Los conservadores copan la judicatura

Los ciudadanos han valorado con un 4,9 el funcionamiento de la Administración de Justicia durante el último ejercicio de la era Aznar. Un suspenso que pone fin a una etapa bien caracterizada por el copo indisimulado de los cargos más representativos de la magistratura y la fiscalía por la derecha judicial más conservadora, y por el vendaval de reformas legislativas que ha terminado por sustituir, a golpe de titular informativo, al Pacto de Estado por la Justicia firmado entre José María Aznar y el líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.

El comienzo de la era Aznar se caracterizó por el reencuentro de la derecha política con una judicatura en la que jueces estrella y fiscales indomables resultaron decisivos en la estrategia de acoso a los últimos Gobiernos de Felipe González.

Entre 1996 y 2000 los tribunales siguieron prodigando procesos y condenas por la llamada guerra sucia contra ETA, y por los casos de corrupción de la etapa socialista. El ingreso en la prisión de Guadalajara del ex ministro del Interior José Barrionuevo y del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, condenados a 10 años por el secuestro en Francia de Segundo Marey, marcó el punto culminante de una estrategia que antes había llevado a prisión a una decena de implicados en la financiación irregular del PSOE a través de Filesa. El propio ex presidente del Gobierno, Felipe González, se libró por el estrecho margen de dos votos en la resolución del Tribunal Supremo que le exoneró de ser interrogado sobre los sumarios de los GAL.

A los juicios de Filesa y los GAL siguieron los del ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, condenado a 32 años de prisión, y el ex presidente del Gobierno navarro, Gabriel Urralburu. La tortuosa instrucción y el largo juicio del caso Lasa-Zabala llevaron después a prisión al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo y al ex gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga, condenados a 71 años. Todavía hoy colean en el Supremo las condenas a Rafael Vera, José María Rodríguez Colorado y Julián Sancristóbal por uso irregular de los fondos reservados del Ministerio del Interior, de lo que fueron absueltos los ex ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera.

La sucesión de escándalos de la era socialista no ha tenido después un tratamiento correlativo a cargo de los tribunales cuando altos cargos del PP se han visto implicados en asuntos tan vidriosos como el caso Zamora -sobre supuesta financiación ilegal del PP-, alejado del Supremo cuando empezaba a salpicar al propio Aznar; el del presidente balear Gabriel Cañellas, absuelto por prescripción de un cohecho de 50 millones de pesetas del adjudicatario del túnel de Sóller; la supuesta compra de votos del caso Formentera, a cargo del también presidente balear Jaume Matas; las peticiones de imputación del ex ministro Josep Piqué en el supuesto desvío de 18.000 millones de pesetas en la venta de la petrolera Ertoil o la actuación de la directora general de la CNMV, Pilar Valiente, en el caso Gescartera.

Cardenal entra en escena

A ello ha contribuido decisivamente, desde mayo de 1997, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal Fernández, un fichaje del ministro Jaime Mayor Oreja para poner fin a la crisis de los fiscales indomables de la Audiencia Nacional, que el primer fiscal general del PP, Juan Ortiz Úrculo, fue incapaz de pilotar.

Ultraconservador, miembro del Opus Dei, Cardenal pronto se revela como insustituible para frenar cualquier iniciativa que pudiera aproximar a alguna personalidad del PP a las escalinatas de los juzgados. Cardenal ha ido remodelando los cargos de todo el ministerio fiscal, primando a supernumerarios y simpatizantes del Opus, y ha depurado sin contemplaciones a fiscales progresistas, o simplemente incómodos, como Carlos Jiménez Villarejo, Juan José Martínez Zato, Mariano Fernández Bermejo o Bartolomé Vargas. En los últimos tiempos ha bloqueado las investigaciones de Anticorrupción sobre operaciones de compra y venta de acciones de Altadis o sobre la trama electoral de la Comunidad de Madrid. Desde 1882, sólo tres fiscales de la dictadura del general Franco prolongaron su mandato más allá de los siete años que lleva Cardenal en el cargo. Pero, a punto de cumplir los 74, ha rebasado la edad de jubilación y ni se vislumbra su relevo.

La mayoría absoluta del PP y la llegada de Ángel Acebes a Justicia marcan un punto de inflexión. La negociación del Pacto de Estado para la Justicia sustituye la política de enfrentamientos. El pacto, suscrito entre PP y PSOE, preveía un presupuesto de 1.500 millones de euros para modernizar las anquilosadas estructuras de la Administración de Justicia, un nuevo sistema de nombramiento en el Consejo del Poder Judicial -que en la práctica reprodujo el mapa parlamentario- y una serie de reformas legislativas para tratar de agilizar los procesos.

El relevo de Acebes por José María Michavila acentúa la colaboración en los primeros momentos. El consenso entre los dos grandes partidos sobre el endurecimiento de penas -hasta 40 años de cárcel-, la restricción de beneficios penitenciarios o la responsabilidad de los padres de menores participantes en actos de kale borroka, junto a una larga racha de éxitos policiales, ofrecen unos resultados espectaculares en la lucha antiterrorista. El punto culminante en la colaboración se alcanza con la Ley de Partidos Políticos, alumbrada ex profeso en junio de 2002 para ilegalizar Batasuna, que cumple su objetivo en apenas nueve meses.

Pero Michavila reclama cada vez una mayor adhesión a sus proyectos, apenas deja resquicio para la negociación y modifica las leyes a golpe de titular informativo. Si una juez aplica beneficios a un preso de ETA, se inventa un juzgado de vigilancia en la Audiencia Nacional para sustraerle la competencia. Si aflora una red de pornografía infantil en Internet se incrementan las penas por ese delito. Se tipifica o endurece desde el maltrato de animales hasta la venta de discos copiados, o desde la sustracción de teléfonos móviles a la ablación de clítoris. Del Código Penal de 1995 se cambia casi la mitad del articulado a través de 10 reformas directas y algunas encubiertas en leyes de extranjería.

El PSOE se siente cada vez contrariado dentro del pacto, del que se desvincula cuando ya es evidente que el Estatuto del Ministerio Fiscal sólo va a servir para depurar a los últimos fiscales incómodos al Gobierno y para dejar la combativa Fiscalía Anticorrupción como un destacamento de derribo.

Entretanto, el nuevo Consejo General del Poder Judicial, alumbrado en noviembre de 2001 y en el que los vocales designados por el PP tienen mayoría absoluta gracias al voto inequívoco del presidente Francisco Hernando, prodiga nombramientos de magistrados afines en los puestos clave de los altos tribunales.

De medio centenar de nombramientos de altos cargos, una treintena han recaído en afiliados a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura o en "juristas" (fiscales, catedráticos, abogados del Estado) o magistrados no afiliados pero de inequívoca trayectoria conservadora. El resto se reparte entre una docena de afiliados a la asociación progresista Jueces para la Democracia, centristas de la asociación Francisco de Vitoria y jueces no afiliados.