El Tribunal de Cuentas destapa "ingresos atípicos" de los médicos por ensayos clínicos

El Tribunal de Cuentas ha encontrado, en su fiscalización de los ensayos clínicos contratados por 15 hospitales durante 1999 y 2000, "omisiones de informes" de los comités éticos de investigación y de la Agencia del Medicamento, ausencia de las preceptivas compensaciones económicas a los pacientes e "importantes omisiones" en los procedimientos de facturación, entre otras irregularidades. El tribunal conmina a las autoridades sanitarias a "extremar los controles" sobre los médicos que participan en los ensayos clínicos, financiados por la industria, para evitar "ingresos atípicos".

La fiscalización del Tribunal de Cuentas revela que los hospitales públicos incumplen los requerimientos legales en las contrataciones de los ensayos clínicos, y también eluden varias condiciones éticas impuestas por la Ley del Medicamento y otras normativas, informa Europa Press. "Esto revela una poca diligente gestión administrativa por parte de los hospitales en estos proyectos, que son esenciales para la viabilidad jurídica de los ensayos", añade el informe.

Los promotores de los ensayos auditados fueron sobre todo laboratorios, aunque también había otros hospitales, grupos sin ánimo de lucro e investigadores a título individual.

Ninguno de los 15 hospitales fiscalizados aplicaron todos los requisitos legales previos al ensayo clínico. El tribunal señala: "Esto revela una poco diligente gestión administrativa por parte de los hospitales en estos aspectos, que son esenciales para la viabilidad jurídica de los ensayos".

El organismo fiscalizador pide a las autoridades sanitarias que eviten "las consecuencias negativas de los posibles conflictos de intereses que pudieran producirse en los médicos de los hospitales que actúan como investigadores". Estos médicos, según el tribunal, reciben una remuneración de los laboratorios, pero al tiempo "deben cumplir con sus obligaciones asistenciales".

Los hospitales investigados fueron algunos de los de mayor actividad investigadora de España, como el Valdecilla (Santander), Miguel Servet (Zaragoza), Ramón y Cajal (Madrid), Son Dureta (Palma de Mallorca), Virgen de la Arrixaca (Murcia), Río Hortega (Valladolid), Cabueñes (Gijón), Universitario de Guadalajara, Vall D'Hebron (Barcelona), Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona), La Fe (Valencia), Costa del Sol (Marbella, Málaga), Divino Vallés (Burgos), Alcorcón (Madrid) y Manacor (Palma de Mallorca).

Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana comentaron ayer que el informe que remitió el Tribunal de Cuentas sobre el hospital La Fe de Valencia era en general "bastante bueno", y sólo hacía referencia a "puntualizaciones en alguna cláusula de los contratos", informa Jaime Prats. Se trataba de "recomendaciones formales" que tampoco eran exigibles legalmente y en ningún caso se detectaron problemas éticos, según manifestaron.

Fuentes del Hospital Virgen de la Arrixaca, de Murcia, dijeron que hace dos meses habían recibido una notificación del Tribunal de Cuentas pidiéndoles una serie de documentos. El hospital los envió, y desde entonces no habían vuelto a saber nada del asunto.

La médico Carmen Sánchez Carazo, portavoz de Sanidad del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, afirmó que "el tema de los ensayos clínicos es un problema muy grave", informa Emilio de Benito. "En la mayoría de los protocolos no viene bien especificado el contrato" que regula las condiciones económicas. "Ello quiere decir que al final sólo ganan dinero los promotores del ensayo [los laboratorios] y los médicos que lo dirigen, pero no el resto del personal que interviene, como el de enfermería. Por otro lado, lo normal si hay gastos extra en medicamentos es que corran a cargo del hospital", añadió.

Para Sánchez Carazo, una de las acusaciones más graves del Tribunal de Cuentas es que "no se compense a los voluntarios por las molestias". "Es indignante que no les paguen ni el transporte", comentó. La experta en bioética señala otro punto "que queda fuera del informe porque éste sólo se fija en los aspectos económicos: que en muchos casos se hace firmar a los voluntarios una renuncia sobre la confidencialidad de sus datos, cuando se trata de un derecho irrenunciable".

Según la médico, el deterioro en las condiciones de los ensayos es continuo. "Un ejemplo es la reducción del seguro obligatorio, que ha pasado, por una circular de la Agencia Española del medicamento, de 180.000 euros por persona 1,8 millones en total, aunque en el ensayo participen mil voluntarios", afirmó.

La ministra de Sanidad, Ana Pastor, declinó hacer comentarios hasta no conocer el informe en detalle.