Europa carece de poderes contra el racismo

La UE cuenta con instrumentos para combatir las manifestaciones de racismo y de antisemitismo, pero su eficacia se resiente de la dispersión de políticas y los agentes de las mismas. Tras los atentados del 11-S, los europeos han mostrado su inquietud multiplicando conferencias y campañas de sensibilización sin que cuajara una coordinación de esas iniciativas. El artículo 21 de la carta de Derechos Fundamentales de la Unión prohíbe toda discriminación fundada en el sexo, la raza, el color, los orígenes étnicos, la lengua, la religión, la pertenencia a una minoría nacional... Pero mientras Europa no tenga una Constitución, la Carta, aunque posea un valor político ante las instituciones europeas y el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, carece de poder sancionador.

En lo tocante a la protección de los derechos humanos, las competencias de la Comisión son limitadas, con lo que han de ser, sobre todo, las autoridades nacionales las que actúen. En noviembre de 2001, a petición del Parlamento Europeo, la Comisión ha propuesto una "decisión-marco" cuyo objetivo es el de que los acusados de racismo y xenofobia sean juzgados, así como por la que se permite a los tribunales administrar sanciones penales efectivas, apropiadas y disuasivas, comunes a toda Europa. Pero ese texto sigue bloqueado en el Consejo de Ministros. Países como Francia, Alemania, España y Bélgica son favorables, pero otros como Gran Bretaña e Irlanda se muestran reticentes y, al menos uno, Italia, paraliza todo progreso. Durante la reciente presidencia italiana, Silvio Berlusconi congeló el programa, bajo presión de su aliado Umberto Bossi, jefe de la Liga Norte.

Iniciativas poco fecundas

La Comisión da muestras de voluntad política, aunque ésta se exprese de manera sólo incipiente, a medida que los acontecimientos lo exigen. Así ha ocurrido con la reciente polémica suscitada entre el Congreso Mundial Judío y el presidente de la Comisión, Romano Prodi. Y para calmar una peligrosa escalada verbal con un fondo de acusaciones de antisemitismo, el Ejecutivo de Bruselas va a celebrar un seminario sobre el problema el 19 de febrero. Cabe temer, sin embargo, que este ejercicio diplomático se reduzca a un diálogo, útil sin duda para facilitar la tolerancia y la comprensión, pero tan poco fecundo como anteriores iniciativas. No obstante, el observatorio europeo de fenómenos racistas y xenófobos, con sede en Viena, ha adquirido recientemente el carácter de Agencia Europea y ampliará en breve medios y competencias.

Con el Tratado de Amsterdam (1997), la Comisión dispone de competencias sobre el problema de la discriminación. Una directiva de la Agencia prohíbe la discriminación racial y étnica en el empleo, la educación, la seguridad social y la salud, así como prevé en cada Estado miembro la creación de un organismo encargado de promover la igualdad de remuneración y de la ayuda a las víctimas de discriminación racial. Otra directiva pone en práctica el principio de igualdad de remuneración en el empleo y la formación. El programa de acción comunitaria, por su parte, que cuenta con un presupuesto de 100 millones de euros para el periodo 2001-2006, tiene como objetivo la mejora de la comprensión de los problemas vinculados a la discriminación.

¿Constituyen todas estas iniciativas una verdadera política? Romano Prodi y al menos cuatro comisarios operan en la lucha contra el racismo y contra el antisemitismo. Un cierto equilibrio parece garantizado entre la necesidad de luchar contra el racismo y la islamofobia, de un lado, y el antisemitismo, de otro lado, pero la dispersión de funciones impera.