La sanidad se vuelve autonómica

No se ha atrevido. El PP no ha llevado a cabo el viraje privatizador de la sanidad pública que había defendido antes de llegar al poder en 1996. Pese a que en la conferencia de Sanidad del partido había propuesto extender gradualmente a toda la población el sistema Muface, que permite a los funcionarios elegir entre la sanidad pública y la privada, el PP termina su segunda legislatura con el sistema público intacto, universal y gratuito, y además descentralizado. Pero también muy descapitalizado. Tres ministros se han sucedido en la cartera y ahora son las comunidades autónomas las que gestionan la sanidad. En la última legislatura se ha completado el proceso de transferencias sanitarias, el cambio de mayor calado desde la creación, en 1953, de la Seguridad Social.

Cuando José María Aznar anunció que José Manuel Romay, hasta entonces consejero en Galicia, iba a ser el ministro de Sanidad, el sector y los partidos de izquierda respiraron con cierto alivio. Significaba que el ala más liberalizadora, representada por Enrique Fernández Miranda, había quedado relegada. Pero no bajaron la guardia. Romay defendía fórmulas privatizadoras que, aunque oficialmente limitadas a la gestión de los centros, podían abrir las puertas a un sistema dual. Para ahuyentar los miedos, Romay pactó a través de una subcomisión parlamentaria líneas maestras de las reformas a emprender, pero en diciembre de 1998, a hurtadillas, en una enmienda a la ley de acompañamiento de los Presupuestos en el Senado, introdujo la que pretendía ser la reforma estrella del PP, la ley de fundaciones. Cualquier hospital podía transformarse en una fundación de gestión privada con capacidad para endeudarse y enajenar patrimonio. Hubo una tormenta de críticas.

Ya con mayoría absoluta, en la segunda legislatura, Aznar prescindió de Romay y el ministerio vivió, bajo el ciclón Celia Villalobos, una etapa de gran inestabilidad. La diputada malagueña tenía un extenso currículo político, pero escasos conocimientos de Sanidad. A los 10 meses de haberse aprobado, Villalobos envió al limbo de los futuros el proyecto de fundaciones y anunció un cambio de estrategia: se completarán las transferencias y que las comunidades decidan. Pese a las turbulencias de su mandato, Villalobos adoptó tres medidas de fondo: llegó a un acuerdo con los sindicatos para regularizar a 35.000 interinos, lanzó un pulso a la industria farmacéutica por el recorte del gasto y repartió el Insalud. La transferencia a las 10 comunidades que faltaban no fue del todo pacífica. La ministra lanzó un órdago. Si no las aceptaban con la dotación asignada, no podrían acogerse al nuevo modelo de financiación autonómica. Las transferencias llegaban aquejadas de un mal -insuficiencia financiera- que ahora les pesa como una losa.

Pulso con los laboratorios

La mala gestión de varias crisis apearon a Villalobos del ministerio en julio de 2002. Le sucedió Ana Pastor y de nuevo hubo un respiro de alivio. La nueva ministra era una profesional del sector y además había demostrado en otros ministerios su alta capacidad de gestión. El departamento entró en una etapa de tranquilidad, en la que la ministra logró un amplio apoyo para su Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Sanitario, destinada a garantizar lo que su nombre indica. Es la obra de la que se siente más orgullosa: "Garantiza que no haya ciudadanos de primera y de segunda, garantiza el derecho a una asistencia sanitaria de calidad vivan donde vivan", resume la ministra.

Pastor ha continuado el pulso con los laboratorios. Farmaindustria ya mantenía tensas relaciones con el el Gobierno del PSOE, pero ha sido el del PP el que se ha atrevido a meter la mano en su cuenta de beneficios. El PP, que tanto había criticado el medicamentazo del PSOE, aplicó el suyo propio en enero de 1998, con la exclusión de la financiación pública de otros 869 fármacos. En diciembre de 1998 aprobó la introducción de medicamentos genéricos y precios de referencia, pero esta normativa tuvo un desarrollo tan lento, hubo tantas resistencias, que no ha recibido el impulso definitivo hasta seis años más tarde, cuando en septiembre pasado la ministra Pastor anunció un nuevo y drástico recorte de precios en 2.256 especialidades, con rebajas de precios hasta del 80%. Nadie garantiza, sin embargo, que estas medidas vayan a ser suficientes, porque hay problemas estructurales que aún no se han abordado.

Humberto Arnés, presidente de Farmaindustria, destaca positivamente la relación de diálogo permanente con el ministerio y "la importante transformación de la sanidad española" con la culminación de las transferencias y medidas de tanto calado como la Ley de Cohesión. "Pero también ha habido puntos de desencuentro, como el nuevo sistema de precios de referencia, aunque ambas partes tenemos voluntad de acercamiento y estamos trabajando conjuntamente para salvar las diferencias", dice.

Hay acuerdo en que la financiación de la sanidad es insuficiente. En 1994 se había tapado un agujero de un billón de pesetas y en varias ocasiones se aprobaron cantidades adicionales a las presupuestadas. Pero hay unanimidad en que el presupuesto disponible, 3.569 millones de euros, del que el ministerio sólo gestiona el 17%, no cubre las necesidades y está llevando el sistema a una peligrosa descapitalización. España ocupa, según la OCDE, el penúltimo lugar de la Unión Europea en gasto de salud por habitante (1.283 euros). La cifra total representa el 7,5% del PIB, cuando la media de los países de la OCDE es del 8,4%.

Crisis y listas de espera

Todo sistema público universal y gratuito genera listas de espera. Pero en España están muy por encima de los niveles tolerables. Han sido una cruz para los sucesivos ministros, pero no menos que para las 300.000 personas que, según un demoledor informe del Defensor del Pueblo, esperaban en diciembre de 2002 una intervención quirúrgica, 18.000 de ellos desde hacía más de seis meses.

Sanidad ha tenido que afrontar sucesivas crisis sanitarias, no siempre bien gestionadas. Desde el contagio de hepatitis C por el anestesista Juan Maeso a 250 pacientes de Valencia o la retirada del fármaco Lipobay, a la crisis de la legionela de Alcoy, que las autoridades sanitarias fueron incapaces de atajar. En tres años Alcoy sufrió cinco brotes, con un saldo de más de 200 afectados y 10 muertes.

Con todo, la crisis más grave, por su impacto económico, fue la de las vacas locas. Cuando se demostró que el prión alterado que causa la enfermedad en las reses había pasado a humanos y provocado decenas de víctimas en Gran Bretaña, la UE dictó en 1996 una normativa prohibiendo el uso de harinas de origen cárnico en la alimentación del vacuno. De haberse cumplido esa normativa, probablemente España se habría librado. Pero no fue así. La muerte de la vaca Elvira, en agosto de 2000, inició una grave crisis de confianza.

España es el único país de la UE en que la progresión de casos sigue siendo ascendente. La única explicación posible es que las harinas prohibidas a partir de 1996 se siguieron utilizando durante años. Juan José Badiola, responsable del laboratorio de referencia para esta enfermedad, está convencido de que se utilizaron hasta que se produjo el primer caso de vaca loca. El Gobierno fue incapaz de controlar el uso ilegal y, aunque afortunadamente no se ha producido ningún caso de la enfermedad en humanos, la crisis costó, entre gastos y pérdidas, más de 900 millones de euros en apenas dos años.