los antiguos astilleros civiles (AESA) con los militares (Bazán) que formaron Izar, ya que ahora pertenecen a la misma empresa.

Para Felipe López, secretario de Acción Sindical de la Federación Siderometalúrgica de CC OO, "las exigencias de los sindicatos en condiciones homogéneas a como se negocian y computan en el resto de convenios no superan el 4%, muy lejos de lo que afirma la SEPI". José Luis Gacio, secretario federal de la Ejecutiva de MCA-UGT, señala que hay acuerdo en la subida de 2003 (2,5% de salario más 0,8% por productividad y 2,5% más 0,7% para 2004), y que la diferencia está en la recuperación de poder adquisitivo sobre 2002.

La SEPI ofrece entre el 0,3% y el 0,8% consolidable (es decir, se añade de forma permanente al salario) y los sindicatos piden entre el 0,5% y el 1% consolidable y la diferencia hasta el 1,5% en una paga no consolidable. López cuantifica en 2,2 millones de euros la diferencia de posiciones entre las dos partes, con una masa salarial anual de 300 millones.. Gacio recalca que la empresa no quiso aceptar la mediación y ahora quiere imponer un arbitraje ligado a un expediente de regulación temporal de empleo. "La SEPI está echando un pulso político, porque sus responsables posiblemente saldrán tras las elecciones de marzo. Nosotros no nos oponemos a negociar un expediente temporal, que vemos racional, pero antes deben firmar el convenio, que tiene un coste mucho menor de lo que dice la SEPI", resume Gacio.

Los sindicatos no rechazan ir al arbitraje "siempre y cuando se delimiten con acuerdo los márgenes". A su juicio, el coste del convenio es llevadero para la empresa y facilitaría la negociación de un expediente. Ruiz-Jarabo, sin embargo, considera que firmar esas subidas sería un grave error, porque se consolidarían en el convenio de los próximos años y eso sería poner plomo en las alas de la empresa. Los costes de un expediente temporal, en su opinión, son gastos coyunturales con una repercusión distinta en la cuenta de resultados. Ruiz-Jarabo concluye: "Estamos ante un pulso político exagerado justo cuando se pueden lograr números negros [ganancias]".