Las acusaciones de corrupción debilitan al presidente de Perú

A mitad de su mandato, el presidente de Perú, Alejandro Toledo, afronta momentos dramáticos. Por un lado, su popularidad, según las últimas encuestas, apenas llega al 7,5%, mientras que más del 50% de los limeños piensan que no terminará su mandato en julio de 2006. Por otro lado, denuncias de corrupción pesan sobre sus más cercanos colaboradores, entre ellos el primer vicepresidente, Raúl Díez Canseco, y el ex jefe de los servicios secretos, César Almeyda. La crisis, sin embargo, no ha llegado todavía a las calles.

La semana pasada, la difusión de una cinta que registraba conversaciones -de septiembre y diciembre de 2001- entre el entonces asesor presidencial Almeyda y el otrora prófugo general del Ejército Óscar Villanueva, vinculado a la mafia que lideró la década pasada el tándem Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, generó un terremoto político de enormes proporciones.

El diálogo puso al descubierto que, a tan sólo un mes de asumir el poder, el abogado personal de Toledo negoció favores judiciales presumiblemente a cambio de dinero -la cifra no está del todo clara- con el denominado cajero de Montesinos.

Almeyda ha reconocido haberse reunido en dos ocasiones con el general Villanueva, pero niega haber cometido delito alguno. Actualmente, Almeyda se encuentra en arresto domiciliario y bajo investigación en el Congreso y en los tribunales.

El caso se complica desde que el general se suicidó, días después de la segunda reunión con Almeyda, en diciembre de 2001. Pero no se llevó todos los secretos a la tumba. Al parecer, dejó varias cartas de su puño y letra con su huella digital, que están siendo analizadas por las autoridades, en las que sostiene haber sido víctima de presiones de Almeyda y de otros importantes dirigentes del entorno de Toledo.

Eso no fue todo. El día que se conoció la cinta Almeyda-Villanueva, el primer vicepresidente, Raúl Díez Canseco, renunció, a pesar de las súplicas telefónicas -registradas por la prensa que acompañaba a Toledo en un gira por el sur del país- del angustiado mandatario.

La dimisión de Díez Canseco requiere más de una explicación. En la práctica, este político no era desde hacía varios meses vicepresidente. En octubre del año pasado, la prensa local reveló que Díez Canseco había incurrido en presuntos actos de corrupción. Se le acusa de haber promovido que su novia fuera contratada por el Estado, pero también de tráfico de influencias en beneficio del padre de su novia y de otras empresas.

Así, faltando tres días para su presentación ante el Congreso, Díez Canseco pretendió llevar el agua a su molino y en medio del escándalo anunció su renuncia irrevocable a la primera vicepresidencia. Pretendió, además, aparecer como un abanderado de la moral, distanciándose del cuestionado régimen. No engañó a nadie. Más bien, algunos le recordaron aquello de que cuando el barco se hunde, las ratas saltan.

Existe otro hecho que permite explicar lo enrarecido del panorama político en Perú. Hasta quien estaba considerado como el adalid de la corrupción está en la picota. El embajador en España, Fernando Olivera, líder del Frente Independiente Moralizador y principal socio del presidente Toledo en el Gobierno, también está siendo cuestionado y ha tenido que viajar a Lima para comparecer ante el Congreso.

Campaña de desprestigio

Olivera sostiene que hay una campaña de desprestigio en su contra, dirigida por el principal partido de oposición, el APRA. Los apristas sostienen que ellos no tienen nada que ver y recuerdan que hay varias cartas en las que el suicida general Villanueva acusa a Olivera de haberle presionado y engañado cuando era ministro de Justicia. Y, para colmo de males, uno de sus ex socios anuncia que en unos días dará a conocer la lista de personas que financiaron la campaña del partido de Olivera, en la que habría más de una sorpresa.

Así las cosas, la única salida para el agonizante Gobierno parece ser que Toledo comprenda que tiene que compartir el poder. El ex presidente Valentín Paniagua, el actual ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, y la mayoría de analistas coinciden en la necesidad de convocar un Gabinete de personalidades, pactado con las fuerzas opositoras, que le permitan a Toledo tener el oxígeno suficiente para terminar su mandato en julio de 2006.

De lo contrario, la anunciada movilización de los cocaleros a nivel nacional para el próximo 18 de febrero, así como los paros regionales, podrían tener consecuencias impredecibles.